El proyecto recoge una experiencia larga y extendida de implementación de políticas de Presupuesto Participativo en el país y en el mundo, que vienen mostrando que la participación popular también puede y debe ser promovida por el Estado. A 40 años de recuperación de la democracia en la Argentina, esta iniciativa pone en primer plano la necesidad de seguir profundizando las formas de participación democrática en las decisiones de política pública.

De hecho, el PP nace con ese objetivo. Su origen se remonta a finales de la década del ochenta en Porto Alegre, con el propósito de descentrar la democracia representativa a través de iniciativas de democracia directa, como respuesta a un contexto de políticas neoliberales que ponían en cuestión el rol del Estado. El PP es un dispositivo político que estimula la participación ciudadana con la finalidad de promover el protagonismo de las comunidades en procesos de definición de prioridades, asignación de recursos y acciones que tengan un impacto directo sobre sus vidas. La experiencia recogida en ya más de tres décadas de implementación del PP en diversos contextos, muestra su impacto sobre distintos aspectos de la vida democrática: mejora la relación entre el gobierno y la ciudadanía, refuerza el sentido de comunidad y la valorización del espacio público, permite afianzar vínculos entre las comunidades y los barrios, propicia la consolidación de nuevas agendas gubernamentales. Como efecto añadido, que también fortalece el ejercicio ciudadano, se destaca que permite dar a conocer a la ciudadanía cómo funcionan los Estados locales y los modos en los que se organizan y administran los recursos.

A nivel internacional, el PP se encuentra en una fase expansiva. En Brasil, luego de un período de estancamiento, el Presidente Lula ha lanzado el “Orçamento Participativo Nacional”. En la escala local de gobierno, hoy se aplica en ciudades y contextos muy disímiles, tales como París, Madrid y municipios de Senegal y de Corea del Sur, entre muchos otros. En Argentina, surgió luego de la grave crisis política, institucional, social y económica del 2001. La primera experiencia se registró en el año 2002 en la municipalidad de Rosario. En la Provincia de Buenos Aires, el primer municipio en aplicarlo fue Morón, en el año 2006. Es importante destacar que estas primeras iniciativas tenían una impronta de innovación política evidenciando los cambios de esa época en relación con los asuntos que empezaban asumir los estados locales y que, principalmente fueron adoptadas por municipios de “perfil progresista”.

Desde el año 2005, en la provincia de Buenos Aires está vigente el Decreto 3333/05, que invita “a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires a promover en forma progresiva la participación de sus respectivas poblaciones en la discusión, formulación y seguimiento del presupuesto de gastos y recursos municipales”. Un relevamiento realizado por la Universidad Nacional de General Sarmiento arrojó que, desde entonces, 42 municipios de la provincia implementaron el PP en algún período. La escala de los municipios en los que se implementa puede ser muy diversa (tanto puede aplicarse en Morón, con 334.178 habitantes, como en Benito Juárez con 22.558), y hoy lo aplican gobiernos de diferente signo político como los de Vicente López, Lanús, Morón y Escobar.

Durante ese período también surgieron iniciativas en distintas universidades nacionales, que, en uso de su autonomía, fueron decidiendo que una parte de sus recursos se discuta y se asigne participativamente. En la Universidad Nacional de General Sarmiento la experiencia de implementación del PP lleva 10 años y se encuentra establecida en su estatuto dentro de un conjunto de normas que promueven diversos mecanismos de democracia participativa. Lo interesante de estas experiencias es que, en la tradición argentina, las universidades nacionales son instituciones fuertemente democráticas, autogobernadas y sobre todo co-gobernadas y, sin embargo, estas iniciativas demuestran que la democracia en las instituciones puede ser profundizada, complejizada y por sobre todo más participativa.

Ahora bien, la eficacia del PP para mejorar la calidad de la vida democrática depende en buena medida de su sostenimiento en el tiempo. Es importante tener en cuenta que, si bien hoy lo aplican unos 60 municipios en todo el país, son 120 los que disponen de una normativa específica. Es decir, son muchos los gobiernos locales que en algún momento tuvieron la iniciativa de reglamentar e implementar políticas de PP, pero no lo sostuvieron en el tiempo, en algunos casos por restricciones presupuestarias, y en otros, por cambios en la administración del gobierno. Un impulso nacional de fomento y promoción del PP como el que propone el proyecto de ley que acaba de presentarse tendrá sin dudas un impacto significativo para retomar esta política.

Finalmente, ante un nuevo escenario electoral en el que se amplifican recetas de políticas neoliberales, donde hablar de quitar derechos se ha vuelto una competencia entre recicladores de pensamientos de otra década, reviste carácter urgente imaginar iniciativas en los programas de gobierno que permitan profundizar la democracia y por sobre todo la participación popular. Es posible promover formas de democracia participativa para la asignación de recursos en las escuelas, en los hospitales, en las universidades; es posible promover la organización de las comunidades para impulsar el derecho de iniciativa, es posible pensar en dispositivos participativos que se realicen a escala provincial con herramientas consultivas. Es posible y necesario, a 40 años de democracia, imaginar iniciativas para que, en múltiples lugares, cada vez más ciudadanxs podamos participar de la decisión sobre lo público, como una forma de defender colectivamente lo común, contra el embate de la matriz neoliberal que aun resiste en nuestra democracia.