La Mano Dura del Gobierno ante el Descontento Social

(Por Osvaldo Peralta - @OPeraltaOK) En un clima de creciente tensión social y económica, el gobierno argentino ha optado por una estrategia de represión y control como respuesta a las manifestaciones de descontento que se están multiplicando en todo el país. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha ordenado el envío de 200 gendarmes a la provincia de Misiones para frenar la protesta de policías retirados que exigen una mejora salarial, sumándose así a las manifestaciones de docentes y otros sectores estatales.

La situación en Misiones es particularmente delicada. Durante la madrugada del 17 de mayo de 2024, un grupo de policías retirados inició una protesta frente al edificio del Comando Radioeléctrico en Posadas, tomando el edificio de manera pacífica. Esta acción se produce en un contexto de reclamos salariales que ya venían siendo encabezados por los docentes, quienes han llevado a cabo paros y cortes de rutas y avenidas. La protesta de los maestros ha arrastrado a otros sectores, como los trabajadores de la salud y, más recientemente, a la policía, creando un escenario de tensión que amenaza con desbordarse.

La ministra Bullrich no ha dudado en establecer un comité de crisis que incluye al gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, con el objetivo de contener la situación. Esta medida, que implica el despliegue de fuerzas de seguridad adicionales, ha sido interpretada por muchos como un intento de intimidación y control, más que como una solución efectiva a las demandas legítimas de los manifestantes.

El gobierno provincial había anunciado nuevas escalas salariales para los policías y los integrantes del Servicio Penitenciario, pero estas fueron rechazadas por los uniformados, evidenciando la insuficiencia de las propuestas ante la grave crisis económica que atraviesa el país. La movilización de los gendarmes, lejos de apaciguar los ánimos, ha añadido una capa de tensión a un conflicto ya de por sí complejo.

Los docentes misioneros en lucha se manifestaron este viernes frente a la Cámara de Representantes de Misiones

Paralelamente, en la provincia de Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo ha intensificado la colaboración con la Gendarmería Nacional para fortalecer la seguridad en la región. En una reunión reciente con altos mandos de la fuerza, se discutieron estrategias para profundizar las operaciones de seguridad tanto en el norte como en el sur de la provincia. Jaldo subrayó la importancia de esta cooperación para asegurar la paz y la tranquilidad de los tucumanos, destacando que los resultados obtenidos hasta ahora han sido positivos.

Esta coordinación estrecha entre las fuerzas de seguridad nacionales y las autoridades provinciales en Tucumán refleja una tendencia preocupante: el uso creciente de la represión estatal como herramienta para manejar el descontento social. La presencia de gendarmes en Misiones y las medidas de seguridad reforzadas en Tucumán no son hechos aislados, sino parte de una estrategia más amplia del gobierno nacional para mantener el control en un país donde las protestas y los reclamos sociales están en aumento.

El trasfondo de estas medidas represivas es una economía en declive, marcada por la pérdida de empleos y el cierre de empresas. Según Juan Pablo Marino, columnista de Radio 10, la industria y la construcción están en caída libre, con suspensiones y despidos que afectan tanto a pequeñas empresas como a grandes corporaciones. Marino cita ejemplos concretos como FV, la mayor fabricante de grifería de Argentina, que ha suspendido a 800 operarios, y Acindar, que ha frenado su producción en Villa Constitución, afectando a miles de trabajadores.

El gobernador Jaldo, en los últimos días, reunido con la cúpula de Gendarmería provincial.

Este colapso económico se traduce en un mercado interno debilitado, donde la pérdida del salario real y la reducción del consumo agravan aún más la situación. Las empresas, enfrentadas a una caída dramática en las ventas, se ven obligadas a tomar decisiones drásticas para sobrevivir, como suspensiones masivas y despidos, lo que a su vez alimenta el ciclo de recesión y descontento social.

En este contexto, la respuesta del gobierno de enviar gendarmes a Misiones y reforzar la seguridad en Tucumán no hace más que evidenciar la incapacidad de las autoridades para abordar las causas subyacentes de la crisis. Las políticas de ajuste económico, que han llevado a una pérdida significativa de empleos y al deterioro de las condiciones de vida, no pueden ser contrarrestadas con represión y control policial.

La pregunta que muchos se hacen es hasta cuándo podrá el gobierno sostener esta estrategia de represión sin abordar los problemas estructurales que generan las protestas. La historia ha demostrado que la represión solo puede silenciar las voces del descontento por un tiempo limitado. Sin soluciones concretas y efectivas a las demandas de la población, el riesgo de un estallido social es inminente.

La imagen viralizada del gendarme amenazando con desalojar a docentes a escopetazos

En conclusión, la situación en Misiones y Tucumán refleja una estrategia de control estatal frente a un descontento social en aumento, una respuesta que, lejos de resolver los problemas, parece destinada a exacerbar la tensión y el conflicto. El gobierno nacional, al priorizar la represión sobre el diálogo y la solución de los problemas económicos, podría estar sembrando las semillas de una crisis aún mayor en el futuro cercano.

Fuentes:

https://www.lapoliticaonline.com/politica/bullrich-manda-200-gendarmes-a-misiones-y-arma-un-comite-de-crisis-para-frenar-la-protesta-policial/

https://www.eltucumano.com/noticia/actualidad/300653/tucuman-y-gendarmeria-coordinan-acciones-para-fortalecer-la-seguridad-en-la-region?dnd=psecciona&src=tit&pos=4&dis=desk

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