(Por Walter Onorato - @WalterOnorato) El 28 de junio de 2021 se inició la demolición parcial del conocido y muy antiguo estacionamiento ubicado entre el hipódromo y el Rosedal de Palermo en Buenos Aires, conocido como Playa Gigena en homenaje al jinete de igual nombre. Este espacio, según informa el Gobierno de la Ciudad, será transformado en un complejo que albergará oficinas de Clase A y un parque público, el cual contará con una variedad de servicios como cafeterías, restaurantes, tiendas y un estacionamiento techado.

Es, lo que en la jerga política local se lo conoce como un típico negociado inmobiliario de la gestión de Hora Rodríguez Larreta. En principio por ser una obra innecesaria y en segundo lugar por el visible objetivo recaudador a expensas de la ciudad.,

El proyecto, denominado Paseo Gigena, fue concebido por la firma de arquitectura estadounidense ODA, que se transformó en su primera incursión en desarrollos de uso mixto en Buenos Aires. En su realización, colaboraron el estudio Aisenson, Inscape Landscape, Coinsa y el promotor BSD Investments, a quien el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires otorgó la concesión del inmueble conocido como Ámbito Gigena por un período de 15 años.

Los que organizaron el fideicomiso para financiar esta megaobra en un terreno público fueron Luis Caputo y Santiago Bausili, dos ex funcionarios de Mauricio Macri. El gobierno de Rodríguez Larreta cobrará un canon en pesos, sí en pesos, que en el mejor de los casos llegará al 15% de la facturación de los privados.

Las funcionario del área de urbanismo del Gobierno de la Ciudad justifican el negociado a cielo abierto calificando que era una "infraestructura de cemento abandonada que no dialoga en absoluto con su entorno ni resulta funcional para la ciudad y sus habitantes."

El fundador de ODA, Eran Chen, llegó a manifestar que el "proyecto es un excelente ejemplo de la colaboración entre el sector privado y el gobierno para crear una tipología que beneficiará a la ciudad y sus ciudadanos en las próximas décadas". Sin embargo no explica cuales llegarían a ser esos beneficios para los habitantes de CABA.

Sin embargo, el proyecto integrará aproximadamente 4.000 metros cuadrados de terrazas públicas y espacios verdes abiertos con oficinas que pertenecerán a empresas privadas. En el área, por supuesto contará con senderos peatonales y un estacionamiento con capacidad para 250 vehículos. ¡Cling caja!

Los exfuncionarios de Macri detrás de lucrativo proyecto inmobiliario en terreno público de Buenos Aires

El mencionado proyecto, se erige como un emprendimiento de envergadura liderado por una coalición de empresas, entre las cuales resalta la consultora Anker Latinoamérica SA. Fundada en el año 2020 por Luis "Toto" Caputo, exministro de Finanzas durante la administración de Macri, y su socio Santiago Bausili, exsecretario de Finanzas, Anker despliega su experiencia en la organización del fideicomiso y en la búsqueda de inversores para financiar esta megaproyección inmobiliaria.

La participación de Caputo y Bausili, figuras políticas clave en el gobierno anterior, en un proyecto de esta magnitud ha generado controversia y levantado interrogantes sobre los "posibles conflictos de interés". Tal como informó el portal ElDiarioAr en una nota firmada por Emilia Delfino, la implicación de estas personalidades en un proyecto de tal envergadura ha suscitado discusiones en diversos sectores.

El proyecto, que involucra una inversión estimada en más de US$46 millones, promete un periodo de recuperación de inversión de alrededor de siete años para los selectos inversores. La participación de Anker y sus socios se centra en la estructuración financiera del proyecto y en la búsqueda de inversores que puedan respaldar esta empresa inmobiliaria. A pesar de las afirmaciones de las autoridades respecto a la inexistencia de ilegalidades o conflictos de intereses, la conexión entre figuras políticas del pasado y un proyecto lucrativo ha llamado la atención tanto de críticos como de defensores.

Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto radica en la diferencia entre el alquiler de las oficinas y locales comerciales, establecido en dólares, y el canon que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recibirá en pesos. Aunque se proyecta que el canon equivalga aproximadamente al 15% de las ganancias generadas por la explotación del terreno público, esta disparidad de monedas ha suscitado inquietudes sobre la equidad y la justicia en esta empresa. Mientras los inversores obtienen ingresos en dólares, el gobierno local recibiría el canon en pesos, lo que podría resultar en una brecha significativa entre las ganancias generadas y el monto que finalmente ingresa a las arcas públicas.

La relación entre el sector público y privado en el proyecto Paseo Gigena pone de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y supervisión en la gestión de proyectos inmobiliarios en terrenos públicos. A medida que los críticos cuestionan la naturaleza de esta asociación entre exfuncionarios y empresas privadas, se hace evidente la importancia de establecer salvaguardias y regulaciones que garanticen que los intereses públicos sean respetados y protegidos.

Este proyecto va en contramano con el proyecto del candidato de UP, quien prometió que si gana las elecciones "lo primero que voy a hacer, va a ser auditar todos los negociados inmobiliarios". Además, agregó que "en segundo lugar, voy a voltear las concesiones de cánones irrisorios y sancionar un nuevo código urbanístico."

El debate  sobre estos proyectos, que si bien son públicos, se mantienen prácticamente ocultos gracias a la enorme pauta publicitaria que Larreta inyectada mensualmente en los medios de comunicación e información porteños. Queda claro que la colaboración entre el sector público y privado debe ser evaluada cuidadosamente para evitar estos negociados conocidos vulgarmente con el nombre de "conflicto de intereses", y será un deber del futuro jefe de gobierno que se asegure que el interés colectivo siempre se encuentre en el centro de estas iniciativas.