Esta fue la tercera ocasión en la que D’Alessandro fue convocado para rendir declaración ante la Comisión, y su presencia en esta instancia se concretó tras la derrota del candidato de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, en las recientes elecciones primarias. La comparecencia de D’Alessandro tenía como objetivo esclarecer los vínculos y la veracidad de los chats filtrados que involucran al ex ministro y a Silvio Robles, colaborador cercano del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

Dentro de este marco, D’Alessandro optó por adoptar una postura evasiva en relación con las preguntas concernientes a su conocimiento de Silvio Robles. En su intervención, alegó que los chats que habían sido filtrados y que estaban siendo utilizados como pruebas eran, en realidad, producto de lo que él denominó una "operación de inteligencia". Esta perspectiva era compartida con Silvio Robles, quien previamente había adoptado una actitud similar frente a las interrogantes planteadas por los legisladores oficialistas. Tanto D’Alessandro como Robles se ampararon en el artículo 18 de la Constitución Nacional para evitar responder ciertas preguntas formuladas por los miembros de la Comisión.

En sus declaraciones, D’Alessandro sostuvo que "la justicia ya se ha manifestado en este asunto". Él descartó la validez de los chats filtrados, argumentando que los resultados de diversas pericias y las confesiones de individuos detenidos respaldaban la noción de que los mensajes habían sido manipulados y alterados de manera concertada. En su opinión, la presentación de estos chats no tenía fundamento legal y podría inclusive conllevar acusaciones de calumnia o injuria.

D’Alessandro fue más allá al cuestionar la integridad de los chats que habían sido presentados como pruebas. En su testimonio, argumentó que, al tomar posesión de un teléfono, los mensajes podrían ser alterados y manipulados de manera sustancial. De acuerdo con su relato, lo que aparentemente era una filtración de conversaciones privadas constituía, en realidad, una elaborada operación de inteligencia diseñada meticulosamente.

En respuesta a una pregunta de la diputada Vanesa Siley, quien forma parte del Frente de Todos, sobre su renuncia a su cargo en el gobierno porteño, D’Alessandro declaró que había dimitido por motivos personales y subrayó que no pretendía utilizar su posición anterior como un escudo protector ante las acusaciones en su contra.

En lo referente a su presunta participación en los casos de coparticipación y el Consejo de la Magistratura, D’Alessandro negó haber tenido un "rol político". Él reiteró que su enfoque principal se centraba en asuntos relacionados con la seguridad y desmintió su involucramiento en la toma de decisiones del Consejo de la Magistratura. En cuanto al caso de coparticipación, indicó que su contribución se centró en proporcionar criterios técnicos para la transferencia de la Policía Federal.

La declaración de D’Alessandro se inscribe en el contexto de una investigación en curso sobre presunto mal desempeño judicial relacionado con el fallo de coparticipación en beneficio de la Ciudad de Buenos Aires. Otros individuos también fueron citados para prestar declaración, incluyendo a Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad. Sin embargo, Miguel Federico De Lorenzo, proveniente de la Secretaría de Jurisprudencia del máximo tribunal, no compareció en esta ocasión.

El fallo de coparticipación que desencadenó este proceso de juicio político fue promovido por el presidente Alberto Fernández, con el respaldo de varios gobernadores, y presentado mediante un proyecto a cargo del diputado Eduardo Valdés. El proceso aún debe incluir un careo con Héctor Marchi, ex secretario de Administración de la Corte, quien en una comparecencia anterior ante el Congreso acusó a la mano derecha de Rosatti de haberlo amenazado.

Adicionalmente, se aguarda la respuesta de los ministros de la Corte Suprema respecto a la posibilidad de levantar la supuesta reserva que limita a Silvio Robles de abordar libremente asuntos relacionados con la máxima instancia judicial. Esta restricción se basa en el artículo 8, inciso b, del reglamento de la justicia nacional. Su respuesta podría aportar una nueva dimensión a la comprensión de los hechos en cuestión.