Con perfiles ficticios y operativos en el límite de la legalidad, la nueva Unidad Especial de Agentes Encubiertos plantea serios interrogantes sobre los riesgos de concentración de poder y abuso de información en manos de un gobierno que prioriza el espionaje por encima de la institucionalidad.
Redacción EnOrsai // Domingo 24 de noviembre de 2024 | 08:50
La reciente resolución de Patricia Bullrich para crear la Unidad Especial de Agentes Encubiertos, bajo su exclusiva órbita, inaugura una nueva era en la política de seguridad argentina. Este grupo secreto, presentado como una herramienta para combatir delitos complejos, como el narcotráfico y el crimen organizado, está rodeado de sombras, preguntas sin respuesta y un alarmante vacío de control judicial. Más que un esfuerzo por garantizar la seguridad nacional, parece una apuesta peligrosa que revive los peores fantasmas de la inteligencia paralela en Argentina.
La unidad, que dependerá del Ministerio de Seguridad, estará compuesta por agentes seleccionados de las fuerzas federales como la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura Naval. Según la resolución, estos operativos contarán con perfiles ficticios, "hojas de vida" fabricadas e historiales digitales diseñados para infiltrarse en redes delictivas. Sin embargo, el texto oficial elude detallar aspectos críticos: ¿qué tipo de información recopilarán? ¿Cómo se protegerá su uso? ¿Qué mecanismos de supervisión evitarán abusos o filtraciones?
La dirección estará en manos de Graciela Kowalewsky, una funcionaria estrechamente vinculada a Carlos Manfroni, asesor principal del Ministerio y conocido por su ideología ultraconservadora. La elección de esta dupla alimenta las preocupaciones sobre la transparencia y el propósito real de este proyecto. Manfroni, defensor de militares condenados por delitos de lesa humanidad, ha hecho de su oposición a la "agenda woke" un emblema político. ¿Es esta la mejor carta de presentación para una unidad cuya operación requiere, por definición, una extrema sensibilidad ética y política?
A diferencia de otras figuras del espionaje en el ámbito democrático, esta unidad carece de una línea clara de rendición de cuentas ante el Poder Judicial. La resolución menciona que los agentes estarán disponibles para colaborar con la justicia, pero no especifica que las operaciones dependan de una orden judicial previa. El riesgo de que este cuerpo se convierta en un aparato discrecional al servicio del gobierno de turno no es menor, más aún en el contexto de una gestión marcada por el avance de políticas autoritarias bajo el paraguas de la "seguridad".
El delgado hilo de la legalidad
El gobierno ha buscado legitimar esta medida amparándose en la Ley N.º 27.319, que regula la figura del agente encubierto. Sin embargo, esta normativa está diseñada para actuar bajo estricta supervisión judicial, no como un recurso sin controles. La creación de perfiles ficticios y "vidas paralelas" para los agentes, junto con la vaguedad sobre las funciones específicas y la cantidad de efectivos involucrados, sugiere un esquema más cercano a las viejas prácticas de inteligencia clandestina que a una política de seguridad moderna y transparente.
Este no es el primer intento del oficialismo de concentrar poder en el ámbito de la inteligencia. Apenas unos meses atrás, la propuesta de aumentar en 100 mil millones de pesos los fondos reservados para la SIDE, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), desató una tormenta política dentro del propio espacio oficialista. La medida, que finalmente fue rechazada en el Congreso, dejó expuestas las tensiones entre el PRO y La Libertad Avanza. Mientras algunos sectores del PRO criticaron el gasto desmesurado y la falta de claridad en el uso de esos fondos, los aliados de Bullrich defendieron la iniciativa como indispensable para enfrentar las amenazas del narcoterrorismo.
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La política del miedo como estrategia de gobierno
La narrativa oficial insiste en que estas medidas son necesarias para combatir "mafias y narcos". Sin embargo, esta lógica simplista oculta el verdadero trasfondo de la estrategia: el uso del miedo como herramienta para justificar avances autoritarios. A medida que el gobierno profundiza sus políticas de ajuste económico, privatizaciones y recortes presupuestarios, iniciativas como la creación de una SIDE paralela buscan desviar la atención pública y consolidar un poder centralizado.
El problema no radica únicamente en la creación de esta unidad, sino en su concepción como un instrumento de gobierno sin supervisión externa. Al delegar la responsabilidad de su funcionamiento a un reducido grupo de funcionarios afines, el Ministerio de Seguridad no solo pone en riesgo derechos fundamentales, sino que también desdibuja los límites entre lo legal y lo arbitrario.
La democracia en jaque
La falta de control judicial sobre las operaciones encubiertas abre la puerta a múltiples abusos: espionaje político, persecución a opositores y manipulación de datos sensibles. Esta nueva unidad revive los peores momentos de la inteligencia estatal en Argentina, cuando las estructuras paralelas se utilizaron para sostener regímenes autoritarios. ¿Qué garantía tienen los ciudadanos de que este cuerpo no será utilizado para fines políticos?
El llamado "costo cero" que el gobierno promociona como virtud de esta unidad no hace más que agravar las dudas. ¿Cómo se financian estas operaciones? ¿De dónde provienen los recursos para la creación de perfiles ficticios y la capacitación de agentes? La opacidad del proyecto es un recordatorio de que la seguridad no puede ser excusa para la falta de transparencia en una democracia.
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Un futuro incierto
La creación de esta unidad encubierta no es un hecho aislado, sino parte de una política de seguridad que prioriza la fuerza sobre la institucionalidad. En un contexto de creciente crisis social y política, este tipo de iniciativas representan un peligroso retroceso para la democracia argentina.
Es imperativo que los organismos de control y la sociedad civil exijan mayor transparencia y límites claros a este tipo de proyectos. La seguridad no puede construirse a expensas de los derechos y garantías fundamentales.
Fuentes:
https://eleconomista.com.ar/actualidad/crean-unidad-especial-agentes-encubiertos-investigar-delitos-complejos-argentina-n79770
????La caída del ingreso de los pequeños productores de yerba mate llega al 80% mientras los supermercados venden a precios inflados. La desaparición del Instituto Nacional de la Yerba Mate y el abandono estatal complican aún más la situación
— En Orsai (@EnOrsai) November 23, 2024
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