Desde su fundación, el diario El Día ha condicionado el funcionamiento institucional y la efectivización del derecho a la comunicación en la ciudad de La Plata. Además de haberse instituido a lo largo de la historia en una tribuna de doctrina prominentemente conservadora, ha desplegado distintas estrategias tendientes a manejar los hilos de la administración municipal desde la penumbra, con el objetivo de ver consagrados sus intereses corporativos, por sobre las voluntades de las mayorías.

A los efectos de dejar en evidencia el pisoteo institucional llevado adelante a diario por el matutino platense, remitirse a su rol colaboracionista con la última dictadura cívico/militar, circunstancia que emerge de la simple lectura de la editorial publicada el 26 de marzo de 1976, en que expresó que la prioridad del gobierno de facto debía ser el “aniquilamiento definitivo de la guerrilla”.

Raúl Kraiselburd es directivo de la Sociedad Interamericana de prensa (SIP), cámara empresarial nacida a la sombra de la CIA que, por ejemplo, no se pronunció ante los golpes cívico-mediáticos que ha sufrido nuestro continente. Héctor Timerman claramente ha dicho “Kraiselburd me escribió una carta y yo se la contesté. Él no asume su responsabilidad como apologista de la dictadura en aquellos años. Así como tiene que esclarecer y asumir su relación con Camps, también tiene que asumir su actitud de apologista de la dictadura militar, y no sólo ante la SIP”.

Basta con apreciar los tratos condescendientes con la actual gestión, o el sutil y protectorio tratamiento dispensado a ciertos funcionarios municipales como Jorge Campanaro, con quien se supone mantienen una relación societaria en Impreba S.A., para comprender cómo se construye la pretendida “objetividad” periodística del medio.

En 2008, el domicilio fiscal de Impreba S.A., presidida por Jorge Campanaro, coincidía con el del diario El Día: Diagonal 80 N° 847. Asimismo, la dirección de correo electrónico entregada a la AFIP por la compañía fueagencia@eldia.com. De esta manera, el grupo ha hecho de sus intereses individuales un programa de gobierno a partir de la puesta en escena de un acto de ventriloquia, en la que el Estado municipal se encuentra condicionado por los deseos corporativos de éste multimedio.

Lo que irrita aún más es que Raúl Kraiselburd no se ha sometido a elecciones, no le habla al pueblo platense desde el lugar de digitador de la política, ni plebiscita su programa de gobierno. En su lugar, negocia tapas, o transmite por ejemplo, una publicidad oficial desde alguno de sus medios, en que le atribuye la responsabilidad de la trágica inundación del pasado 2 de abril al “cambio climático”. Al hacerlo, niega su rol fundamental en el proceso de modificación del código de planeamiento urbano que devino en una de las explícitas causales del flagelo que asedió a nuestra ciudad.

Dicha práctica ha sido la constante a lo largo de todo el tratamiento mediático realizado a partir de las inundaciones, en que los distintos medios propiedad de Kraiselburd realizaron especial hincapié en “el desastre natural”, despojando toda posible atribución de responsabilidad acarreadas tras la implementación de un modelo de ciudad dirigido a acrecentar las arcas de los holdings inmobiliarios.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos entendió que la libertad de expresión, contemplada en el Pacto de San José de Costa Rica, exhibe una doble dimensión puesto que no sólo implica el derecho de cada individuo a difundir sus ideas, sino también el de la sociedad a recibirlas, a conocerlas.

Esta faz social del derecho a la libertad de expresión encuentra su razón de ser en la democracia como forma de organizarse políticamente y como conjunto de valores que conducen a una sociedad entera.

El diario El Día desconoce sistemáticamente la dimensión social del derecho a la libertad de expresión, así como los principios emergentes del sistema democrático, circunstancia que sólo puede entenderse a partir de su férrea voluntad de plasmar sus intereses corporativos, en un claro abuso de su posición dominante y del incalculable poder que ha acumulado a lo largo de su historia.

Como si lo expuesto no bastara, Raúl Kraiselburd mantiene puestos de distribución de periódicos ilegales, en clara inobservancia del decreto presidencial 1693/09, y la resolución 395 del Ministerio de Trabajo. En efecto, tras haber conseguido en 2013 el viernes Santo como un día no laborable, el empresario, en acuerdo del municipio, quien proveyó empleados de la administración, vulneraron la disposición que prohibía la comercialización de diarios y colocaron puestos de venta. Esto quedó asentado en las actas labradas por los inspectores laborales que acudieron tras las denuncias efectuadas por la Cooperativa de Vendedores de Diarios, Revistas y afines de La Plata, Berisso, Ensenada y Magdalena.

Ese poder no puede continuar condicionando las elecciones de las mayorías. Una ciudad que tiene un diario con capacidad para ocultar a un candidato tiene una democracia débil. Así la vulneración de derechos y la desigualdad se torna más factible.