El controvertido proyecto de ley desata tensiones con los gobernadores y plantea cambios en la ley de hidrocarburos que podrían otorgar mayor poder a las petroleras en decisiones cruciales.
Redacción EnOrsai // Viernes 05 de enero de 2024 | 06:55
El proyecto de Ley Ómnibus, remitido al Congreso por el gobierno, ha suscitado un debate álgido en relación con su impacto en la Ley de Hidrocarburos 17.319. Con más de 40 modificaciones propuestas, algunas de estas reducen la injerencia estatal, otorgando una mayor autonomía a la industria para decidir el destino de los hidrocarburos.
Sin embargo, esta iniciativa ha generado fricciones con los gobernadores de las provincias petroleras debido a las amplias atribuciones que busca conferir al Poder Ejecutivo Nacional en la concesión de permisos y autorizaciones, los límites a las prórrogas y las alteraciones en el cálculo de las regalías.
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El texto introduce modificaciones significativas, subrayando la posibilidad de exportar hidrocarburos sin que el autoabastecimiento sea garantizado. En este sentido, el mercado interno ya no prevalecería sobre la exportación, lo que marca un quiebre con la primacía actual.
Este cambio fundamental se refleja en el artículo 258, donde se otorga al Poder Ejecutivo la facultad de regular la exportación de hidrocarburos por parte de los permisionarios, concesionarios y refinadores, eliminando la preeminencia del mercado interno.
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La controversia se agrava con la introducción del artículo 298, que otorga al Poder Ejecutivo Nacional la potestad de decidir sobre la otorgación de permisos, concesiones y autorizaciones, un tema que históricamente ha estado bajo la competencia de las provincias.
Este punto ha suscitado la preocupación de los gobernadores, quienes han cuestionado el cambio y exigido claridad sobre la redacción y el respeto a las jurisdicciones provinciales.
La incertidumbre también se extiende al régimen de regalías provinciales. El proyecto propone modificar el artículo 47, estableciendo una base de regalías en 15 por ciento, pero permite que las empresas ofrezcan montos por debajo de esta cifra, lo que podría impactar en los ingresos de las provincias.
Este proyecto, que busca actualizar la legislación vigente, ha desencadenado una disputa entre la centralización de decisiones y la autonomía provincial, desatando preocupaciones sobre el equilibrio entre el poder estatal y el empresarial en el sector de hidrocarburos.
#Cacerolazo en Acoyte y Rivadavia. La policía pide documento para amedrentar. Pero los vecinos no se mueven. pic.twitter.com/YdfQs2cNKJ
— En Orsai (@EnOrsai) January 4, 2024