El Sector Público Nacional (SPN) argentino registró en abril de 2024 un superávit fiscal de $264.952 millones antes de cubrir los intereses de la deuda, cifra que desciende a $17.409 millones tras saldar estos compromisos. Este aparente logro económico es el resultado de un ajuste profundo en el gasto público, una medida que el gobierno actual defiende como necesaria para sanear las cuentas públicas, pero que esconde una serie de consecuencias devastadoras para la sociedad.

Según informó el CEPA, en términos nominales, los ingresos de abril ascendieron a $6,7 billones, lo que representa un aumento interanual del 263%. No obstante, cuando se ajustan estos ingresos por inflación, se observa una caída real del 6,5%. Este fenómeno no es aislado, sino que marca el tercer mes consecutivo de caídas superiores al 6% en términos reales, subrayando la persistencia de una crisis económica que afecta tanto a la recaudación como al gasto.

El componente principal del ajuste fiscal recae sobre las jubilaciones y las obras de infraestructura. En abril, las jubilaciones sufrieron una disminución real del 26%, mientras que la ejecución de obras públicas prácticamente se paralizó, registrando una caída real del 78%. Estos recortes no son meros números en un informe económico, sino que tienen un impacto tangible en la vida cotidiana de millones de argentinos, especialmente los más vulnerables.

El gobierno ha postergado pagos cruciales, como los destinados a la empresa generadora de energía CAMMESA, afectando la cadena de pagos en el sector energético. Además, las transferencias a las universidades cayeron un 27% en términos reales, lo que no solo compromete el funcionamiento de estas instituciones, sino que también afecta la calidad de la educación y las oportunidades de miles de estudiantes.

Uno de los pocos ingresos que ha mostrado un crecimiento significativo es el Impuesto PAIS, que aumentó un 210% en términos reales. Sin este impuesto, el déficit fiscal habría sido de $245 mil millones, lo que subraya la dependencia del gobierno en medidas impositivas extraordinarias para sostener sus finanzas. Esta estrategia, sin embargo, no es sostenible a largo plazo y plantea serias preguntas sobre la equidad y la eficiencia del sistema tributario.

El comercio exterior también ha mostrado señales de debilidad, con una reducción real en los derechos de importación por segundo mes consecutivo. La recesión económica ha impactado negativamente en las importaciones, que disminuyeron un 24% interanual en dólares en el primer trimestre de 2024. Esta contracción refleja la gravedad de la crisis económica, que no solo reduce la capacidad de compra del país, sino que también limita las oportunidades de crecimiento y desarrollo.

El ajuste fiscal ha tenido un impacto significativo en los subsidios al transporte y la energía. La eliminación del Fondo Compensador del Interior y los recortes en el AMBA han resultado en un aumento del precio del transporte público, afectando directamente a los trabajadores y estudiantes que dependen de este servicio. En el sector energético, los recortes en las transferencias a CAMMESA han causado tensiones con el gobierno y problemas en la cadena de pagos, obligando al Estado a intervenir con fondos adicionales para evitar un colapso.

El superávit fiscal, aplaudido por algunos como un signo de responsabilidad fiscal, es en realidad un espejo que refleja la crueldad de las políticas de ajuste. Lejos de ser un logro equitativo y sostenible, este superávit se ha construido sobre la base de un brutal recorte en los gastos sociales, afectando desproporcionadamente a los sectores más vulnerables. Las jubilaciones, la obra pública y los subsidios económicos han sido las principales víctimas de esta política, lo que plantea serias dudas sobre el compromiso del gobierno con la justicia social y la equidad.

En el primer cuatrimestre de 2024, el superávit fiscal acumulado fue de $4,1 billones, con un superávit financiero de $1,2 billones. Este resultado se ha logrado a través de un ajuste significativo en el gasto, y no por un aumento en la recaudación. Aunque este desempeño puede ser visto como un cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), también destaca la falta de voluntad del gobierno para invertir en áreas cruciales como la educación y las jubilaciones, perpetuando así la precariedad de estos sectores.

El FMI ha advertido sobre la necesidad de equilibrar el ajuste fiscal con la equidad y la sostenibilidad a largo plazo. Sin embargo, la política actual del gobierno parece ignorar estas recomendaciones, optando en cambio por un enfoque de austeridad que deja a los más vulnerables a la deriva. Esta estrategia no solo es moralmente cuestionable, sino que también es económicamente insostenible, ya que una población empobrecida y descontenta no puede sostener un crecimiento económico robusto y sostenido.

En conclusión, el superávit fiscal de abril de 2024 no es un triunfo, sino una muestra de la insensibilidad del gobierno hacia los sectores más vulnerables de la sociedad. Los recortes en jubilaciones, educación y obras públicas, combinados con una caída real en los ingresos, revelan una política de ajuste que prioriza las cifras macroeconómicas sobre el bienestar de la población. Es imperativo que el gobierno revise su estrategia, equilibrando la necesidad de estabilidad fiscal con un compromiso real con la justicia social y el desarrollo equitativo.

TENSIÓN DIPLOMÁTICA
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— En Orsai (@EnOrsai) May 20, 2024