El procurador del Estado de Bolivia, Wilfredo Chávez, informó de la sentencia contra quien fuera el hombre fuerte del gobierno de facto de Áñez a través de su cuenta de la red Twitter.

“7 años de prisión para Arturo Murillo”, escribió Chávez.

Murillo fue detenido en mayo de 2021 y alojado en el Centro de Detención Federal de Seguridad Administrativa de Miami.

Se declaró culpable, como el resto de sus cómplices, Philip Lichtenfeld, los hermanos Bryan y Luis Berkman, y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal.

De acuerdo a las autoridades estadounidenses, Lichtenfeld y Berkman habrían pagado 602.000 dólares en sobornos en beneficio de Murillo y Méndez a cambio de asegurar un contrato de 5.600.000 para la entrega de gases lacrimógenos y otros equipos no letales al gobierno de Áñez entre noviembre de 2019 y abril de 2020.

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Empresario, exdiputado y exsenador, Murillo ganó protagonismo durante 2019 en la etapa previa al golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales.

“El exministro de Gobierno de Bolivia y otro exfuncionario boliviano están acusados de recibir sobornos pagados por una empresa estadounidense para asegurar un contrato con el gobierno boliviano y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos”, señaló un informe de la justicia de EEUU, citado por el sitio del diario Página Siete.

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Méndez, el otro boliviano implicado, fue jefe de Gabinete de Murillo y está acusado de ejecutar movimientos bancarios sospechosos por 582.000 dólares.

El Gobierno boliviano había motorizado el juicio civil ante tribunales de EEUU en contra de Murillo y sus cómplices para recuperar el dinero del sobreprecio.

El Estado boliviano pretende la devolución del dinero del sobreprecio de 2.300.000 y la reparación del daño causado.