“Por lo que se conoce hasta el momento y surge del acta, la detención (de Milagro Sala) es producto de una causa penal que está armada de un modo similar a muchas que han pretendido criminalizar la protesta. A Sala se le imputan vaguedades y se le suman delitos para justificar una pena en expectativa que habilite su detención. En este caso, vemos no solo la decisión de criminalizar la protesta haciendo una interpretación formalista del delito de corte de calle sino también una formulación general de la instigación al corte de una vía pública. Y además, se agrega el delito de sedición con una imputación peligrosa, vaga y arbitraria”, reza el escrito del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En el mismo se marca las carencias de la denuncia y cómo se intenta criminalizar la protesta con especial saña contra la dirigente de la Tupac Amaru.

El fiscal de Estado, Mariano Miranda, acusador de Sala confesó la extorción que significa la detención de la dirigente de la Tupa Amaru, ya que reveló que, “se debe mantener la detención de la líder Milagro Sala hasta tanto no se deje de cometer el delito por el cual fue imputada (N de R: es decir el acampe de protesta frente a la gobernación) y por el cual se encuentra detenida. Es la única orden de detención que ha emitido el juez hasta el momento”.

Por su parte, a través de un escrito firmado por el secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina, (CTA), Hugo Yasky, ese organismo exige la “inmediata liberación de Milagro Sala”.

“La detención de la titular de la agrupación Túpac Amaru, Milagro Sala, constituye un hecho gravísimo de violación al derecho de manifestarse públicamente y es además un claro acto de revanchismo por parte del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales”, dice el escrito de la CTA y agrega que, “Este atropello, suma un nuevo episodio a una larga lista de confrontaciones, que a lo largo de los años lo ha tenido a Gerardo Morales en una actitud de encono y agresión contra Milagro Sala que ya forma parte de la historia de esa provincia”.

En tanto, desde el CELS advirtieron que, “si se siguiera el razonamiento del juez Raúl Eduardo Gutierrez, con las pruebas que se indican, cualquier liderazgo de una protesta social que se oponga a la implementación de una norma o de una resolución de gobierno podría implicar el delito de ‘alzarse públicamente para impedir la ejecución de una ley o resolución nacional o provincial’. El fiscal de Estado Mariano Miranda también sostuvo en declaraciones públicas que la detención tuvo que ver con que Sala ‘se alzara en contra de las decisiones gubernamentales’. Criminalizar las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta conduce a una restricción de las libertades ?democráticas y a una aplicación ilegítima del derecho penal”.

En suma, se suprimen derechos de los ciudadanos al tomar por delito penal ser referente de una protesta callejera.

En eso coincide la CTA, que en su escrito dice que, “este acto represivo con el que se pretende poner fin al acampe que la organización Túpac Amaru viene desarrollando pacíficamente frente a la gobernación de Jujuy, constituye una violación al derecho de expresión en la vía pública. Los docentes estuvieron tres años en la Carpa Blanca en una protesta que nunca fue reprimida por la fuerza y existen sobrados antecedentes de situaciones similares en todo el país y en la misma provincia de Jujuy, que nunca fueron reprimidas con el encarcelamiento de sus organizadores. Entendemos, en tal sentido, que la detención de Milagro Sala es un hecho inadmisible y sin precedentes cuyas consecuencias pueden llegar a ser impredecibles”.

“La CTA de los Trabajadores exige al gobernador de la provincia, señor Gerardo Morales, la inmediata liberación de Milagro Sala y el respeto de las garantías constitucionales, para que la organización Túpac Amaru pueda seguir desarrollando sus actividades sociales en un marco de libertad y respeto hacia los derechos de los más humildes”, firma Yasky.

El CELS especificó que, “la dirigente del movimiento Tupac Amaru fue detenida en una causa en la que se la acusa de instigar a cometer delitos y de sedición. Estos hechos se le imputan porque, según el acta del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, Sala dio indicaciones a otras personas para que ocuparan una plaza y otros lugares públicos ‘mediante arengas, señalamientos, ademanes y gestos’”.

En el mismo sentido apuntaron: “Según las autoridades judiciales esta actividad de persuasión tuvo por objeto que un grupo de personas ocupe lugares públicos restringiendo la circulación de vehículos, lo que configuraría un delito. El segundo delito que se le imputa, el de sedición, acusa a Sala de haberse alzado públicamente junto con los demás acampantes contra la decisión del gobierno de la provincia de Jujuy de ejecutar el Plan de Regularización y transparencia de cooperativas. Según el acta, este diagnóstico surge de un informe del gobernador Gerardo Morales que afirma que hay personas que se niegan a aportar datos y por lo tanto obstaculizan la ejecución del Programa”.

ACTA COMPLETA DE LA DETENCIÓN