La pandemia ha acentuado tendencias ya presentes en el mundo, producto de décadas neoliberalismo, y ha puesto en evidencia “el terrible legado de unas políticas deliberadamente divisivas y destructivas, que perpetuaron la desigualdad, la discriminación y la opresión, y prepararon el terreno para la ruina causada por el covid-19”. Así de rotundas son las conclusiones del Informe 2020/21 de Amnistía Internacional, presentado este 7 de abril.

El informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo describe la situación de 149 países en un año marcado por la pandemia y un retroceso generalizado en libertades y derechos sociales. Pese a las diversas formas en las que impactó el covid-19 en los diferentes países, Amnistía Internacional identifica una serie de constantes.

“El covid-19 ha revelado con toda crudeza y agravado las desigualdades existentes entre los países y dentro de ellos y ha puesto de relieve el tremendo desprecio de nuestros dirigentes por el bien común de la humanidad. Decenios de políticas divisivas, medidas de austeridad desacertadas y decisiones oficiales de no invertir en infraestructuras públicas deterioradas han hecho que demasiadas personas sean presa fácil del virus”, señaló Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Los colectivos que figuraban como los más marginados en el mundo pre pandemia, como las personas refugiadas o las mujeres, sufrieron las peores consecuencias “por culpa de políticas discriminatorias aplicadas por decisión de los dirigentes mundiales durante décadas”. El personal sanitario, los migrantes, las personas empleadas en el sector informal, analizan desde esta ONG, se “han visto traicionados por unos sistemas de salud desatendidos y un apoyo económico y social muy desigual”.

“Nos enfrentamos a un mundo sumido en el caos. A estas alturas de la pandemia, hasta los dirigentes más ilusos tendrían dificultades para negar que nuestros sistemas sociales, económicos y políticos se han desmoronado”

La pandemia, sostiene la secretaría general de Amnistía Internacional, ha marcado un punto de inflexión: “Nos enfrentamos a un mundo sumido en el caos. A estas alturas de la pandemia, hasta los dirigentes más ilusos tendrían dificultades para negar que nuestros sistemas sociales, económicos y políticos se han desmoronado”.

Otra constante que se certifica en decenas y decenas de países: “Una virulenta cepa de dirigentes” que ha instrumentalizado la pandemia “para continuar sus ataques a los derechos humanos”. Según esta ONG, líderes políticos de diferentes países han aprovechado la crisis sanitaria para “normalizar” medidas autoritarias, para “seguir reprimiendo” y coartar la libertad de expresión en vez de garantizar el derecho a la salud y dedicarse a proteger a la población. En Hungría, Viktor Orban introdujo penas de hasta cinco años por difundir información falsa sobre el covid-19. En Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán, los gobiernos procesaron a personas por comentarios en redes sociales sobre la pandemia. En Filipinas, Rodrigo Duterte ordenó “disparar a matar” a quien se saltara el confinamiento. En Brasil, la media de asesinatos policiales creció aún más hasta llegar a 17 al día. El Gobierno indio utilizó la excusa del covid-19 para “reprimir aún más el activismo de la sociedad civil”, permitiendo la entrada en hogares y oficinas apelando a medidas antiterroristas.

“La pandemia ha puesto en evidencia una cruda realidad: la incapacidad del mundo para cooperar eficazmente en momentos de necesidad global extrema”, ha declarado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard

Agnès Callamard describe un año de involución: “366 días en los que vimos cómo se promovía el egoísmo, la cobardía y la mediocridad con consecuencias letales, así como el despropósito de un odio racial y una xenofobia intoxicantes; los 366 días que nos demostraron que el violento legado de siglos de racismo, patriarcado y desigualdad ha cambiado muy poco y sigue siendo muy actual”. Un año en el que ha primado la respuesta nacional frente a la coordinación y solidaridad internacional, enterrando cualquier iniciativa colectiva de calado. Los países ricos, con EE UU y la UE a la cabeza, “eludieron las iniciativas de cooperación global” y monopolizaron la mayor parte de los suministros de vacunas dejando al resto del mundo sin acceso a ellas. “La pandemia ha puesto en evidencia una cruda realidad: la incapacidad del mundo para cooperar eficazmente en momentos de necesidad global extrema”, ha declarado Agnès Callamard.

