(Por Andrés Lerner) El “festival de importaciones” que describió ayer Cristina Fernández de Kirchner tiene un capítulo judicial. Se trata de personas humanas y jurídicas que ante las políticas de administración del comercio que aplica el Gobierno nacional acuden a los tribunales en busca de amparos para acceder al Mercado Único Libre de Cambios. En el Ejecutivo advierten sobre maniobras de “forum shopping” para direccionar las causas hacia tres juzgados que fallan sistemáticamente a favor de los importadores. No se trata solo de bienes que luego las empresas comercializan. La Justicia también habilitó dólares a cotización oficial para autos de lujo, yates y aviones privados.

El mecanismo del rulo judicial es simple: se realizan múltiples denuncias por una misma importación hasta que la causa cae en los juzgados 6,8 o 9 del fuero contencioso administrativo que fallan rápida y sistemáticamente a favor de quienes solicitan acceder a dólares a cotización oficial para luego usufructuar la brecha cambiaria que ya supera el 90%.

Los tribunales apuntados por el Gobierno están a cargo de Enrique Lavié Pico, Cecilia Gilardi Madariaga de Negre y Pablo Cayssial. Fuentes oficiales señalaron que hay un claro caso de “forum shopping”. La estadística es contundente. A mediados del año pasado el juzgado contencioso administrativo federal número 6 contaba con 119 sentencias, de las cuales 114 fueron favorables a los importadores. El 100% de los expedientes sorteados en ese juzgado fueron continuados por los demandantes. La misma suerte se observó en los número 8 y 9, con 110 sobre 113 sentencias favorables a los importadores y 79 sobre 79, respectivamente.

En contraposición, los juzgados donde se observa equilibrio en las sentencias muestran una mayor deserción por parte de los denunciantes. Los porcentajes varían sensiblemente, oscilando entre un 2% y un 11% de expedientes continuados por la parte actora. Por ejemplo, en el juzgado 5 se observan 175 sorteos y sólo un 11% de presentaciones ulteriores. De las 13 sentencias del juzgado, 7 rechazaron la medida cautelar solicitada

Según explican en el Gobierno, el gran atractivo de esta vía se basa en su escaso costo. "A diferencia de los extensos procesos judiciales que pueden dilatarse por años, las cautelares de importaciones se resuelven en pocos meses. Los honorarios legales se abonan contra resultado y una vez obtenido el mismo, el importador se desentiende del proceso dejando que este se archive sin resolver la cuestión de fondo”, plantean las fuentes.

La cifra de divisas que se escapan por esta vía es significativa. De acuerdo a lo que señaló este lunes la vicepresidenta, “entre enero de 2021 y marzo de 2022 salieron más de u$s1.800 millones autorizados por amparos”. Es prácticamente un tercio de la meta de acumulación de reservas netas comprometida con el Fondo Monetario Internacional para este año.

Del sitio de consulta del Poder Judicial de La Nación se desprenden casos que resultan llamativos, como el de la empresa BARPLA S.A., que el día 22 de diciembre realizó 12 sorteos consecutivos hasta obtener el juzgado 8, donde finalmente presentó su demanda y obtuvo su cautelar. Para graficar la insistencia de los importadores, basta con citar el expediente 1246/2021, donde el juez debió advertir a la firma Caffaro Hnos. SRL que las importaciones sobre las que se solicitaba la medida cautelar ya habían obtenido sentencia desfavorable en otro juzgado.

Como contó meses atrás este medio, en febrero del 2021, la firma Autonort pidió una cautelar para importar un Porsche 911 Turbo y una Ferrari Testarrosa, que juntos sumaban u$s300.000. Subrogando, Cayssials lo concedió aduciendo “daño extremo irreparable” para la importadora si esos vehículos no ingresaban al país.

Entre los argumentos que esgrimen en los juzgados involucrados para justificar el aluvión de amparos aparecen “la afectación de la propiedad privada, la libertad de comercio y la violación de tratados internacionales”. En el oficialismo, aseguran que la maniobra no solo atenta contra las reservas del Banco Central, sino también contra la industria nacional y la seguridad jurídica.