(Por Nicolás Valdez) La empresa estatal Agua y Saneamientos Argentina (Aysa) ha enviado una polémica propuesta al Gobierno, buscando un aumento de tarifas del 209% en el servicio de agua potable y cloacas a partir de abril. Además, plantea una actualización mensual a partir de mayo, basada en los salarios y la inflación, con una revisión adicional en julio vinculada al desempeño económico y los precios.

La propuesta, que será debatida en una audiencia pública convocada por la Secretaría de Obras Públicas el próximo miércoles 27 de marzo a las 10 horas, ha generado gran preocupación entre los usuarios.

Según la información proporcionada en la Resolución 2/2024 de Obras Públicas, Aysa estima que a partir de octubre no requerirá más subsidios del Tesoro nacional para su funcionamiento. Sin embargo, la propuesta de aumento tarifario plantea un escenario desafiante para los usuarios.

Si la suba es aprobada, los hogares de la Ciudad y el Gran Buenos Aires experimentarán aumentos significativos. Por ejemplo, los hogares del nivel zonal "alto" pasarían de pagar $6,236 en marzo a $19,269 en abril, según las estimaciones. Mientras tanto, los hogares de niveles "medio" y "bajo" también enfrentarían incrementos sustanciales en sus facturas.

La empresa propone una indexación mensual a partir de mayo, utilizando una fórmula polinómica que combina la evolución del índice general de salarios, la inflación mayorista y la inflación minorista. Esta medida, aunque pretende garantizar la sostenibilidad financiera de Aysa, plantea preocupaciones sobre la carga económica adicional que enfrentarán los ciudadanos.

Previo a esta propuesta, Aysa había presentado un incremento del 138% a partir de febrero, que fue rechazado por el ministro de Economía, Luis Caputo. La empresa argumenta que este ajuste permitiría un ahorro estimado de $440,000 millones para marzo de 2024, mejorando la eficiencia y la equidad.

Sin embargo, la incertidumbre y las críticas crecen entre los usuarios, ya que este aumento podría recaer significativamente en sus bolsillos, afectando la ya compleja situación económica del país. La audiencia pública del 27 de marzo será un escenario crucial para debatir los pros y contras de esta polémica propuesta de Aysa.

Aysa pide un impactante aumento del 209% además de una actualización mensual by EnOrsai on Scribd

Según la Resolución 2/2024 de la Secretaría de Obras Públicas, publicada en el Boletín Oficial el 5 de marzo de 2024, se convoca a una Audiencia Pública para discutir la propuesta de adecuación tarifaria presentada por AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (AYSA), una empresa del Sector Público Nacional en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

La Autoridad de Aplicación del Marco Regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales, en este caso, la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, es quien convoca y presidirá la Audiencia en busca de un aumento tarifario.

La propuesta de adecuación tarifaria según se señala en el Boletín Oficial fue verificada por la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) y la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA). La Audiencia Pública se llevará a cabo el 27 de marzo de 2024, y su desarrollo se transmitirá mediante una plataforma digital.

La resolución destaca que la participación ciudadana es esencial para los mecanismos que aumentan la transparencia de los actos de gobierno, aseguran el acceso igualitario a la información y amplían la participación de la sociedad en los procesos decisorios de la administración. Aunque la Audiencia Pública no es obligatoria según el Marco Regulatorio, se considera oportuno para fomentar la participación ciudadana y la transparencia en la toma de decisiones.

Encomienda al ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) la implementación y organización de la Audiencia Pública, estableciendo que toda persona física o jurídica puede participar, invocando derechos subjetivos, intereses simples o derechos de incidencia colectiva relacionados con la temática a tratar.

Finalmente, la Autoridad Convocante, en un plazo no mayor a treinta días después de recibir el informe final por parte del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), deberá fundamentar su resolución final, explicando cómo se han tenido en cuenta las opiniones de la ciudadanía y las razones por las cuales se aceptan o rechazan.