En el complejo entramado de desafíos que afronta una nación, la preservación de la salud de su población emerge como uno de los pilares fundamentales para el avance y la estabilidad. La fortaleza de un sistema de salud no solo resulta esencial para el bienestar individual de los ciudadanos, sino que también juega un papel crucial en el desarrollo socioeconómico de un país.

En Argentina, la concreción del derecho a la salud se configura a través de una intrincada red que comprende tanto el ámbito privado como el público. La garantía de acceso a los servicios se materializa mediante diversas vías, cada una desempeñando un rol importante en la atención médica de las personas.

En el ámbito privado, las compañías de medicina prepaga se presentan como una opción para aquellos que buscan recibir cuidados personalizados y una cobertura más amplia. Este modelo, que se sustenta en la afiliación mediante el pago de una cuota mensual, proporciona acceso a una amplia variedad de especialidades y comodidades.

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En contraste, las obras sociales, en su mayoría administradas por los sindicatos, también constituyen otro componente esencial en el sistema de salud argentino. Estas entidades ofrecen atención mediante acuerdos con profesionales y centros médicos, garantizando que los trabajadores y sus familias accedan a servicios de calidad.

En la coyuntura actual, el Gobierno nacional presentó un reciente marco regulatorio para la Medicina Prepaga y dio a conocer diversas modificaciones a la ley de Obras Sociales mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Esta iniciativa está enmarcada en la desregulación de la economía argentina y aborda distintos aspectos, algunos algo polémicos.

En este sentido, en una serie de medidas comunicadas por el presidente Javier Milei en cadena nacional, se estableció la derogación de los artículos que permiten "revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones" de las empresas de medicina prepaga.

Hasta este momento, las mismas ajustaban sus tarifas de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio de Salud o la Superintendencia, con incrementos sujetos a límites específicos en cada situación. Sin embargo, a partir de ahora, tendrán la facultad de aplicar las subas según su criterio, sin restricciones ni supervisión alguna.

De hecho, las empresas de medicina prepaga han anticipado que en enero se implementará un ajuste que alcanzará, al menos, el 40% en los planes de salud. No obstante, consideran que este incremento está lejos de satisfacer sus expectativas para el primer semestre del año. Se estima que quienes más sentirán las alzas son los 1,5 millones de pacientes que contratan directamente el servicio, sin derivar aportes.

Adicionalmente, dado que estas compañías ahora están contempladas dentro de la Ley de Obras Sociales, se vislumbra la posibilidad de que, tanto para quienes trabajan en relación de dependencia como para los monotributistas, exista la opción de redirigir directamente los aportes de la seguridad social hacia una medicina prepaga, en lugar de canalizarlos a través de una obra social. Este cambio potencial podría ofrecer a los afiliados una mayor flexibilidad en la elección de su cobertura de salud de acuerdo con sus necesidades y preferencias.

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Cabe recordar que antes existía una restricción que establecía que al ingresar a trabajar en un nuevo lugar, era obligatorio afiliarse a la obra social correspondiente a esa rama laboral, pero ahora se ha flexibilizado esta normativa, permitiendo a los trabajadores optar por cualquier obra social o incluso elegir una empresa de medicina prepaga, en lugar de quedar limitados a la afiliación obligatoria según su sector de empleo.

Bajo las nuevas disposiciones de la actual gestión nacional, los acuerdos entre empresas de medicina prepaga y proveedores ya no requieren la autorización del Estado. El Ministerio de Salud no tendrá la facultad de aprobar los montos de las cuotas para diferentes rangos etarios, ni de establecer porcentajes máximos generales de incremento en los servicios de salud privada.

En este nuevo escenario, las empresas de medicina prepaga tienen la libertad de fijar precios diferenciados para distintos grupos etarios al momento de la contratación del plan, con una variación máxima de tres veces entre el precio de la primera y la última franja etaria. Es imperativo que esta información esté detallada en el contrato de afiliación, incluyendo las edades y los porcentajes de aumento correspondientes.

