Quieren debilitar al movimiento obrero para imponer el ajuste

(Por Diego Lanese) La fila de gendarmes se instaló, prolija, frente a la sede del sindicato de canillitas, en la calle Venezuela. A sus espaldas, las persianas bajas del gremio, que parecía vacío. Enfrente, una multitud de trabajadores y dirigentes gremiales, que se agolpaban ante el improvisado escenario, donde Omar Plaini llevó la voz cantante. Tenso, el dirigente habló de unidad, de avasallamiento y llamó a un paro nacional. En ese clima, el movimiento obrero intentó ponerle freno al peligrosa avance sobre la actividad sindical, que en la era PRO tiene demasiados casos como el de los canillitas.

Es que detrás de las justificaciones judiciales existe una pulseada de los gremios y el gobierno nacional, que viene aumentando la tensión y que con estos casos no se sabe a dónde puede terminar. La dirigencia advierte que este y otros episodios, como la crítica a la actividad de los abogados laboralistas, responden a un objetivo: instalar un nuevo paradigma laboral, muy parecido a la flexibilización. Esa es la principal conclusión a la que llegaron dirigentes de distintos espacios y centrales, consultados por Gestión Sindical. El objetivo, “aplicar el ajuste sobre los trabajadores”. Por eso, reclaman unidad, y una medida en conjunto para frenar esta ofensiva. El caso del SOMU, otro de los hechos que preocupan en el mundo gremial.

El Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Capital Federal y Gran Buenos Aires (SIVENDIA) fue intervenido por orden del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga supuestas irregularidades en las elecciones del 2013. Además, procesó a Plaini, histórico líder del gremio, quien fuera diputado nacional muy cercano a Hugo Moyano y hoy alineado al Frente Ciudadano que formó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta cercanía, sospechan, es parte de la razón para esta situación, que puso en guardo a todo el arco sindical.

Es que desde que Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada este no es un caso aislado: se estiman que hay al menos cuatro gremios en igual situación. El caso más resonante es el del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), en manos de una intervención muy cercana al oficialismo desde que se líder Omar “caballo” Suárez fue detenido. Pero además, en enero de este año el Ministerio de Trabajo dispuso la intervención de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA), por considerar que hubo irregularidades en su proceso electoral interno. Algo similar le sucedió al gremio de los vigiladores privados, cuyo titular Ángel García fue desplazado por la justicia. Ante este panorama, la dirigencia sindical sospecha de “una mano negra” del gobierno, y se prepara para resistir y defender “el modelo sindical argentino”.

Ofensiva judicial

La causa que derivó en la intervención del SIVENDIA se inició en 2013, cuando la lista Azul denunció a Plaini por irregularidades en los comicios. Luego de esto, la oposición no volvió a presentarse, y el proceso electoral quedó trunco, ya que se desconocieron los resultados que dieron ganador al secretario general. Esta semana, Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Federal N° 8, desplazó a Plaini y secuestró diversos elementos de la sede del gremio, en busca de demostrar el supuesto fraude. El caso explotó en la dirigencia sindical, que de inmediato se solidarizó con el dirigente, y comenzó a movilizarse para frenar la intervención.

Casi al mismo tiempo que la Gendarmería recorría oficinas y retiraban documentos y papeles de la sede sindical, al Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) se reunía para analizar el panorama actual del país. La idea era realizar un documento crítico, pero lo sucedido en el barrio del Balvanera crispó los ánimos. “Hay que hacer algo, vienen por todos”, dijo uno de los dirigentes presentes. El pedido se cristalizó con el llamado a una marcha para fin de mes, a la que buscarán sumar a la CGT.

“Este modelo entra con palos y sin gremios”, aseguró una fuente de la CATT consultada por Gestión Sindical. El sector tiene un peligroso antecedente del avance del gobierno sobre la actividad sindical: el intento de declarar “servicio esencial” el transporte público. “Es una limitación a la huelga, y un avasallamiento a los derechos de los trabajadores”, agregó la misma fuente. Para la confederación, el combo que intenta imponer el gobierno demonizando a los sindicatos y la justicia laboral se completa con estas medidas, con un claro objetivo. “Buscan imponer la flexibilización laboral”.

La respuesta gremial a la intervención el gremio de los canillitas fue esa asamblea abierta frente a la sede de la calle Venezuela, donde diversos gremios se dieron cita para rechazar la intervención y el desplazamiento de toda la cúpula del gremio. “Fuimos a expresarle nuestra solidaridad a los compañeros canillitas, ante este atropello de la justicia”, afirmó Valeria Tamarasco, secretaria de Comunicación de ATE Capital Federal. Esta organización, liderada por Daniel Catalano, fue una de las primeras en expresar su repudio, y se movilizó para llevar solidaridad a Plaini y sus dirigentes. En diálogo con Gestión Sindical, Tamarasco culpó “al partido judicial” por la medida, y al gobierno nacional, a quien acusó de “perseguir a quienes defienden a los trabajadores”.

