(Por Sofía Caram) El gobierno de Mauricio Macri instaló una mesa judicial dentro de la Dirección Nacional de Vialidad. Así lo reveló un auditor de carrera del organismo que declaró como testigo en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. El inspector Justo Romero habló de “una usina generadora de denuncias” montada por la gestión de Javier Iguacel. En diálogo con Ámbito, en exclusiva, habló de un sistema de “persecución” de empresas y funcionarios de carrera del organismo. En concreto, el profesional mencionó unas cuatrocientas denuncias en un año, de las cuales trescientas fueron desestimadas por improcedentes. En el medio, casi todas las obras viales de todo el país, quedaron paralizadas.

Con nombres y apellidos, el empleado de carrera con más de veinte años en Vialidad Nacional denunció la creación de una “mesa judicial”. Al hablar por primera vez con un medio de comunicación y tras su declaración testimonial, detalló que desde el macrismo “formaron una especie de célula que se dedicaba a analizar contratos con empresas y en base a eso hacían denuncias judiciales”. El grupo –dijo- estaba conformado por Martín Pourrain, asesor legal administrativo; Ricardo Gattoni y Alejandro Mon, quienes “en las sombras” trabajaban para “generar denuncias contra distintas empresas. No solo a Austral Construcciones, sino, por ejemplo, a las firmas de Felipe Gancedo y Rovella Carranza”.

Textualmente, el ingeniero expresó esta semana ante el Tribunal: “Todos ellos de alguna manera conformaban lo que sería como una mesa judicial de Vialidad. Eran quienes decidían las causas que se iban a iniciar, que no fue sólo ésta (en referencia a la causa por las obras en Santa Cruz), fueron muchas, muy dolorosas para muchos colegas que perdieron su trabajo o fueron suspendidos y hasta tuvieron que vender todos sus bienes para poder defenderse”.

Como parte de un mecanismo de desguace del organismo -que es autárquico y tiene más de ochenta años de historia- funcionarios y funcionarias de carrera fueron desplazados a partir de 2016. Al mismo tiempo, el organigrama de la DNV fue modificado e ingresaron varios gerentes nombrados a dedo por Iguacel, muchos de ellos exabogados o empleados de empresas del rubro. Romero explicó que, por ejemplo, pusieron a una persona por encima de la Auditoría, lo que vulnera línea normativa del Vialidad.

Ante Ámbito, el ingeniero dio nombres y apellidos de los responsables: “Pourrain coordinaba tres áreas en total: La subgerencia de sumarios, a cargo de Ignacio Sánchez Gutiérrez; la Unidad de Ética y Transparencia, a cargo de Diego Hernán Martínez al que le pusieron cinco abogados y el área de Auditoría”. Este sector “iba contra el personal vial y estaba a la búsqueda de supuestos hechos de corrupción”.

Romero, además, detalló la furia que desataron las autoridades del macrismo porque el informe interno sobre las obras en Santa Cruz no había arrojado irregularidades. Según contó, Sánchez Gutiérrez le recriminó que habían estado un mes en la Provincia y “sólo encontraron que faltaban algunas barandas. Buscaban corrupción, no la encontraron y se la agarraron con el personal”.

Tras el resultado de la auditoría usada para denunciar a Cristina de Kirchner aunque que no reveló un solo sobreprecio y determinó que todas las obras existían, varios funcionarios fueron sumariados y amedrentados. “Todo lo que vivimos en estos años no se agota en este juicio. Hubo gente que enfermó gravemente y atormentada por las denuncias sin fundamentación”. Y puso como ejemplo el caso del ingeniero Jorge Gregorutti, profesional de carrera del organismo. “A raíz de nuestro informe, el 3/2016 le iniciaron un sumario interno. Le tomaron declaración. Lo despidieron de Vialidad y lo dejaron un año y medio sin cobrar el sueldo. Pasó tiempos muy dolorosos. Tuvo que sacar a sus hijas del colegio porque lo tildaron de corrupto. Tuvo que vender su departamento porque no tenía plata para vivir”, se lamentó. “Sentimos que nuestra institución fue pisoteada y tildada de corrupta”, agregó.

Durante el juicio oral, Romero relató que los trabajadores de todo el país le contaban que los funcionarios de Iguacel “iban a los distritos a arengar a la gente para que denuncia. En total hubo 400 denuncias. Se vivieron años de mucha zozobra. Estas denuncias eran nimiedades: aparición temprana de bache en una ruta o uso de cal para una galería. Cosas menores. Denuncias de poca relevancia e infundadas. En su mayoría tenían que ver con cuestiones técnicas en obras de ingeniería, pero no estaban asociadas a casos de corrupción”, remató.