El fiscal federal Franco Picardi advirtió sobre un intento para obstaculizar la investigación de las presiones que habría ejercido la llamada Mesa Judicial del gobierno de Mauricio Macri sobre jueces y fiscales, al responder una presentación que había realizado el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ante la Procuración General de la Nación.

"La comunicación que presentó el Directorio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ante Usted perseguiría interferir indebidamente y en base a sustentos falaces en una disposición procesal atinente a una investigación criminal en curso, a mi cargo", sostuvo Picardi en el informe que le elevó al procurador general Interino, Eduardo Casal.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se había presentado ante el Procurador Interino Casal para protestar por una medida dispuesta por el fiscal Picardi que apuntaba a reconstruir las presiones públicas denunciadas por jueces y fiscales y a determinar si había allí una estrategia comunicacional específicamente diseñada para interferir el accionar de la justicia.

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La medida cuestionada implicó la producción de un informe que releve "todas aquellas manifestaciones directas, de carácter público" de funcionarios y allegados al Gobierno de Macri, cuyo contenido tuviera "connotaciones críticas, negativas, peyorativas y/o descalificantes, en términos profesionales y/o personales" hacia las personas que revisten la calidad de víctimas en la causa en cuestión.

La medida apuntó a corroborar o desacreditar los dichos de las víctimas que, en reiteradas oportunidades, habían manifestado que las presiones del Poder Ejecutivo incluían manifestaciones públicas de funcionarios y allegados al gobierno de Cambiemos que generaban un escenario hostil que luego se completaba con denuncias contra los jueces y fiscales que tomaban decisiones contrarias a los intereses de la Casa Rosada.

Cuando se presentó ante el Procurador, que de todas formas rechazó la presentación, el Colegio de Abogados reclamó la suspensión de la medida, a la que definió como atentatoria contra la libertad de expresión y reclamó sanciones para el fiscal cuya idoneidad puso en tela de juicio.

"El repudio articulado se sustenta en deducciones amplias, sin apoyo ni referencias concretas a mi actuación funcional, ni al contenido de la instrucción que se tilda de lesiva, y a riesgo de entrometerse indebida, irresponsable e injustificadamente en las misiones y funciones definidas por ley y mandato constitucional para la actuación del Ministerio Público Fiscal", respondió el fiscal en el informe al que tuvo acceso Télam.

"Es pertinente destacar que la medida cuestionada ahora por el Directorio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ante usted, por fuera del expediente, no vulnera la libertad de expresión, ni los preceptos de intimidad y privacidad. El derecho de libertad de expresión se mantiene incólume, pues no hay en juego riesgos de censura ni acusaciones penales promovidas por conductas que se ciñan aisladamente a las manifestaciones de una persona", sostuvo.

La medida fue llevada a cabo, a pedido de la fiscalía, por la Dajudeco (Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos) y fue cuestionada cuando trascendieron públicamente los primeros resultados a pesar de que ninguno de los imputados se había opuesto a su realización.

En el expediente conocido como Mesa Judicial ya declararon más de una decena de jueces y fiscales que en calidad de víctimas o testigos dieron testimonio de cómo habrían sido las presiones desplegadas desde el gobierno de Macri durante el período 2015-2019.

El caso más conocido es el de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, aunque también hay otros casos de altísima trascendencia como el del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que fue el primero en investigar espionaje ilegal durante el gobierno de Macri; o el del juez de la Cámara Federal porteña Eduardo Farah.