La falta de protección al consumidor en la era digital

El caso que enfrenta a la Asociación de Defensa del Asegurado Consumidores y Usuarios (ADACU) contra **Pedidos Ya SA, Pagos Ya SA y Delivery Hero E-Commerce SA** ha generado un importante debate sobre las prácticas comerciales anticompetitivas en las plataformas online. Se trata de una demanda que busca frenar la manipulación de precios y comisiones que afectan tanto a consumidores como a los comercios adheridos a estas plataformas. En este contexto, la intervención del procurador fiscal ante la Corte Suprema, Víctor Abramovich, ha puesto de relieve la complejidad del caso y su trascendencia para el futuro del comercio digital en Argentina.

La disputa se centra en la naturaleza de los contratos de adhesión impuestos por las plataformas, los cuales incluyen cláusulas de no competencia de precios que impiden a los comercios ofrecer sus productos a un valor menor en otras plataformas o de manera directa. A esto se suma la opacidad en la información sobre los costos de los servicios de entrega, las comisiones y otros cargos adicionales que afectan al precio final de los productos. Estos cargos, según la demanda presentada por ADACU, representan un claro abuso de posición dominante por parte de las plataformas, distorsionando el mercado y perjudicando a los consumidores finales.

La lucha por la competencia en el mercado digital

La demanda contra estas plataformas no solo plantea un problema de falta de transparencia en los costos, sino que también involucra una cuestión de fondo: la concentración del mercado digital en pocas empresas que controlan, prácticamente de manera monopólica, la intermediación entre comercios y consumidores. Este escenario ha generado una seria distorsión en los precios, ya que los comercios se ven obligados a trasladar el costo de las comisiones a los consumidores, elevando el precio final de los productos.

La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial había declarado la incompetencia del fuero en lo Civil y Comercial Federal para intervenir en este caso, argumentando que se trataba de una cuestión meramente mercantil. Sin embargo, el procurador Abramovich sostuvo que la Ley 27.442, que regula la defensa de la competencia, es de naturaleza federal y, por lo tanto, debe ser interpretada y aplicada por los tribunales federales. Esta postura subraya la importancia del caso, ya que lo que está en juego no es solo el cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240), sino también la aplicación de normas federales que buscan evitar abusos de poder en el mercado.

Un modelo de negocio que vulnera a los pequeños comercios

Uno de los aspectos más polémicos de este caso es el impacto que las prácticas anticompetitivas de las plataformas tienen sobre los pequeños comercios. En muchas ocasiones, los comercios que utilizan estos servicios de intermediación se ven obligados a aceptar cláusulas desfavorables que les impiden competir en igualdad de condiciones, quedando a merced de las comisiones impuestas por las plataformas.

El modelo de negocio de plataformas como Pedidos Ya se basa en una relación asimétrica con los comercios adheridos. Estos se ven forzados a aceptar comisiones que, en muchos casos, superan el 30% del valor de cada transacción, lo que reduce sus márgenes de ganancia y los obliga a subir los precios para los consumidores. Además, la falta de competencia de precios agrava aún más la situación, ya que los comercios no pueden ofrecer sus productos a un precio más bajo en otras plataformas o en sus propios sitios web.

Este tipo de prácticas no solo afectan la rentabilidad de los pequeños comercios, sino que también distorsionan la competencia en el mercado, favoreciendo a las grandes empresas que pueden absorber los costos de las comisiones sin trasladarlos a los consumidores. Esto crea un círculo vicioso en el que las plataformas aumentan su poder de mercado, mientras los comercios y los consumidores quedan atrapados en un sistema que los perjudica.

El rol del Estado en la defensa del consumidor

El contexto en el que se da este caso no es menor. En un país donde el gobierno de **Javier Milei** ha impulsado una política de desregulación del mercado, los organismos encargados de velar por los derechos de los consumidores y la defensa de la competencia están bajo presión. La narrativa de Milei, que defiende un Estado mínimo y promueve la libre competencia sin interferencias, choca frontalmente con las necesidades de regulación en un mercado cada vez más concentrado y dominado por grandes plataformas tecnológicas.

El gobierno de Milei ha sido crítico de cualquier tipo de intervención estatal que, según su visión, obstaculiza el funcionamiento eficiente del mercado. Sin embargo, casos como el de Pedidos Ya demuestran que la ausencia de regulación favorece a los más poderosos en detrimento de los pequeños comercios y los consumidores. La desregulación, lejos de fomentar una mayor competencia, termina consolidando monopolios y oligopolios que distorsionan el mercado y perjudican a las mayorías.

La intervención del procurador Abramovich en este caso es un recordatorio de la importancia de contar con un Estado fuerte que pueda intervenir para garantizar el cumplimiento de las leyes y evitar los abusos de poder en el mercado. Sin una adecuada regulación, las plataformas digitales seguirán imponiendo sus condiciones de manera arbitraria, afectando la economía de miles de pequeños comercios y el bolsillo de los consumidores.

Un fallo con implicaciones a futuro

Lo que la Corte Suprema decida en este caso sentará un precedente clave para el futuro de la regulación de las plataformas digitales en Argentina. Si bien la decisión aún está por verse, el debate ya ha puesto sobre la mesa una cuestión fundamental: la necesidad de un marco legal que proteja a los consumidores y regule el poder de las grandes plataformas en el mercado digital.

La economía digital es, sin duda, el futuro del comercio, pero este futuro debe estar acompañado de una regulación que garantice la transparencia y la competencia justa. En un contexto de creciente desregulación, la defensa de los derechos de los consumidores y de los pequeños comercios cobra más relevancia que nunca.

Fuentes:

https://www.diariojudicial.com/news-98974-los-reclamos-antitrust-al-fuero-federal

https://www.diariojudicial.com/uploads/0000056974-original.pdf