(Por Mariano Martín) El sindicato de Camioneros logró que la Justicia ordenara una inspección sobre el centro de logística que la empresa de comercio electrónico Mercado Libre tiene en un ala del Mercado Central de Buenos Aires. El operativo se concretó a mediados de julio como parte de una causa en la que el gremio de choferes denunció al Ministerio de Trabajo por la homologación exprés de un convenio colectivo entre esa compañía y otro sindicato, el de Carga y Descarga, con cláusulas de máxima flexibilidad laboral.

El procedimiento, que la compañía de Marcos Galperín intento impedir judicialmente sin éxito, se llevó a cabo el 14 de julio pasado. Allí acudieron abogados de Camioneros como Hugo Antonio Moyano (el hijo del exjefe de la CGT de igual nombre) y el asesor legal de Meli Log (Mercado Libre Logística) y de la Unión Industrial Juan José Etala, exfuncionario de Cambiemos y amigo personal de Mauricio Macri. La medida fue ordenada por la titular del juzgado del Trabajo 63, María Alejandra D’Agnillo y representa un hito en la disputa que mantienen desde 2018 el unicornio y la organización sindical por el encuadramiento de un millar de trabajadores de ese centro de logística.

El enfrentamiento arrancó en diciembre de 2018 cuando Meli Log presentó ante el entonces Ministerio de Producción y Trabajo un convenio firmado con la Unión de Carga y Descarga para su aplicación en el centro de distribución que venía de montar la compañía en el Mercado Central, en Tapiales. En marzo de 2019, una vez que fue homologado ese acuerdo, Camioneros se presentó para impugnarlo ante la cartera que lideraba Dante Sica por entender que el tipo de labor desarrollada en ese espacio era concordante con su ámbito de representación y que, por lo tanto, correspondía aplicar su convenio colectivo. Sin éxito en su reclamo, el gremio luego denunció al entonces ministro por supuesto abuso de autoridad y violación de deberes.

La magnitud del operativo, que se extendió por más de una hora, puede constatarse por sus participantes: fueron la jueza del expediente junto a un secretario y una prosecretaria; dos abogados del Ministerio de Trabajo, la repartición demandada por Camioneros; con Moyano estuvieron sus colegas Enrique Rodríguez, exministro de Trabajo de Carlos Menem, y Rodrigo Condorí; Etala acudió con otro letrado de la compañía; hubo dos asesores de Carga y Descarga, y también asistió un perito en seguridad e higiene.

Etala, excompañero de Macri en el colegio Cardenal Newman y exdirectivo y apoderado de Boca en su gestión y la de Daniel Angelici, es uno de los principales lobistas patronales. Integró el Consejo Asesor del Ministerio de Trabajo en la gestión de Cambiemos cuando se intentó una reforma laboral bloqueada por Hugo y Pablo Moyano y fue mencionado por varios jueces del Trabajo como portavoz del expresidente en reuniones en las que buscaba interiorizarse por expedientes sensibles para aquella gestión y direccionar los fallos, e incluso como oferente de plateas para la cancha de Boca, en la causa en la que se investiga la denominada “Mesa Judicial macrista”. La influencia del abogado, lejos de apaciguarse con el cambio de gobierno, se proyectó hasta la gestión de Claudio Moroni en la cartera de Trabajo mediante uno de sus socios históricos, Miguel de Virgiliis, que se posicionó como asesor principal del actual ministro.

El convenio entre Meli Log y Carga y Descarga fue un emblema de los intentos de facto de Macri por imponer una reforma laboral con flexibilización máxima de las condiciones de trabajo. Aquel entendimiento deja librado a la patronal el alcance de la jornada laboral (por encima de las ocho horas habituales), el otorgamiento de vacaciones y su fraccionamiento y también el descanso de fines de semana. Crea un banco de horas y establece turnos rotativos con la posibilidad de modificación por parte de la compañía con 48 horas de antelación. Desvanece el sistema de categorías e impone la polifuncionalidad de todos los operarios, al tiempo que facilita las suspensiones y obstaculiza al máximo las huelgas y la representación sindical.

Se trata de un convenio testigo implementado en tiempo récord por parte de Galperín, el empresario más celebrado por Macri durante su gestión. Los Moyano buscaron voltearlo de inicio mediante un conflicto de largo aliento como los que sostuvo contra el sindicato de Comercio en el gobierno de Néstor Kirchner por el encuadramiento de los trabajadores de los centros de distribución de grandes empresas (supermercados, embotelladoras, casas de electrodomésticos) y que derivaron entonces en la ampliación del estatuto de Camioneros al ámbito de la logística en 2009. En julio de 2020 la disputa eclosionó en un bloqueo del gremio al centro de distribución del Mercado Central, una acción que condenaron tanto Alberto Fernández como Moroni.

Al cabo de la inspección del 14 de julio el sindicato alegó haber constatado que el trabajo realizado en ese sitio se corresponde con el convenio 40/89, de Camioneros, y sus representantes destacaron la presencia de un tercio de operarios en condición de eventuales.