El diputado Rodolfo Tailhade ha presentado un informe impactante titulado "Patricia Bullrich y su banda COPARON el Estado", donde se desnuda la red de influencias y posibles actos de corrupción que han permitido a excolaboradores de Bullrich ocupar cargos estratégicos en el gobierno de Javier Milei. Este informe, basado en una exhaustiva investigación, no sólo denuncia el uso indebido de una asociación civil sin fines de lucro para financiar la campaña de Bullrich, sino que también pone en evidencia cómo estos individuos han sido premiados con posiciones de poder.

Desde el nombramiento de Martín Siracusa como secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, hasta la designación de Silvia Miriam Elizabeth Turetsky como directora general de Administración, el patrón es claro: aquellos que formaron parte del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IES), una organización de fachada utilizada para recolectar fondos ilícitos, han sido recompensados con cargos gubernamentales. Siracusa, por ejemplo, ya había sido señalado por su enriquecimiento ilícito durante la gestión macrista, un hecho que parece haber sido olvidado o ignorado por la nueva administración.

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Uno de los aspectos más alarmantes del informe de Tailhade es la revelación de que esta red no sólo se limita al ámbito del Ministerio de Seguridad. Otros miembros del IES, como Alberto For y Adriana Laforgia, han sido colocados en posiciones clave en el gobierno de Milei, a menudo en cargos recién creados que parecen tener el único propósito de otorgarles un salario estatal. Esta práctica no sólo es una burla a la transparencia y eficiencia administrativa, sino que también plantea serias dudas sobre la verdadera agenda del actual gobierno.

Además de la cuestión de los cargos, Tailhade destaca casos específicos de corrupción durante la gestión de Bullrich como ministra de Seguridad, incluyendo la compra de equipamiento para la cumbre del G20 con sobreprecios exorbitantes. Esta operación, que benefició a la empresa Anta SRL, vinculada a Alejandro Alto, un colaborador cercano de Bullrich, es solo un ejemplo de cómo la administración anterior utilizó el Estado como un botín personal. El hecho de que estas mismas personas ahora ocupen puestos de poder en el gobierno de Milei no puede ser visto como una mera coincidencia.

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Otro aspecto inquietante es el rol de Gerardo Milman, quien, según el informe, tenía conocimiento previo del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. La eliminación de datos de su celular por parte de un miembro del IES, Jorge Adolfo Teodoro, quien también ha sido designado en un cargo gubernamental, refuerza la percepción de impunidad que rodea a estas figuras. La falta de acción judicial adecuada en este caso es un reflejo de un sistema que parece estar diseñado para proteger a los poderosos en lugar de buscar justicia.

El nombramiento de Carlos Manfroni como jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad es otro ejemplo de la desconexión entre la retórica y la práctica del gobierno de Milei. Manfroni, un conocido fascista y crítico de la democracia, fue responsable del espionaje ilegal a jueces durante la gestión macrista. Su presencia en un gobierno que se jacta de defender la libertad es, cuando menos, irónica.

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En conclusión, el informe de Tailhade es una llamada de atención sobre los peligros de permitir que personas con antecedentes cuestionables ocupen posiciones de poder. La incorporación de miembros de la "banda de Bullrich" en el gobierno de Milei no es solo un problema de ética política, sino una amenaza directa a la integridad de la administración pública y la justicia en Argentina. La falta de acción por parte de la justicia, como en el caso del fiscal Stornelli, quien parece actuar más como un cómplice que como un guardián de la ley, es una señal preocupante de hacia dónde se dirige el país.

El futuro de Argentina depende de la capacidad de sus instituciones para enfrentar y corregir estos abusos. La ciudadanía merece un gobierno transparente y honesto, y es responsabilidad de todos, incluidos los medios de comunicación, mantener un escrutinio constante sobre aquellos en el poder.

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— En Orsai (@EnOrsai) July 30, 2024