El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1 ha ordenado al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la creación de un registro de desalojos en el barrio de La Boca y la apertura de una línea de comunicación directa para brindar asistencia rápidamente a cualquier vecino que denuncie la existencia de desalojos inmediatos y programados.

El fallo se produjo en el marco de un amparo colectivo presentado por un grupo de vecinos que denunciaron el incumplimiento de la Ley de Emergencia Urbanística y Ambiental del Barrio de La Boca.

Según informa el Defensor Oficial del Ministerio Público de la Defensa, Ramiro Dos Santos Freire, en la justicia civil hay alrededor de 200 desalojos en curso en el barrio.

El informe periodístico de Tiempo Argentino señala que, según datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, desde enero de 2021 hasta septiembre de 2022, hubo 691 familias despojadas del lugar donde vivían en todo el distrito, y que muchas de las personas que fueron desalojadas no denuncian el hecho ni solicitan el pago del subsidio habitacional.

Según informó el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, la justicia dispuso que el Gobierno lleve a cabo un registro de los desalojos que se denuncien y de su derivación y atención posterior. También se debe dar a conocer las líneas de atención previstas y protocolos de actuación a través de los canales oficiales de comunicación del Gobierno y de las Comunas.

La acción de amparo señala la necesidad de establecer medidas para revertir la situación de emergencia ambiental y urbanística del Barrio, en particular para prevenir los desalojos sistemáticos, que a su vez se vinculan con procesos de especulación inmobiliaria y gentrificación que desplazan a los habitantes del Barrio.