Las amenazas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, la detención de los integrantes de Revolución Federal y «la carpintería» de Jonathan Morel, con 13 millones de pesos facturados a fideicomisos de la firma «Caputo Hermanos», ha puesto al apellido en primeras planas por sus vínculos con escándalos. Pero no es la primera vez que el apellido Caputo está ligado a atropellos de diversa índole. Un caso aún sin resolución y que los muestra de cuerpo entero es el de «Sacha Rupaska», la firma con la que «compraron» miles de hectáreas que ya estaban ocupadas en Santiago del Estero.

Sacha Rupaska

Todo comenzó cuando la firma Sacha Rupaska S.A. adquiere los títulos de propiedad de tres lotes catastrales conocidos como “Vinal Pozo” (o “Chañarito”), “Sacha Rupaj” y “Piruas Bajo”, los cuales son reivindicados por la población de Piruaj Bajo como su territorio propio. Esa transacción se realiza el 12 de octubre de 2007. La empresa adquiere o pretende haber adquirido además los títulos de un cuarto lote, conocido como “Lote 8”, que según la versión unánime de los pobladores de las diversas comunidades de la zona es un terreno fiscal. Ese lote era usado en común por los habitantes de Piruaj Bajo y de Vilmer, sin que algunos de ellos se atribuyeran el uso exclusivo.

La empresa compró los títulos de los primeros tres lotes (17.800 ha en total) a las herederas y herederos de unos hermanos Salomón, quienes aseguraban haber adquirido los papeles décadas atrás.

Según nos relatan los investigadores Carlos Lorenzo Langbehn y Patricia Karina García, a fin de entorpecer el reclamo de los pobladores originarios, «el 21 de diciembre de 2007, apenas dos meses después de haber conseguido los títulos, la empresa Sacha Rupaska vende (en los papeles) una fracción de 3 mil hectáreas a un tal César Bellatti, considerado como un testaferro de la empresa. Esa fracción, formada por una parte del lote “Piruaj Bajo” y una parte del lote “Sacha Rupaj”, contenía la parte poblada del territorio, donde los vecinos tienen sus casas y sus instalaciones. Esto complejiza la situación jurídica, dificultando posibles acciones legales de la población campesina; en efecto, frente a esta fragmentación de la propiedad, la población tiene la opción de iniciar acciones contra el supuesto testaferro, pero estas solo abarcarían una parte reducida del territorio. Si quisiera intentar acciones contra la empresa Sacha Rupaska, los elementos más palpables que demuestran la posesión, como las construcciones e infraestructura, quedarían encerradas en el lote vendido a Bellatti«.

Las familias denunciaron la maniobra como un intento de usurpación. En respuesta, el empresario Bellati inició un juicio contra la población de Piruaj Bajo en el juzgado federal acusándolos por entorpecer la posesión de la propiedad vendida. Durante ese periodo en el cual se mantuvo abierta una negociación, los empresarios incumplieron el acuerdo de interrumpir el trabajo con las topadoras hasta tener una resolución. Tras una pueblada en 2010 se logró frenar los trabajos.

En 2012 los empresarios de Sacha Rupaska regresaron, contrataron a algunas personas del lugar, construyeron viviendas con alambrado, pozo surgente e instalaciones para el trabajo con ganado, dificultando así el juicio que pudieran realizar las comunidades de Vilmer, Huiñaj Pozo y Piruaj en esos territorios. Y comenzaron operaciones de desmonte.

Para 2017 el caso se visibilizó a nivel nacional con «la visita del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que viaja a Piruaj Bajo para solidarizarse con el reclamo de los habitantes, y posteriormente se presenta como “amicus curiae” ante la Cámara Federal exponiendo la situación territorial de los campesinos. En agosto de 2017 la Cámara «reconoce a los habitantes de Piruaj como dueños de las 400 hectáreas que estaban en juego en el juicio iniciado por Bellatti. El argumento que expone la Cámara Federal para fundar su sentencia sostiene que, para reivindicar algún derecho de posesión, la empresa (o su testaferro, en este caso) debía mostrar que los títulos originales son anteriores a la posesión de los demandados (o sea, la comunidad de Piruaj Bajo), cosa que no había probado. Con este razonamiento, ciertamente, las comunidades podrían reclamar todo el territorio que la empresa pretende, porque su posesión viene de más de un siglo atrás, y nunca se ha sabido de otros poseedores o pretendidos poseedores«, nos cuentan Langbehn y García.

En 2018 , Greenpeace y otras organizaciones denunciaron en una carta dirigida al gobernador de Santiago del Estero, Zamora, que Sacha Rupaska S.A., continuaba con un desmonte ilegal de 500 hectáreas en la zona del departamento de Copo, a 300 kilómetros de la capital provincial.

En la actualidad la empresa tiene la posesión del extremo noreste del territorio de Piruaj Bajo (es decir, una parte del lote “Vinal Pozo”) y mantiene dos casas en el Lote 8, mientras que los campesinos tienen bajo su uso el resto del territorio, que han alambrado en las zonas cercanas a aquellas donde la empresa ejerce posesión. La situación jurídica sigue siendo incierta, lo cual condiciona las perspectivas de futuro de la comunidad.

Caputo

Como hemos leído en la prensa en estos días, la decoradora que le encargó el trabajo de «mesitas de luz» para viviendas a 1500 kilómetros de distancia a Jonathan Morel fue Rossana Pía Caputo, hermana de Hugo Luis Pascual Caputo y Flavio Luis Nicolás Caputo, las cabezas visibles de «Caputo Hermanos».

El marido de Rossana Pía es el empresario Luis María Méndez Ezcurra, junto a Horacio Iván Gándara, socios fundadores de Sacha Rupaska S.A., según consta en el Boletín Oficial del 13 de septiembre de 2007.

