El informe de la Unidad Reguladora de los Servicios de Telecomunicaciones (URSEC) surge a partir de un pedido de diagnóstico resuelto en comisión legislativa.

Según expresa la Ley de Medios que rige desde 2014, el límite de «titularidad de servicios de televisión para abonados» asciende a seis licencias por «persona física o jurídica privada». Asimismo, «en el caso de que una de las autorizaciones incluya el departamento de Montevideo» este número se reduce a tres.

El Grupo Clarín cuenta con ocho licencias de televisión para abonados en Uruguay, incumpliendo así con lo que dicta la ley del país. Además, el conglomerado mediático ya superó en 2019 el plazo de adecuación.

Además de ser titular de la firma Flow, el grupo liderado por Héctor Magnetto cuenta con dos empresas que proveen televisión para abonados por aire en Montevideo (Bersabel SA) y en Canelones (Visión Satelital).

A esto se suman otras cuatro firmas con cinco licencias: Space Energy Tech (en Salto y Rivera), Reiford (en Tacuarembó), Dolfycor (en Artigas) y Tracel (en Paso de los Toros).

En este contexto, Saenz Valiente tiene el 99% de las acciones de las empresas. El estudio fue fundado por José María Saenz Valiente (quien se encuentra fallecido), quien fue declarado como «apoderado» de Clarín. Además, su familia sostiene estrechos lazos con el conglomerado mediático.

Pedido de Diagnóstico

Según explicó el director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), Gustavo Gómez, la información había sido solicitada en octubre y la respuesta llegó al mes siguiente.

Además, aclaró que a las firmas ya mencionadas se suma «Audomar», responsable de dar servicio de televisión en Paysandú.

Asimismo, señaló que aunque Clarín incumple la normativa del país, URSEC (que se encarga del cumplimiento de la ley) no ha actuado. Al respecto, comentó:

“Acá estamos ante la constatación de que hay un grupo económico que tiene un montón de licencias, con cables que funcionan con la misma marca y programación. Hay otros casos en los que te argumentan que se agrupan, pero acá es una misma persona que tiene todas las licencias y está incumpliendo de forma literal con la normativa”.

Por otro lado, explicó que violar la Ley de Medios implica una infracción grave, y las sanciones pueden llegar incluso a la revocación de las licencias.

El 7 de diciembre, Gómez introdujo el tema al Parlamento uruguayo en el marco de la discusión por un nuevo proyecto de ley de medios que el Poder Ejecutivo había presentado en 2020. En ese contexto, explicó que:

«Hay grupos extranjeros, como pasa con Clarín, que hoy está ilegal, pero la URSEC no lo persigue de oficio«.

«En este país hay personas que tienen más medios de los que están permitidos, a sabiendas del organismo que debería controlarlos», agregó, «tenemos totalmente prueba de que lo conoce». Además, señaló sobre las firmas que posee Clarín:

«Ustedes están trabajando sobre la ley vigente y con el proyecto que se propone como alternativa, pero eso supera ampliamente lo que dispone la legislación actual. Es información oficial, surge de manera clara de parte de un organismo«.

Finalmente, la URSEC aprobó un nuevo protocolo para que el organismo pueda actuar de oficio ante este tipo de situaciones. La medida, impulsada por su director, Pablo Siris, podría permitir que se investigue a Clarín.

Por otro lado, la nueva ley de medios que actualmente se discute permitiría que el Grupo Mediático pase a la legalidad, por lo que la investigación deberá realizarse antes de que la ley se apruebe.

En el marco de la comisión sobre el nuevo proyecto, Gómez se refirió a los límites para la titularidad de servicios por cable y para la propiedad de radios y canales de televisión, y explicó que:

«El número ocho [límite que se plantea para los cables] o el número seis [límite propuesto para la propiedad de radios y canales de televisión] refleja, tal vez por casualidad, por coincidencia, la concentración de medios existentes que hoy están ilegales de acuerdo a la normativa vigente».

Posteriormente, durante la sesión del 14 de diciembre, Javier Umpiérrez (del Frente Amplio) declaró que quería consultar a las autoridades del URSEC sobre «el cumplimiento de la ley de servicios de comunicación audiovisual» y «la cantidad de frecuencias que tienen algunos medios en nuestro país”.

Por su parte, el Diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal (quien se opone al proyecto del gobierno), expresó que:

«Es de público conocimiento que hay grupos que tienen medios por encima de lo que la ley prevé, pero no voy a apoyar esta propuesta. Primero, porque es algo que todos sabemos que sucede, y segundo, porque es algo que justamente esta ley está tratando de solucionar».

Sin embargo, se negó a aceptar propuestas del Frente Amplio, a quienes consideró responsables de un problema «que se generó por una ley que promovió siendo gobierno» y «no pudo solucionar».

«Sabiendo y reconociendo que es un problema que tenemos, no apoyo la moción de convocar a la Ursec -o a quien sea- por este tema. No es necesario y todos sabemos del problema que existe», agregó.

Entre tanto, Martín Melazzi, comentó que «no es necesaria la convocatoria a la Ursec por este tema», ya que «todos sabemos que hay permisarios que están por encima de lo que autoriza la actual ley de medios«.

Luego de que finalmente fuera aceptado el planteo de Eduardo Lorenzo para pedir un diagnóstico al organismo, el legislador lanzó:

«¿Queremos que la Ursec nos dé un pantallazo general de lo que está pasando o solamente apuntamos a aquellos que se han excedido en número? Ahí estaríamos haciendo el diagnóstico nosotros, no ellos».

«Acompañaría la moción si lo que pidiéramos fuera un pantallazo general de lo que está pasando», pero «si vamos a buscar exclusivamente a los grupos que están excedidos en número, eso lo encontramos en internet”.