Milei está por elegir para presidente del Banco Central al socio de Caputo en Anker, Santiago Bausili. Un ex funcionario macrista con importantes causas judiciales que preocupa al resto de la sociedad.

Recordemos que en el entramado de decisiones clave sobre la deuda pública durante el Gobierno de Macri, se ha desvelado un capítulo que ha llevado al procesamiento del ex secretario de Finanzas, Santiago Bausili. La investigación se remonta al denominado "Megacanje II", un periodo crucial donde se negociaba con los holdouts y se reestructuraba la deuda del país.

Los detalles revelan que Bausili, quien había ocupado cargos destacados en el Deutsche Bank antes de su incursión en la función pública, se encuentra en el centro de una controversia por haber colocado deuda pública en la misma entidad en la que había trabajado anteriormente. El juez Sebastián Casanello dictaminó que estas acciones fueron incompatibles con su rol como funcionario público, estableciendo un procesamiento y un embargo millonario sobre sus bienes.

El foco de la investigación se centra en la presunta intención de Bausili de beneficiar al Deutsche Bank, donde había sido director en el área de 'Latin American DCM en Treasury Solutions'. Se reveló que, durante su tiempo en la función pública, Bausili recibió acciones de la entidad, lo que generó sospechas sobre un posible conflicto de intereses al intervenir en decisiones relacionadas con el Deutsche Bank mientras ejercía su cargo público.

El juez Casanello concluyó que estas acciones no fueron simples descuidos, sino movimientos intencionales que contradecían las normas éticas en el ejercicio de la función pública. Esta situación plantea debates sobre la transparencia y los vínculos entre el sector financiero y el gobierno durante esa etapa, generando interrogantes sobre la ética en las decisiones financieras clave que se tomaron en ese momento.

El caso de Bausili sirve como ejemplo de cómo los conflictos de interés pueden entrelazarse en el ámbito público y financiero, enfocando la atención en la necesidad de reglamentaciones más estrictas y una mayor transparencia en las decisiones que impactan en la economía de un país.