(Federico Dalponte @fdalponte)  El viernes pasado la noticia fue tapa de varios diarios. Todos ellos porteños; ninguno de las provincias. La pérdida de un punto de coparticipación importa poco fuera de la ciudad de Buenos Aires.

La queja es histórica: por qué –dicen los afectados– recibimos tan pocos recursos federales, habiendo recaudado tanto. Y en parte es cierto. La Ciudad recauda alrededor de un cuarto de la masa coparticipable, pero recibe de Nación sólo un 3,5% del total. El resto se distribuye entre las provincias de acuerdo a los porcentajes previstos en la Ley de coparticipación, de 1988.

En aquel tiempo los porteños tenían su ciudad, pero no su autonomía. Recién con la reforma constitucional de 1994 llegarían el autogobierno y las novedosas facultades propias –o al menos algunas de ellas–. Hasta entonces los gastos de salud, educación, seguridad y demás eran afrontados por el gobierno nacional, tal como sucedió con Tierra del Fuego hasta 1990.

En cualquier caso, lo cierto es que la autodeterminación de la ciudad de Buenos Aires puso sobre la mesa un viejo debate del siglo XIX: el pretendido derecho de los porteños a gastar para sí mismos todo lo recaudado, sin repartir fondos entre el resto de las provincias.

El argumento fue repetido durante buena parte de la historia argentina. La disputa por el control de los recursos del puerto y la aduana de Buenos Aires fue causa de desencuentros constantes entre las provincias y los porteños. Una disputa que, como era habitual entonces, sólo sería zanjada por las armas.

Así, en 1880 se impuso de manera definitiva la federalización de la Ciudad, aunque la pelea por los fondos nunca cesó. Desde Carlos Tejedor hasta Horacio Rodríguez Larreta, la sensación centralista de estar siendo estafados por las provincias se convirtió en una constante que suele no distinguir partidos políticos. “Rechazo que se deduzca la coparticipación”, repudió Gabriel Solano, del Partido Obrero. “¿Es un pedido de solidaridad o una venganza contra los que no votan al Frente de Todos?”, se quejó el radical Emiliano Yacobitti. “¿Que más nos quieren sacar?”, protestó Sergio Abrevaya, del GEN.

“La Nación, de la parte que le corresponde conforme a esta Ley, entregará a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (…) una participación compatible con los niveles históricos”, dice la Ley de coparticipación. Traducido: la Nación fija unilateralmente el porcentaje de fondos a transferirle cada año a la Ciudad –sin lugar para las quejas–.

Así fue sin problemas hasta la semana pasada. De hecho, en 2003 el entonces presidente Eduardo Duhalde había acordado con Aníbal Ibarra coparticipar el 1,40% de la masa total. Un coeficiente que se mantuvo inalterado durante más de una década.

Eso fue hasta principios de 2016. Apenas un mes después de asumir como presidente, Mauricio Macri elevó la cuota del 1,40% al 3,75%, so pretexto de financiar el traspaso de la policía federal a la Ciudad. Un gasto que, según las estimaciones del propio gobierno porteño, ascendía aquel año a 11 mil millones de pesos. Aunque Macri, siempre generoso, decidió transferirles por las dudas 6 mil millones de pesos más.

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— En Orsai (@EnOrsai) January 12, 2020

En cualquier caso, el argumento era poderoso. “No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos”, dice la Constitución Nacional. Así entonces, luego de transferirles la policía a los porteños, parecía lógico enviarles los fondos necesarios para solventar su funcionamiento. El debate, sin embargo, es siempre sobre el «quántum».

Si la Ciudad podía afrontar todos los servicios a su cargo con una coparticipación del 1,40%, suena increíble que haya necesitado un incremento del 250% sólo por el traspaso de la policía. Es decir que ahora la Ciudad destina seis de cada diez pesos transferidos por Nación en financiar a una fuerza de seguridad local. Una de dos: o la policía porteña es sumamente cara, o hay un bruto desajuste de prioridades.

En cualquier caso, lo cierto es que el resto de las provincias parecen arreglárselas con bastante menos. Aunque no por un voto de austeridad, sino por los límites que impone la carencia. Y es allí donde vuelve el debate sobre la solidaridad.

Está de más decir que la ciudad de Buenos Aires es el distrito más rico del país, el que más recauda por habitante, el que cuenta con mayor cantidad de recursos financieros. En ese marco, la discusión sobre la policía de la Ciudad se torna relevante, y mucho más en tiempos de crisis.

Así como algunos creen que los recursos nacionales coparticipables deben destinarse prioritariamente a financiar la seguridad porteña, otros tantos tendrán sus razones para creer que ese dinero debería solventar un plan nacional contra el hambre –o urgencia equivalente–.

Podrá decirse, en ese caso, que los porteños financian a los hambrientos pampeanos y santafesinos. Y será cierto. Tan cierto como que, durante la vigencia del «Fondo sojero», los productores pampeanos y santafesinos financiaron la obra pública de la ciudad de Buenos Aires –y no hubo dirigente porteño que se quejara–.

Será, en todo caso, cuestión de barajar opciones y fijar prioridades, partiendo siempre de dos obviedades: la Ciudad querrá retener sus fondos considerándose con derecho inmaculado a ello y será la Nación, como unidad federal, la que deba recaudar de donde más riqueza hay para destinar hacia donde la hay menos.