Por ende, Luis María Ezcurra es el cuñado del ex funcionario macrista Luis «Toto» Caputo, aquel que endeudó el país a 100 años. Y «Toto» no sólo es cuñado, también es partícipe de la operación en Santiago del Estero.

En la declaración jurada 2015 que presenta al asumir como funcionario nacional, Caputo informa una pequeña participación accionaria en la empresa así como una millonaria deuda que mantenía la misma con su persona, superior a los 3 millones.

Gándara

Como hemos señalado, el otro socio de la firma es el empresario Horacio Iván Gándara, quien junto a su esposa Gloria Ugarte y varios socios más tenía otro emprendimiento agrícola en Santiago del Estero: S.A. Pastoril Santiagueña.

Dentro de los nombres de los socios, uno que sobresale enseguida es el de José Alberto Andrés Uriburu, quien fuera el último Ministro de Trabajo durante la segunda presidencia de Carlos Menem. Figuran allí también su esposa María José Algorta y sus hijos Estanislao José y Benjamín Pedro Uriburu Algorta. Aunque en rigor de verdad es necesario decir que el período en el que estuvo al frente del Ministerio de Trabajo el mencionado Uriburu (hijo de Jose Camilo Uriburu, interventor de Córdoba durante la presidencia de facto de Agustín Lanusse y sobrino del Uriburu que derrocara a Hipólito Yrigoyen) fue relativamente breve: de mayo a diciembre de 1999.

Correo Argentino

Pero si hay alguien que guarda un buen recuerdo de su corta gestión es el expresidente Mauricio Macri, quien en esa época manejaba el Correo Argentino. Así no los cuenta Laura Manfredi en su artículo “Estafadores denunciados” para el portal Nuestras Voces:

“Apenas otorgada la concesión, el Ministerio de Trabajo contrató al nuevo correo privado para que abonara los planes sociales que se manejaban desde ese Ministerio. No sólo se realizó una contratación directa donde debía realizarse una licitación sino también que ante los dictámenes del Ministerio que ordenaban llevar adelante una compulsa de precios para garantizar que el Estado contratara a quien hiciera la mejor oferta, Uriburu decidió que el Correo debía seguir cobrando las tarifas fijadas con anterioridad hasta tanto se realizaran “informes técnicos”, los que nunca se concretaron”.

Pero “la cosa” no terminó ahí. Los coordinadores del Plan Trabajar detectaron que el número de beneficiarios que no habían cobrado la cuota correspondiente era más elevado que el promedio que se venía registrando. Se le solicitó una explicación al Correo. La empresa admitió la situación, pero solicitó que se le concediera un plazo de 36 meses de financiamiento para efectivizar el pago. Finalmente, el Ministerio nunca reclamó esos pagos, sino que celebró un acuerdo de conciliación de deudas y créditos por el cual el Correo le adeudaba $ 16.722.133 pero, casualmente, la deuda del Ministerio con el Correo ascendía a la suma de $ 16.449.357. Todo un negocio.

Socios

Pero las buenas relaciones Uriburu-Macri supieron prolongarse en el tiempo. Por ejemplo, en 2010, los Uriburu constituyen una sociedad con fines agropecuarios denominada Cata Hue. El presidente será José Alberto Andrés Uriburu; su socio, Mauricio Macri, por ese entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad.

Aunque este no fue el primer emprendimiento que tuvieron. Cuando Mauricio Macri asume como Jefe de Gobierno, declaró tener invertido en una sociedad un capital de 2.645.100 pesos. Dicha sociedad no era otra que “S.A. Pastoril Santiagueña”, la misma del ex ministro Uriburu y la misma de Horacio Iván Gándara, el socio del marido de Rossana Pía Caputo, la que contrató por millones a Jonathan Morel.

Fideicomiso

Las relaciones entre Mauricio Macri y Uriburu fueron tan largas como turbias. Por ejemplo, en el Boletín Oficial del 11 de mayo de 2017 puede apreciarse que la sociedad agropecuaria 4 leguas S.A. designa como su presidente a José Alberto Andrés Uriburu. En su Declaración Jurada de 2016, Maurico Macri informa tener el 19% del paquete accionario de dicha empresa. Lo mismo con María Amina S.A., también de los Uriburu y donde Macri declara el poseer el 16% del capital y Agropecuaria del Guayquiraro, donde tiene un 14,7% así como también Molino Arrocero Rio Guayquiraro, donde posee el 20%, lo que en total arrojaría que cerca del 30% de la fortuna “declarada” por el presidente corresponde a sociedades con Uriburu.

Estas empresas formarán parte del famoso «Fideicomiso Ciego» que realizó Macri durante su presidencia a fin de intentar acallar las voces que, siempre, lo sitúan en ambos lados del mostrador.

Allí se hallaban estas cuatro sociedades –Agro G S.A, Cuatro Leguas S.A, Molino Arrocero Guayquiraro S.A y María Amina S.A– y la participación en el Fideicomiso Inmobiliario Caminito. Y las mismas desencadenaron una denuncia de la Inspección General de Justicia, para la cual estas cuatros sociedades no eran “verdaderas sociedades”, ya que las mismas no daban dividendos, los estados contables “no tenían memoria”, las actas de directorio no llevaban firma, y las asambleas eran siempre unánimes.

Estas firmas, sobre las que desde este portal ya hicimos mención a principios de 2018 junto a otras que componían una intrincada mamushka de testaferros del presidente, eran insolventes y pobres a la hora de tener que aportar al Estado, pero riquísimas a la hora de repartir dividendos, sobre todo si el beneficiario se llama (cuándo no) Mauricio Macri.