La implementación de estas nuevas medidas plantea una serie de interrogantes sobre su impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos, así como en el funcionamiento de las obras sociales. La capacidad de elección expandida, permitiendo a los trabajadores seleccionar entre distintas opciones de cobertura de salud, genera incertidumbre sobre quiénes serán los más beneficiados con estos cambios. Además, surge la duda acerca de si los jubilados también tendrán la posibilidad de dirigir directamente sus aportes desde la ANSES hacia una medicina prepaga. A medida que el tiempo avance, estas incógnitas encontrarán respuestas, delineando el verdadero alcance y las implicaciones de estas transformaciones en el sistema de salud.

Cobertura de salud

El último informe del INDEC reveló cifras definitivas del Censo 2022, situando la población argentina en 46.234.830 habitantes. Dentro de estos datos, un aspecto destacado es la cobertura de salud, donde 27.787.124 personas (60,9%) cuentan con obra social o medicina prepaga, mientras que 16.317.432 (35,8%) dependen exclusivamente del sistema público. Un mínimo porcentaje, apenas 3,3%, opta por planes estatales de salud.

Comparando con el Censo 2010, se observa una mínima variación, ya que el 36,1% de la población dependía exclusivamente del sistema público, en tanto, en 2001, la salud pública cubría al 48,1%. Asimismo, se evidencia que ciertos grupos etarios, como los niños de 0 a 4 años, jóvenes de 20 a 35 años y adultos mayores de 50 a 64 años, recurren en mayor medida al sistema público de salud.

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Además, resulta alarmante que solo el 52,6% de la población entre 0 y 14 años cuente con obra social o prepaga, mientras que los mayores de 65 años disfrutan de una amplia cobertura, alcanzando el 94,1% (incluyendo la incidencia del PAMI).

En el ámbito regional, Santiago del Estero destaca por su mayor dependencia del sistema de salud público, con un 56,6%; en contraste con la Ciudad de Buenos Aires, que lidera con un 81,5% de acceso a cobertura de obra social o medicina prepaga.

Según un reporte de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME), la cantidad de beneficiarios de obras sociales ascendió a 15.380.000 argentinos en el último registro de marzo de 2023, registrando un aumento interanual del 2,64%. Este dato indica que aproximadamente el 33,6% de la población está cubierto por más de 290 entidades, aunque aún resta recuperar cerca de 800.000 beneficiarios para volver a los niveles pre-pandémicos.

Guillermo Gómez Galizia, presidente de CADIME, señala que este fenómeno se atribuye al deterioro del mercado laboral, impactado por la crisis económica, la inflación y las dificultades financieras, especialmente para las pymes. Además, factores como la presión fiscal y el elevado costo del empleo formal contribuyen a este panorama.

En los últimos 12 meses, las primeras 10 obras sociales nacionales experimentaron un incremento del 3,11% en la cantidad de afiliados. Esta variación, en comparación con el aumento general del 2,64%, refleja un crecimiento adicional en la concentración de afiliados en estas instituciones.

A su vez, hay que destacar que las 10 principales obras sociales concentran aproximadamente el 43% del total. Entre estas figuran: OSECAC, del sindicato de empleados de comercio; OSDE, medicina privada; OSPRERA, vinculada a trabajadores rurales; UPCN, del sindicato de estatales nacionales; UOCRA, que representa a trabajadores de la construcción; OSPE, orientada a petroleros; OSUTHGRA, para trabajadores gastronómicos y hoteleros; ASE, destinada al personal de dirección de empresas; Mutual Sancor, centrada en medicina privada; y UOM, del sindicato de trabajadores metalúrgicos.

El análisis demográfico y de salud en Argentina, resaltando la cobertura de más del 60% con planes de salud, revela desafíos persistentes. Mientras se enfrenta a brechas en la distribución por grupos etarios, las recientes medidas gubernamentales, como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), añaden complejidad al panorama. Si bien el aumento del 2.64% en beneficiarios de obras sociales muestra cierta estabilización, la recuperación total sigue siendo una tarea pendiente.

nota (www.elmejortrato.com.ar)