(Por: Maby Sosa - @Mabicita) A diez días de cumplirse los cinco años del asesinato del niño Facundo Ferreira en Tucumán, la Corte Suprema de esa provincia decidió anular el juicio y ordenar la realización de uno nuevo. De esa manera, el Poder Judicial dio marcha atrás en un caso de gatillo fácil cuya condena prisión perpetua marcaba un antecedente.

En la resolución que se dio a conocer el viernes 24 de febrero, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva expresa que se omitió analizar los argumentos y que no alcanza el material probatorio. A él se sumaron Antonio Estofan y Eduardo Romero Lascano. Por su parte, los otros integrantes de la Corte, Daniel Posse y Claudia Sbdar votaron en disidencia con Leiva.

“En lo técnico, lo que dice la Corte es que hay tres testimonios que no hay sido analizados por la Cámara y que podrían sustentar la teoría que plantearon los defensores, la de un enfrentamiento. Eso no es cierto, porque esos testimonios se han analizado junto con las otras pruebas. Hay un informe balístico, los testigos que escucharon disparos y los videos que muestran que desde la moto donde iba Facundo no se devolvió ningún disparo. Todas esas pruebas están acreditadas. Y los restos de disparos están sobre la avenida Avellaneda (donde mataron al nene) y corresponde a las armas de estos dos policías asesinos”, explica el abogado querellante Carlos Garmendia.

El abogado destaca que tanto los testimonios como las cámaras de seguridad y el informe balístico fueron observados y analizados en el juicio y fueron analizados por la Cámara y los dos vocales que confirman la sentencia a perpetua de los dos policías.

Para el abogado, existe en esta decisión una cuestión meramente política y que tiene que ver con la presión que viene ejerciendo la policía sobre el Poder Judicial. “Son ciertos sectores de la policía extremadamente corrupto y violento que ejerce presión también sobre el Ejecutivo ante todo por cuestiones salariales”, afirma. “Dicen que cuando ellos actúan nadie los defiende, principalmente refiriéndose a los casos de gatillo fácil.

En diciembre de 2022, la misma Corte Suprema decidió anular el juicio y absolver al policía Mauro Navarro condenado en 2021 por el homicidio agravado de Miguel Reyes Pérez. “En este caso no se animaron a la absolución porque era una barbaridad, pero nos mandan a un nuevo juicio”, agrega Garmendia.

El abogado explica que la policía tucumana tiene mucha relación con los casos vinculados al narcomenudeo, trata de personas y prostíbulos. “Hay una extremada cantidad de allanamientos que pide la policía sin elementos de prueba suficiente. Esos allanamientos a su vez tienen resultado negativo. En muchos de esos procedimientos, la policía les roban. Tengo el caso de un cliente que tenía un puesto en el mercado y que la policía en un allanamiento le robó 300 mil pesos que tenía para comprar verduras para el local. Es como si estuviéramos viviendo en los 80, en los primeros años de la democracia cuando los dueños de todo acá eran los del Comando Atila. El Poder Judicial está pintado”, enfatiza Garmendia.

Uno de los policías durante su declaración en el juicio que se realizó en 2021.

El antecedente de esta anulación

Sin bien el fallo menciona otros antecedentes en los que se sostiene el fallo que anula el juicio por el crimen del niño de 12 años, para el abogado el más cercano es el del caso Miguel Pérez Reyes. “Es un antecedente político vergonzoso y preocupante. En el caso Ferreira, estamos hablando de un policía que se probó había consumido cocaína el día que mató a Facundo (Mauro Díaz Cáceres) y otro policía que era motochorro (Nicolás Montes de Oca quien estuvo preso por arrebatar una cartera en 2018, el mismo año que mató al nene). Es decir que la Corte elige defender a estos policías que probadamente”.

Garmendia también expresa que no hubo ningún cambio en el accionar policial desde el crimen de Facundo. “En este caso, en su primer momento, el ministro de Seguridad de entonces, Claudio Maley y la exministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich salieron a defender a los asesinos de Facundo. La familia tuvo un montón de presiones y que sucedieron hasta hace poco tiempo. Cuando se realizó el juicio, el tribunal trabajó sin esa presión policial y si la hubo no la vimos. En cambio, lo que vemos ahora es que esa presión llega a la Corte y eso es por demás preocupante”.

Durante el gobierno de Macri en el cual se sostuvo la doctrina Chocobar, la estigmatización al niño y la presión política fue grande. Sin embargo, destaca Garmendia, la fiscala de la causa Adriana Giannoni orientó la investigación del caso en forma independiente.

“Hubo por parte de la institución una intensión de encubrirlos a los policías. Es destacable la labor de la fiscala porque está probado que se plantaron pruebas y eso se ve en uno de los videos. Por eso es crucial la decisión de ella de examinar por segunda vez los restos de pólvora en la mano de Facundo y del amigo que manejaba la moto. En esa oportunidad, las pruebas se enviaron a Salta y allí se comprobó que no eran restos de pólvora lo que tenían los chicos. Eso fue determinante para acreditar que Facundo no realizó ningún disparo”, finaliza el abogado.

El dolor de la familia de Facundo Ferreira

Por su parte, la tía de Facundo, quien llevó adelante junto a sus hermanas y su mamá la lucha por el pedido de justicia, dijo a Tiempo: “Tenemos mucha bronca, impotencia y dolor. Dijeron que las pruebas no son suficientes para esa condena. Ya vimos que en el caso de Miguel Reyes Pérez hicieron, anularon todo. Nos parece que ponen plata los familiares de los policías, porque no se entiende de otro modo. Para la juisticia la vida de un niño parece que no vale nada”.

Y agregó, “no creemos que haya una cuestión política. Acá hay una mano negra que recibe plata. Si Facundo hubiese matado un policía lo habrían condenado, le hubieran dado perpetua y hoy estaría firme. En cambio, como es un niño que es de una villa el que ha sido asesinado por supuestos policías reciben más justicia ellos que el pobre. A días de que se cumplan cinco años de Facundo estamos destruidos porque pensamos en una noticia favorable no como la que nos dieron. No pueden votar de esa manera, tienen todas las pruebas. Queremos que en el juicio haya jueces honestos”.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación realizó en 2022 una señalización en el lugar donde asesinaron a Facundo Ferreira el 5 de marzo de 2022. Foto: Prensa sec de DDHH Nacion

Un aval para el gatillo fácil

La organización Andhes (Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales) fue quien trabajó con la causa de Ferreira desde el 2018 hasta 2020. Para ellos es una protección para la policía.

“Significa ni más ni menos que un aval al accionar policial violento. El voto mayoritario de la Corte está diciendo: ‘Metan bala que aquí los vamos a bancar’. Eso va en línea con la política llevada adelante por el oficialismo de respaldar a la policía como forma de asegurar la aplicación de una política de ‘mano dura’ como estrategia de lucha contra la delincuencia”, expresan desde Andhes.

“Sobre todo en un año electoral donde una parte importante de la campaña se asienta en la política de seguridad. Esa complicidad entre el Poder judicial y el poder político se puede ver claramente cuando analizamos que los tres miembros de la ‘mayoría automática’ de la corte son todos ex fiscales de estado, Leiva, Estofán y Rodríguez Campos. Nada es casual”, expresaron.

A 48 horas de conocido el fallo de la Corte no hubo pronunciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, quienes tampoco acompañaron a la familia durante el pedido de justicia.

El martes a las 9.30 la familia de Facundo junto a familiares de víctimas de gatillo fácil realizarán una conferencia de prensa y una manifestación frente a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, pasaje Vélez Sársfield y Congreso.