El PLD, el partido más grande del país, estuvo durante 16 años consecutivos en la presidencia de la república, primero con Leonel Fernández y luego con Danilo Medina.

En la última elección, ganada por Luis Abinader, una serie de acusaciones de corrupción contra el gobierno de Medina impactaron la candidatura oficialista de sucesión, entonces representada por el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.

El llamado "Caso Calamar" involucra una investigación sobre un supuesto esquema de corrupción que habría ocurrido durante el gobierno del expresidente Danilo Medina. La fiscalía acusa a exministros y otros funcionarios de desviar recursos públicos y realizar operaciones financieras ilícitas.

Ahora, en vísperas de la elección, la fiscalía dominicana hizo público el documento completo de la acusación referente a uno de los casos más mediáticos que se conocen en el país. Los procedimientos adoptados por la fiscalía han sido comparados con el conocido guion del lawfare, un término popularizado en Brasil durante el caso del presidente Lula da Silva.

En la República Dominicana, además de exministros, la fiscalía, tras la victoria de Luis Abinader, inició procesos contra familiares y personas de confianza del expresidente Danilo Medina, acusándolos de corrupción. Cada uno de los casos recibió amplia cobertura mediática, con imágenes de operaciones nocturnas, filtraciones oportunas y declaraciones alarmistas proporcionadas por la propia fiscalía.

Durante casi cuatro años, diferentes figuras relevantes del PLD y del círculo de Medina fueron objeto de investigación por parte de la fiscalía, sin que hasta el momento se haya obtenido ninguna condena.

Se han observado arbitrariedades en el proceso, como la negación de información esencial o la imposición de prisión preventiva por largos períodos a los acusados, una medida que debería ser excepcional, pero que en estos casos se aplicó de forma generalizada.

Tras prorrogar en diversas ocasiones el plazo para presentar la denuncia final, la fiscalía del país decidió hacerlo en vísperas de la elección presidencial, el próximo domingo. El expediente acusatorio fue enviado a los medios de comunicación antes incluso de que las partes acusadas tuvieran acceso a él.

Este escenario tiene similitudes con las elecciones de 2018 en Brasil, cuando, a seis días de las elecciones, el entonces juez del caso Lava Jato, Sergio Moro, decidió filtrar a la prensa la delación premiada del exministro de Hacienda del primer gobierno de Lula, Antonio Palocci, con la intención de influir en la campaña política, a pesar de que esas declaraciones se habían hecho seis meses antes. Dos años después, se descubrió que la delación filtrada a la prensa no contenía pruebas y era, en realidad, una delación falsa.

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