"No hay un Poder Judicial con el coraje y la decisión de frenar a los poderes fácticos. No es toda la Justicia, pero existen sectores que son muy permeables a las presiones. Cuando vemos la reunión de semejante calibre judicial y mediática que se llevó a cabo en Lago Escondido entendemos por qué (Joe) Lewis sigue siendo dueño de un lugar que es de todos los argentinos y argentinas", afirmó De Pedro en declaraciones a Radio Con Vos.

De esta forma, el ministro se refirió al viaje que realizaron en octubre pasado magistrados, funcionarios porteños y directivos del Grupo Clarín a Lago Escondido, donde Lewis posee tierras en litigio con la Justicia.

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Ese hecho es investigado por la Justicia Federal de Bariloche en una causa que se instruye para determinar si los implicados cometieron el delito de dádivas.

Lewis posee cerca de 12 mil hectáreas en Lago Escondido, un paraje ubicado en la zona cordillerana de Río Negro, y, desde 2005, el magnate se encuentra en conflicto con las leyes argentinas.

En ese sentido, De Pedro sostuvo que "cualquier persona que conoce la zona sabe del ilícito que comete Lewis" a pesar de las "medidas a favor de los argentinos" que ha tomado la Justicia en este tema.

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"Todos los años se hace una protesta en Lago Escondido donde vecinos y vecinas van a reclamar al Poder Judicial que el empresario inglés deje un camino de acceso. Pero vemos que los vínculos que tiene el empresario son mucho más fuertes que los que tenemos los argentinos", lamentó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de iniciar un diálogo con el empresario británico para resolver el conflicto, De Pedro remarcó que "el Poder Judicial es el lugar del diálogo y el árbitro".

"Se trata de una persona que no cumple los fallos judiciales, compró todos los terrenos para quedarse con los lagos, recibió una demanda judicial de la provincia, de vecinos y vecinas y de distintas organizaciones ambientalistas y que contrató a los mejores abogados, hace lobby y presiona", subrayó.

Y agregó que preguntarle al empresario "es como pedirle a un violador que deje de seguir violando y que aplique el Código penal, en vez de pedir que lo haga la Justicia".

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