En la última reunión del Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las Personas Con Discapacidad, la Superintendencia de Servicio de Salud anunció un aumento del 3% en los aranceles de las prestaciones, una decisión criticada por los representantes de los prestadores que enfrentan dificultades para cubrir sus obligaciones.

En un contexto de crisis económica y aumento de los costos, la reciente decisión del gobierno de Javier Milei de otorgar un aumento del 3% en los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad ha generado una ola de indignación y desesperación entre los prestadores. La última reunión del Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las Personas Con Discapacidad, llevada a cabo el 4 de julio de 2024, se convirtió en un campo de batalla verbal donde las necesidades del sector chocaron con la indiferencia gubernamental.

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La Superintendencia de Servicio de Salud, representada por el Lic. Gabriel Gonzalo Oriolo, justificó el escaso aumento alegando que otorgar un porcentaje mayor llevaría a la quiebra al organismo. Sin embargo, los representantes de los prestadores rechazaron este argumento, señalando que no podían esgrimir tal excusa ante sus propias obligaciones con la AFIP, sus empleados y otros gastos operativos. La respuesta del gobierno parece ignorar la realidad económica que enfrentan quienes brindan servicios a las personas con discapacidad.

El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Dr. Diego Spagnuolo, propuso que se votara este aumento del 3% sobre los aranceles de mayo, una propuesta que fue aprobada por mayoría, aunque con la negativa de los representantes de los prestadores. Spagnuolo, en un tono que rozaba la condescendencia, afirmó que si se hubiera aceptado el decreto de desregularización de los aranceles, tanto el PAMI como la ANDIS habrían podido dar "unos puntos más" de aumento, culpando implícitamente a las organizaciones por su propia miseria.

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Los representantes de los prestadores no se quedaron callados. Plantearon que si el Fondo Solidario de Redistribución no puede cubrir un aumento acorde a la inflación, las obras sociales que reciben aportes deberían hacerse cargo de la diferencia. Recordaron que sindicatos como Utedyc y Sanidad han establecido aumentos significativos para los mismos meses, lo que evidencia la desconexión entre las decisiones gubernamentales y la realidad del sector.

El Superintendente Oriolo intentó calmar los ánimos anunciando que se estaba trabajando para que las obras sociales paguen en 20 días. Sin embargo, los prestadores señalaron que este esfuerzo sería insuficiente si los aumentos no reflejan la realidad económica. La promesa de Oriolo se quedó corta frente a la necesidad de un cronograma de aumentos arancelarios ajustados a la inflación mensual más un porcentaje adicional que permitiera la recuperación.

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Spagnuolo, en una demostración de desdén, sugirió que las instituciones solo quieren cobrar, insinuando que pedir un pago justo por un servicio prestado es indebido. Esta postura resulta irónica en un gobierno que ha permitido aumentos desmedidos en varios rubros y que ahora pretende castigar a las organizaciones que expresan opiniones diferentes a las oficiales. Las declaraciones de Spagnuolo contrastan con el compromiso expresado en febrero de este año, cuando afirmó que a partir de mayo, una vez que bajara la inflación, se podrían dar aumentos que permitieran la recuperación. El aumento del 3% desmiente esa promesa.

El panorama es desalentador. Las organizaciones han mostrado disposición a revisar normativas y buscar mejoras, pero estas iniciativas han sido sistemáticamente ignoradas por los funcionarios. Las decisiones actuales parecen ser el resultado de una visión que considera a las personas con discapacidad como un lastre económico y a los prestadores como aprovechadores. Este enfoque no solo es injusto, sino que pone en peligro la calidad de vida de miles de personas que dependen de estos servicios.

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El contexto es agravado por la falta de voluntad del gobierno de Javier Milei para escuchar las necesidades del sector. En lugar de trabajar en soluciones que permitan una verdadera recuperación y sostenibilidad de las prestaciones, se opta por medidas que perpetúan la precariedad y la incertidumbre. Las organizaciones, los prestadores y, sobre todo, las personas con discapacidad, merecen mucho más que promesas vacías y aumentos irrisorios.

En conclusión, el gobierno de Javier Milei demuestra una vez más su desconexión con la realidad y su falta de compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad. El aumento del 3% en los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad no solo es insuficiente, sino que refleja una indiferencia peligrosa hacia las necesidades de aquellos que más lo necesitan. La lucha por una verdadera política de Memoria, Verdad y Justicia debe incluir también la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y el reconocimiento de la labor de quienes les brindan servicios esenciales.

Fuente:

Foro Permanente Discapacidad

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