"Señores jueces, este es el momento: es corrupción o justicia", añadió en dirección a los magistrados del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andres Basso, y aprovechó el tiempo también para afirmar que la sociedad debería estar "orgullosa" del trabajo de la fiscalía
Foto del Fiscal Luciani, asiduo visitante de la quinta de Mauricio Macri, junto a otros jueces y fiscales que acusan a la ex Presidenta
Lunes 22 de agosto de 2022 | 18:26
El representante del ministerio público fiscal también requirió el decomiso de unos 5.321 millones de pesos para ser destinados a instituciones de bien público, dado que para la acusación ese es el monto del supuesto perjuicio para las arcas del Estado.
"Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad. Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país", aseguró el fiscal en la parte final de su alegato, justo antes de formular los pedidos de pena.
Antes de adentrarse en los años de condena que pediría para cada uno de los imputados, el fiscal volvió a referirse, aunque en forma genérica, a los supuestos delitos investigados y a la participación atribuida a cada uno de los imputados.
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Los párrafos más críticos se los dedicó a la ex mandataria, a quien acuso de haber defraudado "las expectativas de los ciudadanos que la votaron" y a quien le espetó el haber "demostrado desprecio hacia la ciudadanía en general y hacia los ciudadanos de Santa Cruz en especial".
También, antes de pasar al "petitorio", el fiscal le solicitó al tribunal que extraiga testimonios en relación a situaciones ocurridas durante el juicio, a fin de que se investigan posibles delitos de acción pública que hasta aquí no habían sido tratados, como la supuesta participación de las empresas Petersen y Esuco en los hechos.
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Para la fiscalía, la constructora Petersen, Thiele & Cruz, de los Eskenazi, y la firma Esuco, de la familia Wagner, se habrían prestado para simular competencia en algunas licitaciones que las empresas de Báez ganaron en Santa Cruz.
Luciani requirió también que se investigue si hubo irregularidades vinculadas a la obra del Hospital Materno Infantil de Río Gallegos, a partir de conversaciones de whatsapp extraídas del celular de José López, entre el ex funcionario y Abel Fatala.
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Allí también pidió que se investigue si de algunos mensajes en particular, utilizado como prueba para su propio alegato, surge la comisión de algún delito.
En la última parte de su alegato, el fiscal pidió tiempo para las últimas reflexiones y considero que "se intentó esconder la corrupción" y que "en los últimos años la corrupción dejó de ser un tema de agenda política" porque "se optó por eludirla".
En ese punto, el fiscal criticó que la Oficina Anticorrupción dejara de ser querellante y la Unidad de información Financiera pidiera la absolución de los acusados y aprovechó el espacio también para cuestionar que la exmandataria hubiera dicho en el juicio que a ella la absolvió "la historia" cuando "bien sabe que es el Poder Judicial" la institución encargada de enjuiciarla.
Antes, el fiscal también le mandó un mensaje al presidente Alberto Fernández, ante las más de 19.000 personas que miraban su alegato por YouTube, cuando lo acusó de haber defendido "puerilmente a su compañera de fórmula" cuando le tocó declarar en calidad de testigo.
El fiscal buscó achacarle que, antes de ser Presidente, se hubiera referido en forma crítica, en público, a supuestos temas de corrupción vinculados a la gestión kirchneristas -sobre todo después de la detención de José López- y que en el juicio al que fue convocado hubiera declarado en distinta dirección.
"No hace falta que diga acá que uno de los motivos por los que renunció al cargo de jefe de Gabinete fue lo que estaba ocurriendo con la obra pública en Santa Cruz", dijo Luciani en alusión al Presidente de la Nación, a quien, para sorpresa de quienes seguían el juicio, también acusó de "injerencia indebida" en el Poder Judicial porque en su testimonio refirió que las decisiones en materia de contratación pública no son revisables en los tribunales.