(Por Walter Onorato - @walteronorato) Con la firma del Vicejefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego César Santilli, se publicó la llamada a licitación pública nacional Nº 282-0962-LPU20, para la contratación de un “Servicio de Operación, Mantenimiento y Mejoras del Sistema de Administración de Infracciones con destino a la Dirección General Administración de Infracciones dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”

Según consta en el Boletín Oficial de la Ciudad del pasado jueves 10 de diciembre, la licitación se realizará el 13 de enero a las 15:00 horas, por un monto estimado de PESOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES ($ 1.776.000.000.-).La misma tiene por objeto la contratación del “servicio de mantenimiento integral (técnico, operativo y logístico), operación y actualización tecnológica permanente del sistema de gestión de administración de infracciones de tránsito y de faltas especiales que opera bajo la órbita de la Dirección General Administración de Infracciones (DGAI).” Repartición gubernamental se encuentra a cargo de Barbara Moramarco Terrarossa.

La multimillonaria licitación intentará cubrir el servicio de Procesamiento y Administración de Infracciones, abarcando la incorporación digital y el procesamiento de las actas de infracciones, la expedición de certificados de libre deuda, el registro de Antecedentes de Infracciones Varias y de Tránsito (scoring para conductores), entre otras cosas. El servicio incluye la instalación, la operación, mantenimiento y administración del equipamiento distribuido en dos centros de cómputos (primario y contingencia) que incluirá un aproximado de 400 estaciones de trabajo, mesa de ayuda con atención los 365 días del año, la gestión sobre la infraestructura de red junto con la comunicación en las Comunas y otros organismos relacionados.

El contrato tendrá una vigencia de cuarenta y ocho (48) meses consecutivos e ininterrumpidos, a contar desde la fecha de inicio del servicio. El gobierno de Horacio Rodriguez Larreta se reserva el derecho de prorrogar el contrato celebrado con quien resulte adjudicatario, bajo idénticas condiciones y respetándose los valores contractuales.

Actualmente el vecino de la Ciudad ingresaba a la página del Gobierno para saber si pesaban sobre su vehículo alguna infracción. La verificación del estado se realiza simplemente ingresando el DNI o el número de patente. Para acceder a la información sobre infracciones de tránsito pendientes de pago se debe ingresar a este link. Un sistema simple y sencillo ahora será privatizado quizás previendo una ola de tramitaciones de infracciones como producto de una nueva norma para el estacionamiento en la Ciudad que se extendió a casi todos los barrios porteños. Recordemos que la tarifa se pagará desde aplicaciones de internet o dispositivos para teléfonos móviles y se contará con un servicio de grúas para el traslado de los automotores en infracción también privatizado.

Si bien el Gobierno de Larreta argumenta que este nuevo sistema ayudará a ordenar el tránsito, cada vez quedan menos dudas de que se está conformando un sistema privatizado de recaudación sobre el tránsito vehicular. A la privatización del Sistema de Administración de Infracciones, el aumento indiscriminado del área de estacionamiento con sistema electrónico y la privatización del sistema de acarreo se le debe sumar la privatización del sistema de control electrónico de infracciones de tránsito, conocido vulgarmente como radares y foto-multas que será regenteado por una empresa que gane una licitación.

Recordemos que la contratación de este nuevo sistema de administración de multas les costará a los vecinos unos 1.776.000.000, mientras que la privatización del sistema de control electronico de transito unos $ 1.618.002.000.-). Lo que significa, sin contar el costo del servicio privado de grúas, la suma de 3.394.002.000. A esto debemos sumar el aumento del 55% en las tarifas de las autopistas porteñas para la cual el gobierno de Larreta convocó una Audiencia Pública para el 23 de diciembre de 2020 a las 12.00 horas. Sin lugar a dudas, Larreta está apostando a un sistema de recaudación sin precedentes sobre el parque automotor que circule sobre las calles de la ciudad.

El nuevo sistema que implementará Larreta a través de una empresa privada para la Administración de Infracciones incluirá la incorporación digital de las resoluciones administrativas y todo el sistema de infracciones. También incluye la promesa de un sistema de Autogestión que se integre con los sistemas de GEDO/SADE del GCBA y con la Boleta Única de Pagos. También deberá incluir la generación de notificaciones de infracciones tanto físicas como electrónicas, el desarrollo de un sistema de Gestión de Información Gerencial, el desarrollo del módulo de Auditoría de los Controladores Administrativos, de procesos automáticos de prosecuciones, resoluciones fictas y ejecuciones de deuda.

La responsable de la Dirección General Administración de Infracciones (DGAI) del Gobierno de la Ciudad, Barbara Moramarco Terrarossa, se desempeñaba hasta febrero de este año en la secretaria del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón del cual pidió licencia sin goce de haberes para sumarse en la dirección de este organismo de la Ciudad. Como dato anecdótico dicho juzgado a cargo del Dr. Jorge Ernesto Rodríguez, fue quien rechazó el pedido de habeas corpus a Julio de Vido en diciembre del 2018 en el marco de la causa caratulada "De Vido, Julio Miguel s/ley 23.098" cuando la actual “directora de Infracciones” de Larreta estaba a cargo de la Secretaría N°5 del citado juzgado.

Hace cuatro años el gobierno de la Ciudad realizó una fuerte inversión en la construcción de un edificio completamente nuevo en Hipolito Yrigoyen 2346, Balvanera, para el funcionamiento de la Dirección General Administración de Infracciones. Como describimos en este artículo, el sistema de recaudación sobre el tránsito vehicular de Larreta basado en Radares, Foto-multas, grúas, administración y pago de infracciones controlado por empresas privadas, no deja de ser quizás una prueba más de la planificación de un negocio entregado exclusivamente para asegurar ingresos extras a la ciudad más rica del país.