Otra vez: no son retenciones, sino el pago del derecho a poder exportar. El que no desea exportar no paga este impuesto, que también es conveniente recordar, es una potestad de todo estado soberano que persiga el fin de proteger su economía y a sus ciudadanos de los vaivenes del comercio internacional.
Lunes 16 de diciembre de 2019 | 07:43
(Por Sergio Villone) En este marco, una de las quejas de los afectados por esta medida es que atenta contra el libre comercio y pone a la Argentina en el lugar de un país atrasado que sanciona y desalienta la producción.
No es verdad.
Un informe elaborado en 2016 por el Directorio General para la Política Exterior del Parlamento Europeo y la base de datos sobre restricciones a las exportaciones compilada en 2014 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según publicó el diario pampeano La Arena.
El estudio realizado por la OCDE relevó las restricciones a las exportaciones aplicadas entre 2009 y 2012 en 72 países exportadores de materias primas industriales (minerales, metales y madera), y entre 2007 y 2011 en 16 países exportadores de materias primas agrícolas. Las restricciones comprendidas incluyen la prohibición de exportar un producto, el establecimiento de cuotas que limitan su volumen exportable, la imposición de retenciones y la exigencia de obtener licencias previas.
Durante los períodos analizados por la OCDE, los 16 países exportadores de materias primas agrícolas y 60 de los 72 países exportadores de materias primas industriales aplicaron alguna clase de restricción a sus exportaciones de esos productos. Específicamente, en materia agrícola, 13 de los 16 países prohibieron por completo la exportación de algún producto y 9 países aplicaron retenciones. La OCDE y el Parlamento Europeo coinciden en remarcar que el uso de esta clase de restricciones ha crecido durante la primera década de este siglo. Por ejemplo, la OCDE señala que tres cuartas partes de las restricciones vigentes en 2012 fueron adoptadas a partir de 2007.
La cifra actualizada por a 2019 suma a 111 países que aplican algún tipo de retención a sus exportaciones, sobre un total de 194 países reconocidos por la ONU (Organización de las Naciones Unidas). El dato fue confirmado ayer por el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEx), a partir de un trabajo de compilación realizado por Olga Solleder, economista que trabaja para el Centro de Comercio Internacional (ITC), la agencia conjunta de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la ONU.
Por su parte, el informe del Parlamento Europeo nos recuerda que las restricciones a las exportaciones sirven a objetivos de desarrollo importantes, incluyendo estabilizar el precio doméstico de bienes exportables que se consumen localmente, aumentar los ingresos fiscales, promover el valor agregado a las materias primas exportables y moderar la extracción de recursos no renovables.
Vale la pena detenerse en las conclusiones del estudio de la OCDE sobre las exportaciones de trigo, dada su importancia como ingrediente esencial de los alimentos que consumimos los argentinos. En 2008, ocho países, incluyendo cinco de los diez principales exportadores de trigo, controlaban su exportación de alguna manera: Argentina (retención), Rusia (prohibición), Ucrania (cuota), Pakistán (prohibición), Kazajistán (prohibición), China (retención), India (prohibición) y Kirguistán (retención). A pesar de esas restricciones, las exportaciones mundiales de trigo aumentaron 27 millones de toneladas respecto de 2007. La restricción argentina, consistente en una retención del 23%, fue derogada por Macri en 2015, con las consecuencias apreciables por cualquier compatriota que compre un kilo de pan en la panadería de su barrio.