(Escribe: Bernardita Castearena) Con la excusa de discutir la posibilidad de elaborar un proyecto de ley sobre audiencias administrativas y judiciales virtuales, el PRO presentó una propuesta a través de la cual se le otorga al Tribunal Superior de Justicia las competencias que le corresponden sobre la Justicia Nacional en la Ciudad de Buenos Aires ¿Qué quiere decir eso? Que una vez aprobada la ley, el TSJ tiene la posibilidad de intervenir en las causas que investiga la Justicia Nacional siempre y cuando afecten a personas, empresas o instituciones relacionadas a la Ciudad de Buenos Aires.

Y como las cuestiones relacionadas a la Justicia las toma el Congreso de la Nación, vieron en una discusión simple por la virtualidad en las reuniones, la pantalla perfecta para ocultar el objetivo principal: que Mauricio Macri sea “juzgado” por los amigos que le deben su lugar en la máxima autoridad de la justicia porteña. Esta situación se da dos meses después de que la Procuración General de la Nación haya rechazado la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires intervenga en las revisiones de las decisiones que se toman en la causa comercial del Correo, en la que fue decretada la quiebra de la firma.

“Están creando un pantano judicial y ustedes lo saben”, denunció la legisladora Claudia Neira en su intervención, y agregó, “Lo que queda abierto es que el Tribunal Superior también acepte las causas, como ya sucedió con el Correo Argentino, y luego, las cámaras le van a decir al Tribunal Superior que no es su superior jerárquico, y que no acatan el fallo judicial. Entonces, ¿saben qué? Esto se dilata en el tiempo, porque la Cámara no acata, porque van a la Corte y así Macri gana tiempo”.

Por su parte, Lucía Cámpora, habló acerca de la irregularidad sobre lo que se estaba discutiendo: «bajo ningún punto de vista una discusión sobre las normas procesales de la Justicia nacional puede resolverse en el ámbito de la Legislatura porteña porque claramente es el Congreso de la Nación el que tiene la facultad», y agregó: “la verdad de la milanesa está en el fuero comercial, en la causa Correo Argentino, y ahí es donde nos damos cuenta que este proyecto tiene nombre y apellido. Es Mauricio Macri, Socma, Correo Argentino, y garantizar la impunidad de Mauricio Macri; ¿Cómo no va a querer que lo juzgue el TSJ si ahí puso a todos sus amigos?».

De los cinco miembros que conforman el TSJ, Alicia Ruiz es la única que no suele estar de acuerdo con sus compañeros en la toma de decisiones y Luis Lozano el que mantiene una posición más intermedia. Los otros tres responden a Mauricio Macri y a Horacio Rodríguez Larreta: Marcela de Langhe formó parte del Instituto Superior de Seguridad Pública porteño, Inés Weinberg de Roca, fue candidata -durante el macrismo- para la Procuración General de la Nación y Santiago Otamendi es el exviceministro de Justicia de Germán Garavano.

Otro ejemplo de cómo las mayorías pueden servir para favorecer al pueblo o para someterlo al poder del empresariado. Lo mismo sucede con la Legislatura porteña -donde el PRO tiene 26 legisladores mientras el Frente de Todos sólo cuenta con 17-, lugar en el que a pesar de cualquier debate, siempre salen ganando los intereses de unos pocos. “Sincerémonos. Ya que juegan al paddle con los jueces y ponen a sus amigos en los tribunales, traigan los fallos que quieren que dicten y somos más sinceros en la discusión”, dijo Lucía Cámpora.

Para los diputados oficialistas, como Martín Ocampo (UCR-Evolución), la propuesta es una “ampliación de derechos” para la ciudadanía y una defensa del principio de “igualdad ante la ley”. Lo cierto es que más allá de cualquier romantización, las veces que la Justicia porteña intervino en cuestiones de índole nacional, lo único que hizo fue cuidar la espalda de los empresarios: un ejemplo es el caso de Pedidos Ya, empresa que apeló ante la justicia porteña un caso en el que a nivel nacional salieron favorecidos los trabajadores de esa empresa.

La nueva ley generó rechazo en varias instituciones, entre las cuales se encuentra la Asociación de Abogados Laboristas, la Corriente de Abogados Laboristas 7 de Julio, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, el Frente de Abogados Populares, la lista celeste de la Asociación de Magistrados, el Sindicato de Trabajadores Judiciales, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, entre otros que, a pesar de que nos quieran hacer creer que juzgar con autonomía es el camino, entienden que en la Ciudad, autonomía es sinónimo de medidas antipopulares.

Fuente: hamartia.com.ar