La reciente reunión del Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, celebrada el 23 de agosto de 2024, dejó un sabor amargo entre los representantes de los prestadores de servicios. A pesar de la evidente necesidad de un ajuste significativo en los aranceles, la propuesta de un aumento del 1,8% resultó insultante y completamente desfasada de la realidad económica que atraviesa el país, en especial para un sector tan vulnerable como el de las personas con discapacidad.

El contexto económico actual, marcado por una inflación galopante y un desajuste interanual de costos laborales que se traduce en una diferencia de casi 86 puntos porcentuales, exigía un aumento de al menos 31% en los aranceles para cubrir el atraso acumulado. Sin embargo, la decisión del Directorio, alineada con las políticas de ajuste impuestas por el gobierno de Javier Milei, optó por un incremento que no solo es insuficiente, sino que agrava la situación de precariedad en la que ya se encuentran los prestadores de servicios.

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Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, la inflación ha alcanzado un 134,50%, mientras que el aumento de los aranceles para los prestadores de servicios a personas con discapacidad se ha quedado en un escaso 98,70%. Esto ha generado un desfase de 35,8 puntos porcentuales, que según los cálculos de los representantes de las ONGs, requeriría un incremento del 18% para equilibrar la balanza. No obstante, la respuesta del gobierno ha sido un exiguo 1,8%, apenas el 10% de lo necesario, un ajuste simbólico que expone la falta de voluntad política para abordar la crisis del sector.

Esta política de ajuste no es nueva, pero bajo el mandato de Milei ha alcanzado niveles insostenibles. Los prestadores, que son quienes en la práctica sostienen la atención y los servicios para personas con discapacidad, se ven empujados a una crisis económica que amenaza con llevar al colapso a más de cien mil puestos de trabajo. La insensibilidad del gobierno se refleja en la negativa a ajustar los aranceles de manera acorde con la realidad inflacionaria, mientras que otros sectores, como la medicina prepaga o los servicios públicos, han recibido aumentos mucho más significativos.

En enero de este año, el Dr. Diego Spagnuolo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), había manifestado que se necesitaba paciencia, asegurando que en mayo, una vez estabilizada la inflación, se iniciaría una recomposición arancelaria. Sin embargo, los hechos han demostrado lo contrario: los tres últimos aumentos aprobados han quedado por debajo de la inflación, y no hay señales de que esta situación vaya a cambiar en el corto plazo. El gobierno, una vez más, incumple sus promesas, dejando a los prestadores de servicios y a las personas con discapacidad en un estado de incertidumbre y precariedad.

El argumento gubernamental de que los fondos destinados a prestaciones mal otorgadas son la causa de la falta de recursos para los aumentos necesarios es, cuanto menos, engañoso. Esta afirmación carece de fundamento, ya que no se ha presentado ninguna evidencia clara sobre la magnitud de dichas prestaciones ni su impacto económico real. En cambio, estas declaraciones parecen ser un intento de desviar la atención de la responsabilidad que tiene el gobierno en la crisis que atraviesa el sector.

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Los prestadores de servicios para personas con discapacidad no son quienes establecen los costos de los insumos ni los sueldos de los empleados, tampoco los aumentos de los aranceles. Sin embargo, son ellos los que están pagando las consecuencias de una política económica que prioriza el ajuste sobre la calidad de vida de los ciudadanos más vulnerables. A medida que los costos continúan aumentando y los aranceles se mantienen estancados, muchos prestadores se ven obligados a reducir sus servicios o cerrar sus puertas, lo que podría dejar a miles de personas con discapacidad sin acceso a los cuidados que necesitan.

La decisión del Directorio, apoyada por la Agencia Nacional de Discapacidad, de no otorgar un aumento significativo a los aranceles, pone en evidencia una falta de compromiso con las personas con discapacidad y sus derechos. Los prestadores, que han sido los principales garantes de estos derechos, se encuentran ahora en una situación límite, donde la continuidad de los servicios está en peligro.

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La crisis que atraviesa el sistema de prestaciones para personas con discapacidad no es inevitable; es el resultado de decisiones políticas que priorizan el ajuste económico sobre las necesidades de los sectores más vulnerables. El gobierno de Javier Milei, lejos de ofrecer soluciones, ha profundizado esta crisis con medidas insuficientes y promesas incumplidas. La realidad es que mientras los prestadores continúan brindando servicios esenciales, el gobierno sigue eludiendo su responsabilidad, poniendo en riesgo no solo la sustentabilidad del sistema, sino también la calidad de vida de miles de personas con discapacidad.

La situación exige una revisión urgente de las políticas arancelarias y un compromiso real por parte del gobierno para garantizar que los derechos de las personas con discapacidad, establecidos por ley, sean respetados y protegidos. De lo contrario, el colapso del sistema será inevitable, y con él, el abandono de aquellos que más necesitan del apoyo estatal.

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— En Orsai (@EnOrsai) August 28, 2024