La preocupación por un sistema que "esconde serias inequidades y no es sustentable", enunciado por el presidente de la Nación el lunes último, abre las puertas a una reforma previsional que amenaza dar una vuelta de campana al sistema hoy vigente. ¿El nuevo régimen seguirá el camino de los ya adoptados en países vecinos, de un sistema público para sectores de ingresos medios y bajos, y otro privado para los sectores de ingresos más altos? ¿Será esa la propuesta del gobierno para terminar con las "jubilaciones de privilegio"?

El régimen de jubilaciones privadas, que en la región fue instaurada primero en Chile, llegó a la Argentina de la mano de Domingo Cavallo, en 1995, entonces ministro de Economía de Carlos Menem y en el marco de la convertibilidad. Al sistema de cuentas de capitalización privadas administradas por las AFJP, le llegó el final en 2008, por iniciativa de Amado Boudou, entonces titular de Anses. Era la respuesta a una crisis financiera global que amenazaba llevarse puesto a todos los fondos de inversión, que era en lo que se habían convertido las AFJP.

En realidad, como siempre ocurre, eran los titulares de las cuentas los que iban a perder, y el Estado nacional también, si decidía ir en socorro de los millones de aportantes que se iban a quedar sin sus fondos capitalizados para el momento de su jubilación. Pero esta era la parte oculta del crac financiero. Lo palpable fue que la reestatización del régimen previsional privaba a los bancos propietarios de las AFJP de un fabuloso negocio con ganancias aseguradas, independientemente de que el aportante y titular de la cuenta ganara o perdiera. Detrás de la insólita decisión de mandar a la cárcel a Boudou esta semana, algunos creyeron ver una venganza contra aquella intervención contra los intereses del capital financiero. El ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto lo dijo con todas las letras.

Como explica el abogado especialista en temas previsionales Miguel Ángel Fernández Pastor (ex director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social), toda reforma previsional consta de dos aspectos: lo que afecta a los ya jubilados, y los cambios que modifican las condiciones de jubilación para quienes todavía son aportantes activos. En la situación actual, el gobierno avanzó con definiciones sobre los primeros (cambios en el régimen de movilidad jubilatoria) y puso en manos de una comisión de reforma el ámbito el segundo aspecto, para elaborar la propuesta que llegará al Congreso. Pero hay fundamentos para suponer por qué carriles circulará la propuesta de reforma estructural del sistema previsional que Cambiemos pretenderá convertir en ley en seis meses, antes de que termine abril. Así lo explica Fernández Pastor: A futuro, el gobierno va a seguir los lineamientos que le marcó el FMI el año pasado, generando diferentes rangos o segmentos de beneficiarios: un primer rango de beneficios no contributivos, es decir aquellos que no estén en condiciones de hacer ningún aporte; un régimen general de reparto o público, para una franja de trabajadores que aportarán sobre sus ingresos medios o bajos: y un régimen de capitalización para los sectores de altos ingresos, que puede ser obligatorio u optativo a partir de cierto nivel de remuneraciones. Sería el renacimiento de las AFJP.

Es un régimen mixto similar al que ya existe en Uruguay y Brasil, donde existe un segundo y tercer nivel de ingresos que funciona por sistema de capitalización privado.

El nivel de cobertura del sistema para los mayores de edad también disminuirá. Se busca descalificar a quienes son beneficiarios pero no pudieron aportar formalmente durante su etapa activa, y así se quiere hacer ver que es "inequitativo e injusto" que reciban una jUbilación. Pero este criterio parece ignorar que el régimen previsional se financia, en un 50 por ciento, con aportes y contribuciones al sistema de seguridad social, y en otro 50 por ciento con impuestos, que pagan todos. "Hasta la persona más humilde, el que menos tiene, cuando compra un paquete de yerba está pagando un impuesto que, en parte, va a la seguridad social. ¿Por qué lo voy a dejar afuera de los beneficios?", remarca Fernández Pastor.

Los cambios que se pretenden introducir en el cálculo de la movilidad social también implican una modificación al sentido del régimen. "Lo maravilloso y exitoso de la ley de movilidad es que, al introducir el incremento de los salarios y de la recaudación en el índice, vinculó directamente las jubilaciones al crecimiento de la economía; y previó que en años de recesión, como 2016, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad actuara como rueda de auxilio para no perder frente a la inflación. Pero este gobierno optó por utilizarlo para otra cosa", sostuvo el especialista. Cambiar la fórmula supone la intención de desligar la jubilación de la marcha de la economía, y atarla a las necesidades fiscales.

Por último, Fernández Pastor subraya que la Seguridad Social no sólo tiene que compensar a una persona en su vejez para reemplazar el salario que cobraba cuando era activo, sino que ha demostrado ser una de las herramientas más dinámicas, activa y moderna para redistribuir el ingreso nacional. Este rol es el que el gobierno actual pretende abandonar, siguiendo su filosofía de que es la actividad privada la que define el crecimiento y la distribución.

La reforma previsional, lo que hasta acá se conoce y lo que se puede esperar, sigue un rumbo trazado con tinta indeleble. El Estado abandona la herramienta que tuvo un rol más activo hasta aquí en materia de igualación de ingresos. Y a los sectores que deberían ser beneficiarios del esfuerzo del conjunto, no sólo se los invita a "ceder un poquito", sino que se los pone primeros en la fila de aportantes.