Periodistas, escritores, trabajadores de los medios y pensadores, que conforman Comunicadores de la Argentina (COMUNA), manifestaron su profunda preocupación por el alto nivel de tergiversación y desinformación que están llevando a cabo diferentes empresas periodísticas que “ponen en riesgo las instituciones democráticas del país”, aseguraron.
Sergio Villone // Lunes 16 de febrero de 2015 | 14:27
“La manipulación de conceptos, figuras judiciales e información en general buscan empujar a la opinión pública a responsabilizar al gobierno nacional y específicamente a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por la muerte del fiscal federal Alberto Nisman, y a darle crédito a su acusación de encubrimiento a iraníes señalados como sospechosos en el atentado a la AMIA”, denunciaron.
“Esas acciones de manipulación, que contradicen todas las normas éticas y profesionales del periodismo y violentan el derecho de oyentes, televidentes y lectores a recibir información veraz, son innumerables”, manifestaron y marcaron algunas de ellas:
1. La “imputación” a la Presidenta, palabra y título repetido mecánicamente por medios locales y por los internacionales que son parte de la misma maniobra de desinformación. En rigor, sin delito no puede existir imputación y lo que dice Pollicita es que hay que investigar si se cometió delito y, en ese caso, quiénes son considerados responsables.
2. En estos mismos medios la descripción de la presentación de Nisman, oculta en la mayoría de los casos: a) que Interpol negó rotundamente que el gobierno argentino haya promovido la cancelación de órdenes de captura de iraníes; b) que los negocios comerciales como consecuencia del supuesto encubrimiento no existieron, y mucho menos la importación de crudo iraní, que por sus características no puede ser procesado en el país.
3. Los relatos de las circunstancias de la muerte de Nisman tienden a minimizar o directamente censurar los informes oficiales o trascendidos que consolidan la hipótesis de un suicidio, y a reiterar y sobredimensionar datos que apuntalen la hipótesis de homicidio, porque este es un insumo indispensable para presentar al gobierno como criminal y, con ello, desestabilizarlo. Algunos datos son directamente inventados, como ocurrió con la distancia del arma al momento en que fue accionada.
4. La trayectoria, precedentes y acusaciones que recaen sobre la mayoría de los convocantes de la marcha de protesta del 18 de febrero son puntillosamente ocultados, incluyendo los casos de Germán Moldes y Raúl Pleé, involucrados en la causa del encubrimiento del atentado contra la AMIA. También se oculta que Pollicita fue colaborador de Pleé y está relacionado con Mauricio Macri, precandidato presidencial opositor.
5. Todas las expresiones políticas de respaldo a la marcha contra el gobierno son publicadas, reiteradas y replicadas sin objeción. Todas las expresiones políticas que no adhieren a la marcha y a sus convocantes son catalogadas como oficialismo obsecuente o derivación de una presión gubernamental.
El colectivo periodístico llamó “a periodistas y comunicadores a apegarse a los principios fundamentales del ejercicio de la profesión, como son el rigor periodístico, la búsqueda de la verdad, la pluralidad e idoneidad de fuentes y el compromiso ineludible con la democracia, resistiendo y denunciando a los empresarios que pisotean todos estos principios en función de sus intereses sectoriales”.