Uno no puede dejar de asombrarse que en el marco de la situación económica y social del País, el Estado destine más de 2.0000 millones de dólares para la compra de sofisticado armamento de guerra, constituyendo la mayor adquisición de armas de los últimos 40 años.
Lunes 27 de marzo de 2017 | 18:53
El lapso de 40 años no es casual. Remite a que las últimas adquisiciones de esa magnitud y naturaleza fueron realizadas por la última Dictadura Cívico-Militar. Repárese en el hecho de que ni siquiera para el único conflicto bélico que tuvo el País durante el siglo XX, Guerra de Malvinas, se realizó una operación similar.
La primera imagen que seguramente advierte la sociedad es ¿para qué destinar semejante cifra a la compra de armamento, cuando se suspende la entrega de medicamentos en el PAMI; se eliminan programas sociales, educativos y de salud; se les mezquina a docentes y científicos; se ahoga selectivamente a muchas Provincias y podría seguir con una larga lista.
Una segunda aproximación podría ser desde un lugar más específico como es la defensa y el desarrollo de la industria nacional armamentística. La pregunta obligada sería ¿por qué razón se destinan 2000 millones de dólares a la compra de material de guerra que no importa transferencia tecnológica -por estricta aplicación del código de seguridad que Estados Unidos impone a la venta de las armas que produce- y por otro lado, en el área de Defensa, se desmontan programas de desarrollo de industria nacional que generan trabajo para los argentinos y soberanía tecnológica?
Y la tercera, desde una perspectiva geopolítica y estratégica de seguridad nacional, ¿por qué razón compramos armas para una guerra convencional de despliegue territorial con el fin declarado públicamente por el Embajador de nuestro país ante los Estados Unidos (país proveedor del armamento) de desarrollar una “lucha contra el terrorismo”, cuando nuestro país no tiene ni puede tener una hipótesis de conflicto similar a las que se desarrollan en otras regiones del planeta?
Para ser más precisos aún: nuestro país es el único país, junto a EEUU, que en el continente americano sufrió la acción del Terrorismo. AMIA y la Embajada de Israel son los dos atentados, junto al de las Torres Gemelas, que tuvieron lugar en territorio americano. En síntesis: la agresión terrorista sólo puede darse, como en gran parte del planeta, bajo una metodología que nada tiene que ver con la guerra convencional, y para la cual el armamento adquirido, claramente, no sirve.
Sin embargo, hay algo peor aún: la operación de compra de armamento para guerra convencional, sumada a la declaración pública de que es para la “lucha contra el Terrorismo”, nos introduce de lleno en el plano geopolítico en una hipótesis de conflicto que no sólo nos es ajena, sino que pone en peligro la seguridad nacional. Esta claro que no ya bajo la forma de una invasión o ataque territorial, sino de una de las formas preferidas del Terrorismo: el ataque sobre objetivos civiles, metodología utilizada, precisamente y aunque parezca una redundancia, para provocar terror, en el más literal sentido de la palabra.
Seguramente la sociedad verá con mayor preocupación, y razón le asiste, el primero de los abordajes: ¿por que gastar tanta plata en armas de guerra cuando hay tantas necesidades en el país que no tienen ninguna respuesta por parte del Gobierno?
Pero es necesario señalar a tiempo, que la irresponsabilidad de introducir a la Argentina en conflictos que no le son propios, puede ocasionarnos problemas y dolores que tenemos la obligación de tratar de evitar que sucedan. A no ser que el tan promocionado “volver al mundo” sea algo mucho más tenebroso: transformar al País en comprador de armas de guerra, en un mundo donde la guerra ha pasado a ser, desde hace tiempo, un excelente negocio para un selecto club de países y una tragedia para todos los pueblos.
¿PARA EL TERRORISMO O PROTESTA SOCIAL?
— En Orsai (@EnOrsai) 27 de marzo de 2017
Piden la interpelación de Martínez y Malcorra por la compra de armas a EE. UUhttps://t.co/hrqmc58DIs pic.twitter.com/wndblehA0g