La multinacional Dow anunció el cierre definitivo de su planta de producción de polioles en Santa Fe, despidiendo a 120 empleados y dejando un vacío industrial en una zona clave para la economía argentina. En un contexto marcado por la inestabilidad laboral y el ajuste promovido por el gobierno de Javier Milei, el cierre de esta planta evidencia una alarmante tendencia hacia la desindustrialización y el abandono de los trabajadores.

El anuncio del cierre de la planta de polioles de Dow en Puerto General San Martín, Santa Fe, no sólo representa un golpe para los 120 trabajadores que quedarán sin empleo, sino que es un duro síntoma del deterioro económico y productivo que atraviesa la Argentina. Mientras la empresa justifica la clausura por una “retracción global de la demanda de poliuretanos”, las implicancias de este cierre van mucho más allá de lo que Dow declara. En el trasfondo, se puede vislumbrar una desatención crónica del gobierno de Javier Milei hacia las políticas industriales y un contexto de ajuste neoliberal que no augura un futuro próspero para la producción nacional.

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La planta clausurada no era simplemente una instalación más: era la única fábrica en el país capaz de producir poliuretanos, insumo crucial para sectores como la industria automotriz, la fabricación de colchones y electrodomésticos, entre otros. Con el cierre de esta planta, la Argentina no solo pierde una fuente importante de empleo, sino también soberanía industrial. Esta situación es reflejo de una tendencia alarmante: la multinacional, que lleva más de 65 años en el país, ha decidido priorizar sus operaciones en Brasil, otro indicio de cómo la falta de políticas industriales firmes está permitiendo que el país quede rezagado en la competencia internacional.

El cierre de Dow en Santa Fe no puede analizarse en aislamiento. Debe comprenderse en el contexto más amplio de las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei, quien parece decidido a destruir cualquier vestigio de la industria nacional a favor de una economía de mercado desregulada, donde el capital extranjero toma las decisiones más importantes mientras el Estado mira desde el margen. Las consecuencias de estas políticas son claras: empresas como Dow prefieren reducir sus operaciones en Argentina y concentrarse en mercados más estables y rentables, como el brasileño, mientras los trabajadores argentinos quedan a la deriva.

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La explicación de la empresa, que intentó desligarse de cualquier responsabilidad hacia el contexto nacional, es, cuando menos, cínica. ¿Cómo puede sostenerse que la situación de Argentina no influye en las decisiones empresariales cuando la inflación descontrolada, la devaluación de la moneda y el desmoronamiento de los acuerdos laborales son una realidad diaria para las empresas y los trabajadores del país? Este desinterés por el contexto local refleja no solo la lejanía de la multinacional con los problemas nacionales, sino también la falta de un gobierno que intervenga a tiempo para evitar catástrofes como esta.

Este no es el primer intento de Dow de cerrar su planta en Santa Fe. En 2021, la multinacional había anunciado la misma intención de abandonar el país, aunque en ese momento la intervención del gobierno del Frente de Todos, junto con las negociaciones gremiales, logró frenar el cierre y mantener la producción activa. Tres años más tarde, el contexto ha cambiado drásticamente: el gobierno de Milei no parece tener interés en intervenir ni en proteger las fuentes de trabajo de miles de argentinos.

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El gobierno de la provincia de Santa Fe, encabezado por Maximiliano Pullaro, ha dictado la conciliación obligatoria, extendiendo la negociación hasta el 14 de octubre, pero pocos confían en que esta medida logre revertir la decisión de Dow. Si bien el Ministerio de Trabajo ha intervenido para mediar en la disputa, los trabajadores sienten que están enfrentando una batalla perdida. “Esta vez no lo veíamos venir”, confesó un empleado de la planta, señalando que, a diferencia de 2021, el apoyo político y sindical parece mucho más débil en esta ocasión.

Las consecuencias del cierre de Dow en Puerto General San Martín se extienden más allá de las 120 familias que quedan directamente afectadas. La región del Cordón Industrial es una zona clave para la producción en el país, y cada fábrica que cierra significa un paso más hacia la desindustrialización de Argentina. Las industrias petroquímicas, como la de Dow, no solo generan empleo directo, sino que también alimentan una vasta red de empresas y servicios que dependen de su producción.

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Además, el cierre de esta planta debilita la capacidad productiva del país, obligando a la Argentina a importar insumos que antes se producían localmente, incrementando los costos de producción para las industrias nacionales. En lugar de generar valor agregado y empleo local, el país se vuelve más dependiente del exterior, lo que es, sin duda, una receta para el fracaso económico a largo plazo.

El gobierno de Javier Milei ha demostrado una actitud claramente indiferente hacia la crisis industrial que enfrenta el país. Lejos de intervenir para proteger a los trabajadores y fomentar la inversión productiva, su gestión ha priorizado el ajuste fiscal y la apertura indiscriminada de la economía. Bajo su mandato, las empresas extranjeras encuentran en Argentina un terreno fértil para reducir operaciones y minimizar costos, sin consecuencias políticas ni económicas.

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En este sentido, el caso de Dow es un ejemplo paradigmático de la incapacidad del gobierno actual para defender los intereses del país. Mientras las multinacionales reestructuran sus operaciones para maximizar sus beneficios, los trabajadores argentinos son abandonados a su suerte, sin un Estado que los proteja ni una estrategia de desarrollo industrial que garantice su futuro.

El cierre de la planta de Dow en Santa Fe no es solo un caso aislado; es una advertencia sobre el futuro de la industria en Argentina bajo las políticas actuales. El gobierno de Javier Milei, con su falta de acción y sus políticas de ajuste, está permitiendo que el país pierda su capacidad productiva, dejando en el camino a miles de trabajadores que dependen de estas industrias para subsistir. Si no se revierte esta tendencia, el panorama que se vislumbra es desolador: un país cada vez más dependiente del exterior, con menos empleos y menos producción local. La pregunta es si la sociedad argentina está dispuesta a tolerar este destino o si luchará por un modelo productivo que defienda a su gente y a su industria.

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