La reciente manifestación de Axel Kicillof en Twitter, defendiendo abiertamente a Cristina Fernández de Kirchner, responde a un fallo judicial en su contra que no solo carece de pruebas, sino que representa un claro intento de persecución política bajo el esquema del “lawfare”. Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y uno de los dirigentes más cercanos a la ex presidenta, no escatimó palabras para denunciar lo que considera un ataque directo y selectivo hacia la líder peronista y, por extensión, hacia el propio sistema democrático. En su declaración, el gobernador señaló la falta de evidencia real en la causa Vialidad, la cual ha generado una condena anticipada sin un debido proceso. Pero este fallo es solo la punta del iceberg de una crisis institucional que va mucho más allá de los tribunales.

La postura de Kicillof resuena con las advertencias de numerosos dirigentes populares: la justicia, apoyada por un contexto político adverso, está jugando un rol que la distancia de la imparcialidad y la somete a intereses que trascienden las pruebas legales. El fenómeno del "lawfare" —una combinación de judicialización de la política y uso de los medios para destruir reputaciones— ha encontrado su auge en gobiernos que, como el de Javier Milei, buscan disciplinar y neutralizar a las voces opositoras, utilizando el aparato judicial y mediático como herramientas de censura efectiva. La defensa de Kicillof apunta directamente a este fenómeno, y en sus palabras, se revela una resistencia política en crecimiento que denuncia la instauración de un modelo de persecución y proscriptivo que pone en jaque al Estado de Derecho.

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La causa Vialidad, donde el fallo anticipado se ensaña con la figura de Fernández de Kirchner, es el ejemplo más nítido de cómo el aparato judicial ha sido instrumentalizado en una Argentina donde la independencia de los poderes empieza a ser un mito del pasado. Las pruebas de sobreprecios en la construcción de rutas, supuestamente dirigidas por la ex presidenta, son el pilar de una causa sin evidencias firmes, pero que busca, más allá de un veredicto, proyectar un mensaje político claro: cualquier dirigente popular que desafíe los intereses establecidos pagará un alto precio. En este contexto, la administración de Javier Milei parece decidida a intensificar estas prácticas, abrazando una estrategia que favorece a los sectores financieros y promueve una democracia restringida, marcada por la persecución judicial y la deslegitimación de la oposición.

El fallo contra @CFKArgentina en la causa Vialidad representa un hecho de una inmensa gravedad institucional: no hay ni una sola prueba en los expedientes, las obras se hicieron y no hubo sobreprecios, pero la condena ya está escrita.

Estamos ante un nuevo capítulo de este… pic.twitter.com/FgN5oFToOK

— Axel Kicillof (@Kicillofok) November 11, 2024

El respaldo que Kicillof ofrece a Fernández de Kirchner no es solo una muestra de solidaridad entre compañeros de lucha; representa una toma de posición que denuncia un peligro inminente para la democracia argentina. El actual panorama político está caracterizado por una creciente tensión entre las políticas económicas ultraliberales promovidas por Milei y la resistencia popular que insiste en la defensa de los derechos sociales y políticos. Los mismos sectores que apoyaron políticas de justicia social, educación pública y soberanía económica, hoy se ven acosados y perseguidos en tribunales que parecen responder a los designios de un gobierno que representa abiertamente los intereses del capital financiero.

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Este "nuevo golpe a las instituciones", como lo llama Kicillof, es, en efecto, una prueba palpable del plan de Milei de disciplinar al país, consolidando un modelo donde solo una voz, la de la derecha ultraliberal, pueda resonar en el ámbito político. La situación adquiere ribetes aún más oscuros cuando los medios de comunicación masivos, lejos de mantener una postura crítica y neutral, refuerzan este mensaje, ampliando el impacto de cada fallo en las redes y medios. Así, el "lawfare" en Argentina ya no se reduce a maniobras judiciales; es un entramado que incluye una alianza entre el poder judicial, el poder político de turno y los medios de comunicación, en un esfuerzo conjunto para marginar a la oposición.

La causa Vialidad marca un punto de inflexión en este proceso. Cuando Kicillof afirma que no hay pruebas en los expedientes y que las obras cuestionadas efectivamente se realizaron sin sobreprecios, está evidenciando una verdad incómoda: el fallo es una condena que ya estaba escrita, una decisión que responde más a un diseño político que a los principios del derecho. Esta verdad es escalofriante no solo para los seguidores de Fernández de Kirchner, sino para todos aquellos que ven en la democracia una herramienta de construcción colectiva y no un campo de batalla donde los opositores se destruyen por medios espurios.

Es en este marco que el lawfare se convierte en un engranaje más del plan de Milei y su gobierno. Los sectores de poder, representados en este caso por figuras del empresariado, el sistema financiero y una elite judicial, han encontrado en el actual presidente un aliado sin precedentes, dispuesto a sacrificar los principios democráticos en pos de sus intereses. Al apoyar públicamente a Fernández de Kirchner, Kicillof se convierte en un portavoz de quienes luchan por un país menos desigual, menos atado a los designios de los mercados internacionales y más enfocado en garantizar derechos y oportunidades para todos. La condena que él denuncia no es solo a una líder política, sino al derecho de los pueblos a construir su propio destino sin ser avasallados por el poder económico y judicial.

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El mensaje es claro: detrás de cada fallo judicial, de cada titular sensacionalista, hay una estrategia para poner fin al sueño de una Argentina inclusiva y soberana. La condena a Cristina Fernández de Kirchner es, en palabras de Kicillof, un capítulo más en un libro que Milei y sus aliados están empeñados en escribir, un libro donde solo algunos tengan voz, y donde aquellos que se oponen a los intereses establecidos sean silenciados o perseguidos. La defensa de Kicillof es, por tanto, mucho más que un respaldo a Cristina; es una declaración de guerra contra una forma de hacer política que, como él mismo expresa, amenaza con socavar las bases de la democracia.

Con este pronunciamiento, Kicillof ha dejado claro que la persecución a Cristina es una persecución a todos los que luchan por una Argentina libre y soberana. Este es el verdadero desafío de nuestro tiempo: enfrentar a quienes, bajo el manto de la justicia y la democracia, están llevando a cabo un plan de proscripción y disciplinamiento social que pone en peligro la esencia misma de la República.

????El fallo del caso Vialidad se define en Casación, exponiendo una sentencia cargada de inconsistencias y ambigüedades. La periodista Sofía Caram, denuncia una condena sin pruebas concretas, armada sobre interpretaciones y sin ninguna evidencia directa
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— En Orsai (@EnOrsai) November 11, 2024