Después de sus reuniones en Estados Unidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía, Sergio Massa, definirá la planificación de un conjunto de medidas de envergadura destinadas a incentivar el consumo y atenuar los efectos de la devaluación en la economía nacional.
Redacción EnOrsai // Martes 22 de agosto de 2023 | 07:23
(Por Redacción @EnOrsai) Fuentes cercanas al Palacio de Hacienda indican que Massa, también candidato presidencial de Unión por la Patria, busca generar un impacto significativo en el panorama político al implementar estas medidas en conjunto con el desembolso proyectado de al menos US$ 7.500 millones por parte del FMI.
Aunque los detalles finales del plan están siendo ajustados por el equipo económico, se espera que incluya una serie de medidas con el objetivo de estabilizar la economía y proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos. Entre estas medidas se prevé la implementación de una suma fija para los asalariados, la oferta de créditos para impulsar la actividad económica, la implementación de devoluciones fiscales y la emisión de señales claras para limitar los aumentos en los precios de los productos alimenticios a un máximo del 5% mensual.
Dentro del paquete de medidas también se está considerando una iniciativa destinada a promover la formalización de trabajadores informales a través de la creación de un régimen de monotributo productivo. Aunque aún no se ha detallado la amplitud y profundidad de esta medida en particular, su objetivo sería brindar un mecanismo para que aquellos empleados en la economía informal puedan acceder a una vía más estable y legal de empleo.
Durante el pasado fin de semana, el equipo económico trabajó intensamente para afinar los detalles de este conjunto de medidas. Para Massa, estas decisiones representan una de las últimas oportunidades para modificar los resultados electorales en su favor o, al menos, asegurar su presencia en el balotaje programado para noviembre. Además de las medidas enfocadas en el consumo y la devaluación, se están considerando estrategias para respaldar la industria, las pequeñas y medianas empresas, así como el sector agrícola.
Uno de los desafíos clave en el actual panorama económico es cómo afrontar el aumento de precios que ha resultado de la devaluación. En respuesta a esta problemática, el Ministerio de Economía ha comenzado a establecer diálogos con cadenas de supermercados con el objetivo de acordar aumentos mensuales de precios que no excedan el 5% durante los próximos 90 días. Este esfuerzo busca moderar el impacto del aumento de precios en el bolsillo de los consumidores.
El acuerdo, que cuenta con la participación de 31 cadenas de supermercados mayoristas y minoristas, tiene como objetivo principal limitar el aumento de los precios de los productos básicos. Marcas como Día, Carrefour, Coto, Chango Más, Makro, La Anónima, Cencosur, Vital y Maxiconsumo forman parte de este pacto. Además, se ha ofrecido incentivos fiscales a las empresas para evitar que los incrementos de costos se traduzcan en incrementos de precios. Aquellas empresas que superen los límites establecidos en el acuerdo serán objeto de sanciones y perderán los beneficios fiscales otorgados.
La inflación de agosto se verá notablemente afectada por el incremento del 12.5% en los precios de los combustibles implementado por las petroleras. Sin embargo, se anunció que estos precios quedarán congelados hasta finales de octubre.
Massa también ha cerrado acuerdos con laboratorios nacionales y cooperativas de Argentina para congelar los precios de los medicamentos. Aunque aún no se ha sumado a los laboratorios extranjeros enrolados en la CAEME, se anticipa que se entablarán conversaciones sobre los precios. Respecto a los acuerdos con los laboratorios nacionales, Massa enfatizó que este esfuerzo conjunto entre el sector y el Estado busca proteger a los ciudadanos de incrementos desmedidos en los costos de los medicamentos.
En un contexto más amplio, el Gobierno también está reevaluando las tarifas y los subsidios, ya que la devaluación está impactando nuevamente en la ecuación de costos de generación de energía. Este fenómeno podría tener consecuencias en los niveles de subsidios necesarios en el caso de que el Gobierno no permita un aumento directo en las facturas. Para ajustar las tarifas de energía eléctrica y gas, el Gobierno debe, según lo establece la ley, convocar a una audiencia pública.
La secretaria de Energía, Flavia Royón, anticipó que habrá una actualización en las tarifas de electricidad, y que esta actualización se basará en un análisis de cómo la devaluación impacta en los costos de generación. En este complejo escenario, Massa busca implementar un abanico de medidas que no solo estimulen el consumo y atenúen la devaluación, sino que también proporcionen soluciones tangibles para proteger el bienestar económico de la población argentina.