De la libre competencia a la precarización creativa

El Decreto 1036/2024, publicado en el Boletín Oficial, tiene como propósito derogar el régimen establecido en el Decreto 736/2023, que regulaba los derechos de reproducción reprográfica de obras literarias.

El Decreto 736/2023 autorizaba a CADRA (Centro de Administración de Derechos Reprográficos) como la única entidad encargada de administrar los derechos de reproducción de obras literarias en Argentina. Esto incluía libros, publicaciones periódicas y similares, en formatos analógicos o digitales.

Las funciones de CADRA era recaudar y distribuir retribuciones por derechos de reproducción y convenir con terceros los métodos de cobro.

Según el gobierno libertario de Javier Milei el decreto actual señala varios problemas en la implementación del régimen establecido por el Decreto 736/2023 como la imprecisión y falta de trazabilidad. Según el texto, resultaba imposible determinar de manera precisa qué obras eran reproducidas y cómo distribuir correctamente las retribuciones entre autores y editores.

También señala el impacto económico negativo, según el gobierno libertario, la regulación generaba "inequidades injustificadas" y afectaba tanto a los comercios de fotocopiado como a los usuarios finales, ya que los costos se fijaban de manera arbitraria.

La restricción de competencia, al otorgar exclusividad a CADRA, se impedía la libre competencia entre asociaciones de autores y editores, violando principios de concurrencia económica.

Por último, la incompatibilidad con el derecho de autor. Se señala que los autores y editores deberían ser libres de elegir quién y cómo representa sus derechos.

Los Fundamentos libertarios de la Derogación

El gobierno de Javier Milei justifica la eliminación del régimen basado en la necesidad de garantizar la libre competencia y la circulación de bienes y servicios, conforme al artículo 2° del Decreto 70/2023.

Señalan la intención de proteger la sostenibilidad económica de los comercios de copiado y asegurar precios de mercado no distorsionados y respetar la libertad de los autores y editores para gestionar sus derechos de propiedad intelectual.

Por este motivo se deroga y se elimina formalmente el Decreto 736/2023 y con él, el régimen exclusivo de CADRA para gestionar los derechos reprográficos. El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación.

El decreto 1036/2024, que modifica las disposiciones sobre la recaudación y administración de derechos de reproducción de obras literarias en Argentina, ha generado una fuerte controversia en diferentes sectores. Este decreto, impulsado por el gobierno de Javier Milei, redefine qué constituye una reproducción pública o privada, limitando el alcance de los derechos de autor y las entidades que los gestionan, como CADRA y SADAIC.

Principales críticas

El impacto en los derechos de autor y la propiedad intelectual es uno de las principales criticas. Diversos músicos, escritores y actores culturales han señalado que el decreto limita la capacidad de los creadores para cobrar por el uso de sus obras, lo que podría desincentivar la producción cultural en el país. Diego Boris, ex presidente del Instituto Nacional de la Música, advirtió que las definiciones vagas del decreto pueden dar lugar a abusos y judicializaciones prolongadas, complicando aún más el cobro de estos derechos.

Como siempre, ahora se benefician a grandes sectores empresariales. Críticos, también apuntan a que el decreto favorece principalmente a sectores empresariales, como cadenas hoteleras y de eventos, al eliminar pagos por derechos de reproducción. Esto se interpreta como una transferencia de recursos desde los creadores hacia grandes corporaciones.

En el ámbito digital, no se especifica claramente cómo se regulará el pago por reproducciones en internet, dejando un vacío que podría perjudicar a los autores de publicaciones digitales. Hay una clara debilidad en la reglamentación. Este punto ha sido señalado como una "zona liberada" que requerirá ajustes normativos en el futuro.

Desde el gobierno de Javier Milei, funcionarios como el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, han defendido el decreto como un avance hacia la eliminación de "curros" y un alivio para los usuarios privados. Sin embargo, estas declaraciones han sido percibidas como una minimización de la importancia de los derechos de autor.

La medida ha sido recibida con preocupación en redes sociales y por asociaciones culturales, que alertan sobre el debilitamiento de la normativa de propiedad intelectual, vigente desde 1933, y la vulneración de derechos que protege a quienes generan contenido cultural y educativo en el país.