En el banquillo de los acusados se encuentran Cristian Ricobene, el gasista imputado por "homicidio culposo agravado en concurso real con defraudación en perjuicio de la administración pública"; Sebastián Nasif, interventor del Consejo Escolar; y los consejeros Mónica Berzoni y Jorge Galian, imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Este juicio busca arrojar luz sobre los eventos que precedieron a la explosión del 2 de agosto de 2018, que cobró la vida de dos valiosos miembros de la comunidad educativa.

El fatídico suceso ocurrió tan solo 25 minutos antes del ingreso de los alumnos a la escuela. Mientras Sandra y Rubén preparaban el desayuno para los estudiantes, una fuga de gas desencadenó una explosión devastadora. La pérdida de la vicedirectora y el auxiliar dejó una marca indeleble en las familias afectadas y en la comunidad en su conjunto.

Los familiares de las víctimas lamentan la ausencia en el expediente de los "responsables políticos" de la tragedia, entre los que incluyen a la exgobernadora María Eugenia Vidal. Consideran que estos actores también tienen su cuota de responsabilidad en el trágico suceso. Más allá de la persecución de la justicia, la comunidad educativa busca que este proceso genere un impacto más allá de la sentencia, impulsando mejoras en las condiciones de las escuelas y garantizando la seguridad de estudiantes y docentes.

El proceso judicial tendrá lugar en el Tribunal Oral Criminal N°4 de Mercedes, bajo la dirección de los jueces Patricia Viviana Guerrieri, Fabián Fernando Brahim y Claudia Esquivel. Durante el juicio, se espera que se esclarezcan las circunstancias que llevaron a la explosión de gas y se establezcan responsabilidades individuales. Más allá de las sentencias, este juicio tiene el potencial de ser un punto de inflexión en la lucha por escuelas seguras y condiciones laborales dignas para los trabajadores de la educación.

Este doloroso incidente no solo conmovió a las familias directamente afectadas, sino que también resonó en toda la sociedad, poniendo de manifiesto la importancia de garantizar la seguridad en los entornos educativos. A medida que se desarrolle el juicio y se revele la secuencia de eventos que condujeron a esta tragedia, se espera que se siente un precedente para prevenir futuras negligencias y descuidos.

Este proceso judicial no solo busca rendir homenaje a las vidas perdidas, sino también honrar la memoria de Sandra y Rubén a través de acciones concretas que mejoren las condiciones de las escuelas y eviten que incidentes similares vuelvan a ocurrir en el futuro.