Sin embargo, algo se puede rescatar de este 2020: en estos 366 días, dice la secretaria general de esta organización, “también nos regalaron abundantes fuentes de inspiración para adquirir fuerza y resiliencia como familia humana y nos mostraron la determinación de la gente para defender sus derechos y exigir una recuperación justa y equitativa de la pandemia”.

También en España

Muchas de estas tendencias globales también se aprecian en el Estado español. La falta de recursos en el sistema sanitario y la desatención de las personas más vulnerables ha sido una de ellas. “En el último año, el sistema de atención primaria en España ha sufrido dos pandemias: la del covid-19, y la de la gestión sanitaria, que ha adolecido de una falta de planificación e inversión suficiente para afrontar la primera, situando este servicio básico entre el abandono y el desmantelamiento”, indica Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

La falta de medios, de personal, los horarios excesivos, la ausencia de equipos de protección adecuados “han sido constantes” y han dejado expuestos tanto a los profesionales sanitarios como a la población, que ha visto restringido su derecho a la salud. A finales de año, 93.000 sanitarios habían sido contagiados —el 78% de ellos, mujeres— y 89 habían muerto. La falta de respuesta de los gobiernos contrató con el “coraje de la gente corriente” que hizo frente a la adversidad: “La respuesta del personal sanitario, exponiéndose sin la protección y los recursos debidos a la pandemia de covid-19 para salvar vidas ha sido una de las mejores muestras de humanidad que nos ha dejado el año 2020”, sostiene Beltrán.

Amnistía Internacional denuncia el “abandono” de miles de personas mayores en las residencias, que “no fueron atendidas de forma individualizada, no fueron trasladados a hospitales cuando lo necesitaban y se les impidió ver a sus familias durante largos periodos de tiempo”

Entre los elementos más graves que deja 2020 es el “abandono” de miles de personas mayores en las residencias, que “no fueron atendidas de forma individualizada, no fueron trasladados a hospitales cuando lo necesitaban y se les impidió ver a sus familias durante largos periodos de tiempo”.

Los recortes a la libertad de expresión vividos en muchos países del mundo también se han dado en España, según Amnistía Internacional: el confinamiento entre marzo y junio, sostienen, profundizó la tendencia ya iniciada hace seis años con la aprobación de la ley mordaza de “otorgar más poder a las fuerzas de seguridad, sin mecanismo adecuados de control de actuaciones arbitrarias, en detrimento de la protección de los derechos de las personas, especialmente las más vulnerables”. En los primeros meses de pandemia la policía puso más de un millón de multas y arrestó a 8.547 personas por incumplir el confinamiento, todo ello sin un “criterio claro”, multando o deteniendo a periodistas que ejercían su trabajo o personas sin hogar.

Amnistía Internacional también ha puesto el foco en los derechos de las personas migrantes en el contexto de la pandemia. El vaciado temporal de los Centros de Internamiento para Extranjeros es de los pocos aspectos positivos que reseña esta ONG. En el archipiélago canario, las personas migrantes “han sido desatendidas en su derecho de protección internacional” y se expulsaron migrantes “sin respetar las garantías y procedimientos que recoge la ley”. En los últimos tres meses de 2020, relata Amnistía Internacional miles de personas permanecieron “hacinadas y en condiciones inhumanas” en el puerto de Arguineguín, en Mogán de Gran Canaria, donde “se incumplieron las normas mínimas de distanciamiento social y no se garantizaron unas mínimas condiciones de higiene, con un número de carpas, baños y acceso a agua potable claramente insuficientes”. Esta organización también denuncia las condiciones de hacinamiento e insalubridad que tienen que soportar los migrantes residentes en los Centros de Estancia Temporal para migrantes de Ceuta y Melilla.