En el acto, Catalano aseguró que “frente a la represión y persecución que sufren en este momento todas las organizaciones populares, tengan el color político que tengan, la discusión central es: oligarquía o pueblo, monopolios o democracia”. En tanto, el cierre del acto estuvo a cargo del propio Plaini, que volvió a rechazar “el avasallamiento oficial a las organizaciones y la política económica”, y aseguró que la intervención de su gremio fue decidida por “un grupo de trasnochados en una mesa de póker”. Ante los integrantes de la Juventud Sindical Nacional de la CGT, de gremios de ambas CTA y otras organizaciones, pidió al triunvirato nacional un paro, una idea que ronda la cabeza de la dirigencia en Azopardo.

Pelea de fondo

La intervención del gremio de canillitas no es un caso aislado, lo que maximiza la preocupación de la dirigencia. Desde que Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada, al menos cuatro sindicatos sufrieron estas situaciones. De fondo, alertan, lo que busca el proyecto oficial es imponer nuevas condiciones en materia laboral, la tan temida flexibilización, un tema que será parte de la agenda de campaña, en especial entre los dirigentes sindicales que serán parte de los frentes opositores. “No me cabe la menor duda, disciplinar al movimiento obrero a partir de la amenaza constante busca imponer un modelo de flexibilización laboral”, remarcó Carlos Ortega, titular del Sindicato de Trabajadores de la ANSeS (SECASFPI), enrolado en el Frente Sindical para la Victoria, que apoya al Frente Ciudadano. En diálogo con Gestión Sindical, el dirigente dijo que es ese espacio “vemos este escenario con mucha preocupación, es una forma de disciplinar a la dirigencia de los trabajadores, inventando causas que no existen. Vemos la mano del gobierno en esta situación”. “Porque Plaini tienen posición política salta un juicio que ya estaba resuelto, con cuestiones hasta secundarias, a cuatro meses de la elección interna del sindicato. Nos parece una locura, es tipo mensaje mafiosos, el que está del otro lado de la grieta lo vamos a intervenir”, agregó.

La mirada política está tan presente en este escenario que hasta la oposición a la conducción de Plaini en el gremio canillitas, que inició la causa judicial con la que se intervino el gremio, repudió el accionar del juez. Mediante un comunicado, José olivo, de la agrupación 7 de Noviembre, rechazó lo dispuesto por Martínez De Giorgi y habló de “escenario nefasto”. “Una vez más se puede ver el intento de afectar las herramientas con los que contamos los trabajadores para pelear por nuestras condiciones laborales. La intervención de la casa de los trabajadores, es un escenario nefasto, que deja en serio riesgo derechos constitucionales y gremiales”, agregó el documento.

El intento de aplicar medidas que flexibilicen las relaciones laborales no sólo se aplica al ámbito privado. En el Estado, varias medidas buscan la misma situación: reducir los derechos de los trabajadores. Para los estatales, el acuerdo entre el gobierno nacional y el gremio UPCN, que introduce al salario conceptos de presentismo y productividad, la reforma ya comenzó. “El plus por productividad todavía no bajaron como se va a efectuar, tiene muchos inconvenientes a la hora de medir o cuantificar, será muy difícil”, remarcó Tamarasco, de ATE Capital federal. La dirigente agregó que este tipo de pagos “son un chantaje, para cobrar más tenés que renunciar a tus derechos”. Según las directivas bajadas, por ejemplo, los estatales tienen 28 días anuales por estudios, pero a partir del 14 comienzan los descuentos. Lo extraño es que en algunas dependencias, donde existen mecanismo de productividad, fueron dados de baja, como en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INTI). Esto hizo que se realicen algunas, confirmó Tamarasco.

Contra los Abogados

El ataque a los gremios se completa con las críticas abiertas realizadas por el presidente de la Nación a los abogados laboralistas, personificados en sus dichos en el diputado nacional del Frente para a Victoria Héctor Recalde. En conferencia de prensa, Macri acusó al ex asesor de la CGT de comandar “una mafia” que fomenta “la industria del juicio”, por lo que pidió aprobar una nueva ley de ART, que limitará el accionar de los trabajadores ante la justicia. Lo dichos fueron tomados como un ataque al fuero laboral, por lo que la Asociación de Abogados Laboralistas, las dos CTA y varios gremios organizaron el miércoles pasado un acto de desagravio, en el que se defendió “la justicia del trabajo”. La actividad estuvo encabezada por el propio Recalde, el titular de la AAL Matías Cremonte y referentes de diversos espacios sindicales.

“Más que ir contra los dichos de Macri, de lo que se trata es de ir contra la política que impulsa el presidente respecto de los derechos de los trabajadores”, sostuvo José Rigane, secretario Adjunto de la CTA Autónoma, que participo del encuentro, al que calificó de “muy positivo”. “La intencionalidad del gobierno está expresada muy claramente, la idea de atacar a los abogados tiene que ver con atacar los derechos de los trabajadores, esta es una demostración clara y concreta de su persecución y su intento de imponer la flexibilización”, remarcó Rigane, en diálogo con Gestión Sindical. El dirigente unió estas situaciones con otras –como el procesamiento de dirigentes en Mendoza en el marco del paro nacional de la CGT o lo aprobado en Córdoba respecto de las futuras huelgas de los colectiveros –como “signos de la política regresiva en materia de derechos laborales del gobierno”.

