En una serie de mensajes publicados en su cuenta de la red social Twitter, Fernández dejó sentada su posición respecto al video conocido hace unos días, y en cual Marcelo Villegas, exministro de Trabajo del gobierno bonaerense que encabezó María Eugenia Vidal, describe, en una reunión celebrada en 2017, el supuesto accionar que debe seguirse para armar causas judiciales contra organizaciones sindicales.

En ese encuentro, en el que participaron funcionarios bonaerenses; el intendente de La Plata, Julio Garro; agentes de la AFI y empresarios de la construcción, Villegas se muestra en favor de contar con "una Gestapo" -la policía política del nazismo- para accionar en perjuicio de los gremios.

El registro audiovisual fue hallado en dependencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y la interventora del organismo, Cristina Caamaño, presentó una denuncia ante la Justicia federal de La Plata para determinar las responsabilidades por esos hechos.

Al respecto, el Jefe de Estado sostuvo que “a partir de la nueva información quisiera recordar: al inicio de la gestión denunciamos la existencia de más de 100 celulares encriptados provistos por la AFI que incluía funcionarios nacionales, pero también personas de la justicia y socios políticos y comerciales de Cambiemos”.

En ese sentido, detalló que “se asignaron esos dispositivos a María Eugenia Vidal; a Julio Conte Grand, Procurador de PBA; a Daniel Angelici, ex presidente de Boca; a Gustavo Ferrari, ex ministro de justicia de PBA; al empresario Nicolás Caputo y a Martín Ocampo, ex Fiscal General de CABA, entre otros”.

“¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos, y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces un empresario del juego devenido en “operador judicial”?”, se preguntó el Presidente.

Al respecto, Fernández aseguró que “esas preguntas exigen una respuesta” al mismo tiempo que afirmó que “el uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones crimínales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible”.

Y continuó: “Ante la gravedad de los hechos y la existencia de indicios graves, precisos y concordantes que dan cuenta de un presunto método ilegal de persecución, la Justicia debe investigar sin demoras y dirimir las distintas responsabilidades de autores y cómplices en estos hechos”.

Al finalizar, Fernández remarcó: “He impuesto a la intervención de la AFI, el deber de poner al servicio de inteligencia en favor de los intereses nacionales. Así lo hace hoy”.

“Acabar con esos hábitos ilegales desplegados en la inteligencia macrista, revaloriza el Estado de Derecho y la convivencia democrática”, concluyó.