(Por Eduardo Médici) Hace cinco años, y en medio de una insostenible presión mediática y política, la entonces Procuradora General bonaerense, María del Carmen Falbo, que llevaba más de una década en el cargo, le presentó a la gobernadora María Eugenia Vidal su renuncia. Falbo, nombrada en 2004, se convirtió rápidamente en un objetivo político de Cambiemos o, más específicamente, del PRO, abriendo las puertas para la llegada de Julio Conte Grand.

A la Jefa de los Fiscales bonaerenses se la cuestionaba por su presunta amistad con Aníbal Fernández y por una supuesta complicidad en la fuga de los autores del Triple Crimen de General Rodríguez, que se escaparon de un penal de General Alvear en los primeros días de la gestión cambiemita.

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“Cumplió su ciclo”, “tiene un compromiso político con los sectores del peronismo”, “maneja la Justicia”, “transa con las mafias y el narcotráfico”, sin algunas de las imputaciones que llevaron a cabo, en su momento, dirigentes como Cristian Ritondo y Elisa Carrió. A Falbo se la amenazó incluso con un juicio político que nunca se inició.

Agotada, presentó su renuncia indeclinable en noviembre de 2016. Tan malvada no habrá sido, porque encontró cobijo junto a Germán Garavano, ministro de Justicia de la Nación, a partir de la intercesión del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la Argentina, una corporación que en su momento la respaldó políticamente, como hoy hace con su sucesor.

¿Por qué hablamos de “Pochi” Falbo a más de cinco años de su renuncia a la Procuración? Porque su sucesor, Julio Conte Grand, es objeto de cuestionamientos similares -y otros más graves- pero parece firme en su cargo, a pesar de que el Frente de Todos promueve su destitución por la vía de juicio político.

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Hay que hablar de Falbo para darse cuenta de lo extraño que es que a Ritondo le parecieran causal de despido el supuesto “compromiso político” con el peronismo, pero no le hace ruido la filiación política de Julio Conte Grand, que fue Procurador en la Ciudad, Secretario de Legal y Técnica en la Provincia y timbreador PRO. Lo que es malo para uno debe ser malo para todos.

A Conte Grand se lo puede ver en plena actividad proselitista del PRO en General San Martín, en septiembre de 2016, apenas dos meses antes de que Falbo renunciara. Lo exhibe Viviana Zara, quien fuera directora de Responsabilidad Empresaria en el Gobierno de la provincia de Buenos Aires de 2016 a 2019.

“Junto al Ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano , el Secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón, el secretario de Legal y Técnica, Julio Conte Grand, y funcionarios del gobierno, recorrimos los barrios de San Martín. Escuchamos las preocupaciones y tomamos nota de los pedidos. Los vecinos nos alientan a seguir adelante. #CambiandoJuntos”, escribió en su Facebook.

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Al posteo lo acompañan fotos que no dejan lugar a dudas: Conte Grand posa junto a cerca de 40 dirigentes y militantes de Cambiemos en la puerta de un local del PRO. Son las fotos que el Procurador quisiera borrar, pero no las únicas: también están las otras, más recientes, junto a Mauricio Macri, en un almuerzo en la que el expresidente le ofreció una “salida elegante” del cargo que hoy detenta.

Acumulación de objeciones

Más allá de la identificación política del Jefe de los Fiscales y de la doble vara de los dirigentes de su espacio, la mochila de Conte Grand viene cargada con denuncias pesadas, mucho más concretas que las que llegó a tener su antecesora, la “Pochi” Falbo. Lo acusan de haber instalado el “lawfare” en la Provincia de Buenos Aires, de perseguir judicialmente con objetivos políticos, de participar en “mesas judiciales” en las que se mueven agentes de inteligencia.

En 2019, el entonces presidente de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo De Lázzari, hablaba de un poder judicial que empezaba a “copiar los vicios” de Comodoro Py, con “causas armadas”, “abusos de testigos de identidad reservada”, trabajo “con ciertos medios de prensa” y “condenas mediáticas”. La marca registrada del lawfare la herramienta política por excelencia de Juntos.

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Todo esto va quedando asentado en fallos de peso. Un jury que se cae, un fallo de Casación que advierte, la filtración de un video en la que se lo apunta como “garante” de una operación judicial para sacarse de encima al Pata Medina. Este es el detalle:

Sus “protegidos” de Lomas de Zamora, empezando por el fiscal general Sebastián Scalera, acaban de quedar al descubierto, a través de un fallo de casación, por haber montado una “contraoperación” para perjudicar a Pablo Moyano y a su abogado, Daniel Llermanos, en el marco de una causa que investiga supuestos aprietes de barras del club Independiente.

Un jurado de enjuiciamiento desestimó una denuncia contra el juez platense Juan Pablo Masi y advirtió que la verdadera motivación de Conte Grand para promover la destitución de magistrado no era otra que su disconformidad con el fallo, cuestión que es recurrible en instancias superiores del propio Poder Judicial. Una diputada de la UCR fue más allá y reprendió al Procurador por no actuar también contra el fiscal general, que avaló las actuaciones de Masi.

También quedaron al descubierto maniobras para “proteger” a los intendentes de Juntos, consistentes en declararse enemigos de un fiscal general para protegerse de sus investigaciones y lograr su traslado a jurisdicciones por demás lejanas, como es el caso del de Dolores, Camilo Etchevarren: las denuncias en su contra tramitan en Bahía Blanca.

Conte Grand está en la mira de la Justicia Federal a partir de una denuncia radicada por la AFI. El Procurador aparece nombrado por un exministro bonaerense como "garante" de una persecución judicial contra el Pata Medina.

Fuente: infocielo.com