Por los dichos de Macri se motorizaron dos denuncias. Una de Cremonte, que se realizará ante la ONU y el Alto Comisionado por la defensa de los Derechos Humanos, y otra de Recalde, ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, los abogados laboralistas pedirán una audiencia pública a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pero el unánime repudio no alcanzó para desactivar la “bomba” del oficialismo contra el sector, y en la misma semana un fallo de la Corte Suprema de Justicia le hizo un guiño a esta política. Es que el máximo tribunal determinó que un trabajador que pierde un juicio laboral debe pagar los costos del mismo. “Es un mensaje, ahora un trabajador que lo indemnizan mal, piensa que si lleva el caso a la justicia y no le dan la razón, tiene que pagar los costos. Termina pidiendo un préstamo a 100 años para pagar lo que debe, como el gobierno”, ironizó Ortega, del SECASFPI. “Atacan en diversos blancos para debilitar al movimiento obrero, a sus dirigentes, para imponer el ajuste”, remarcó el dirigente.

En tanto, Rigane aseguró que con este tipo de actitudes y fallos “quieren responsabilizar a los trabajadores de la crisis argentina, quieren echarle la culpa a alguien de lo que pasa en el país. Los trabajadores, que viven en un marco de injusticia permanente, tienen demasiadas exigencias para demostrar ante una ART que sufrieron un accidente laboral, que originan gastos, presentando un papel sobre otro. Y después resulta que no alcanza. Todo ese proceso que termina una demanda, es por incumplimiento del empresariado, pero Macri es parte de empresariado, entonces nunca habla de este tipo de cuestiones, habla de que supuestamente los trabajadores tienen tanto poder que usan a la justicia para que les dé la razón cuando no la tienen. Es una burda mentira”.

El ataque los abogados se da en el marco de la conmemoración de la llamada “noche de las corbatas, cuando la dictadura militar secuestró e hizo desaparecer a un grupo de letrados vinculados con los trabajadores, entre el 6 y 13 de julio de 1977 en la ciudad de Mar del Plata. Por eso, diversos gremios organizan homenajes, y piensan usar el recuerdo de este drama para criticar la actitud del gobierno contra el sector. A este acto se le podría sumar alguna movilización conjunta, y desde la CTA piden que sea “con un paro”. “Lo ideal sería que las centrales sindicales estuvieran convocando a una acción conjunta, una movilización o un paro nacional. Creemos que el problema es que a veces se ponen por encima de estas reivindicaciones que corresponden a toda la población los intereses políticos y partidarios, que genera una mayor división y perjudica al conjunto del movimiento obrero”, alertó Regina.

El caso del SOMU

Lo que sucede con el gremio canillita tiene un antecedente en la era Macri: en febrero de 2016, el Rodolfo Canicoba Corral ordenó la detención de Omar “caballo” Suárez, e intervino el al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Nombró a tres interventores, pero a los pocos días quedó una única persona al frente de la entidad: Gladys González, diputada nacional del PRO, ex candidata a intendenta de Avellaneda y actualmente compañera de fórmula de Esteban Bullrich. Desde ese momento, el gremio quedó bajo el comando del gobierno, primero con González y luego cuando esta dejar su cargo para ir al ACUMAR, a través de una persona de extrema confianza del ministro de Trabajo Jorge Triaca. Más allá de las complicaciones legales de Suárez, la intervención generó, por ejemplo, que los afiliados no tengan por dos años paritarias, y que haya serios problemas en la obra social. Pese a los reclamos para que se realicen elecciones, el gobierno no cede la conducción, bajo la escusa de combatir “las mafias” De hecho, se presenta a González como una candidata “anti mafias”, lo que cae muy mal en los gremios.

“González hizo un desastre en el SOMU, vació la obra social y cobró una salario sideral”, se quejó un dirigente del gremio en estricto off, consultado por Gestión Sindical. La semana pasada, dirigentes y afiliados realizaron una protesta frente a la cartera laboral, reclamando que se deponga la intervención y que se llame a elecciones lo antes posible, para no pasar otro año sin paritarias. En la jornada se marcó el malestar de los marítimos por el uso de la intervención sindical en la campaña de Cambiemos. “Si quieren posicionar a su candidata no lo hagan diciendo que los marítimos somos todos mafiosos. Suárez deberá hacer frente a la justicia, pero el resto somos trabajadores”, remarcó el mismo dirigente. Las elecciones del sindicato están congeladas, y el pedido para que sean en agosto parece lejano. Por el momento, en el ministerio hablan de un llamado a presentar listas y padrones para mediados del segundo semestre, y allí generar el proceso electoral. “Las autoridades, si pasa lo que están insinuando, terminan asumiendo en marzo del año que viene. No hay motivo para mantener más de dos años una intervención”, se quejó el dirigente.

Fuente: Gestión Sindical