Se suman más operaciones ilegales de empresas fantasmas de exportaciones de granos detectadas por la AFIP. En los últimos meses, desarticuló maniobras de evasión y exportaciones fraudulentas por más de 24.500 toneladas de granos en Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires y Entre Ríos. Operaban con granos obtenidos en el mercado ilegal y subfacturaban sus ventas al exterior.
CHACO DÍA POR DÍA // Lunes 03 de enero de 2022 | 06:59
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), bajo la conducción de Mercedes Marcó del Pont, desarticuló un entramado de empresas fantasma que no ingresaron 44 millones de dólares que les correspondía liquidar por la exportación de granos desde 2020. Además, operaban con mercadería obtenida en el mercado ilegal y subfacturaban sus ventas al exterior. Con la denuncia realizada, el caso queda ahora en manos de la justicia.
Se trata de 10 sociedades y 17 operadores de comercio exterior que realizaban sus operaciones con el mismo despachante de aduana. La investigación llevada adelante por la Aduana pudo establecer que el despachante era parte de un andamiaje coordinado desde Córdoba por un grupo de profesionales encargados de la creación y administración de las sociedades fantasma para defraudar al Estado.
El despachante que forma parte del entramado ya había realizado intentos de exportaciones fraudulentas de granos en los últimos tres meses desde Mendoza. En esos casos se trató de 770 toneladas de maíz partido y 140 toneladas de aceite mezcla con contenido de soja. Intentaban salir por Mendoza rumbo a Chile en camiones sin poder demostrar la trazabilidad es decir, de dónde venía de la mercadería que se apuntaba a exportar, lo que implica que había sido adquirida en el mercado ilegal y por lo tanto no pagado los impuestos correspondientes.
Los despachantes de aduana son personas que, tras estudiar una tecnicatura superior en derecho aduanero, quedan habilitadas para realizar operaciones de comercio exterior. Su participación en este tipo de redes es importante ya que son los únicos habilitados a gestionar ante la Dirección General de Aduanas y por lo tanto operan en representación de las personas jurídicas o físicas con intención de importar o exportar mercadería.
Esta persona exportaba desde diversos puntos del país declarando valores inferiores, que en algunos casos llegó a ser de hasta el 45 por ciento del valor declarado. Además de esta maniobra que tiene el doble propósito de pagar menos tributos e ingresar menos divisas al mercado oficial por la triangulación de exportaciones a través de países de baja tributación o paraísos fiscales, acumuló desde el 2020 unos 44 millones de dólares en concepto de liquidación de divisas con el plazo vencido para su entrada al mercado cambiario oficial por ventas informadas por este grupo de empresas apócrifas.
Las maniobras detectadas implican contravenciones entre las que se encuentra la evasión impositiva, la subfacturación de exportaciones y la infracción al Régimen Penal Cambiario por la falta de liquidación de las divisas producto de las exportaciones realizadas, entre otras. La denuncia fue radicada en el juzgado federal N°1 de Córdoba que impulsó la realización de allanamientos en domicilios particulares y oficinas en los que intervino la Policía Federal Argentina y que culminaron con el secuestro de computadoras, teléfonos celulares, documentación, así como también más de 1.7 millones de pesos en efectivo y cheques por 1.7 millones de pesos que se encontraban en poder del despachante de aduanas.
Hecha la ley
En los últimos meses, la AFIP desarticuló maniobras de evasión y exportaciones fraudulentas por más de 24.500 toneladas de granos en Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires y Entre Ríos. La mercadería que intentó ser comercializada de manera irregular equivale a más de 850 camiones con acoplados, que ocuparían 20 kilómetros de ruta si fueran dispuestos en línea recta.
El trabajo coordinado entre las distintas áreas de la AFIP en conjunto con el apoyo de las fuerzas federales de seguridad, se traduce en distintos procedimientos que buscan transparentar la actividad del sector. Los casos más relevantes son los que siguen:
* Campana (Buenos Aires): Decomiso récord de más de 8100 toneladas de maíz, equivalente a más de 300 camiones. Los granos se encontraban almacenados en depósitos del puerto de Campana. La empresa pretendía exportarlos en barcazas a Uruguay.
* San Pedro (Buenos Aires): Decomiso de 4137 toneladas de maíz partido que pretendía exportarse desde el puerto de San Pedro. Se interdictó mercadería en doce camiones y dos barcazas donde se encontraba el producto. Ni la firma exportadora ni el productor podían justificar el origen de la mercadería.
* Ciudad de Santa Fe : 8.900 toneladas de maíz partido y 250 toneladas de soja que una empresa exportadora adquirió a contribuyentes sin capacidad patrimonial ni económica para operar semejante volumen –productores fantasmas- y se almacenaban en el puerto de Santa Fe listas para ser exportadas a Brasil, Uruguay y Paraguay.
Más fiscalización
La AFIP optimizó sus herramientas de fiscalización del sector agrícola en 2021 con dos instrumentos clave: la utilización y procesamiento de imágenes satelitales y la implementación de la carta de porte electrónica, que es el único documento válido para trasladar granos por las rutas del país.
Por un lado, desde el 1º de noviembre empezó a ser obligatorio el uso de la carta de porte electrónica para el traslado de granos en transporte automotor o ferroviario. La documentación digitalizada reemplazó a los formularios en formato papel que eran utilizados hasta ahora para trasladar granos dentro del país.
La carta de porte electrónica marcó un hito en los controles del sector agrícola ya que no son reutilizables y cuentan con un código de barras y código QR que permite visualizar los datos de origen y destino de la carga en cualquier punto que se efectúen controles en la ruta.
Por el otro, el monitoreo satelital que surge del trabajo conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), arroja información que permite realizar cruces con las distintas bases de datos para potenciar las acciones de investigación y fiscalización que realiza la AFIP en todo el país a través de la DGI.