La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) expresó su "preocupación por las críticas agraviantes" contra el fiscal Franco Picardi a raíz de una medida que dispuso en el marco de la causa en la que se investiga el accionar de la denominada "mesa judicial" de Juntos por el Cambio (JxC).

La AFFUN emitió un comunicado, sin personalizar a los emisores de las críticas, después de que se multiplicaran en los medios y las redes sociales las críticas contra el fiscal por parte de dirigentes políticos vinculados a JxC, abogados agrupados en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas).

Los cuestionamientos ocurrieron luego de que se conocieran los primeros resultados de una diligencia (un relevamiento de medios y redes sociales) que apuntaba a reconstruir las presiones denunciadas por aquellos magistrados que declararon como testigos en la causa de la "mesa judicial".

Las críticas agraviantes "en modo alguno se pueden justificar en el desacuerdo con una diligencia investigativa que solicitara a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (Dajudeco), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un proceso judicial, porque para dicho cuestionamiento existen las pertinentes vías de impugnación o recursivas", sostuvieron desde AFFUN.

En la investigación se intenta determinar si la mesa judicial ejerció las presiones de modo sistemático y organizado para forzar la salida de los jueces y fiscales que el gobierno de Mauricio Macri quería expulsar del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.

"Exhortamos a una prudencia especial en este caso, debiendo esperar que los estrados judiciales competentes se expidan sobre la pertinencia del resultado de la diligencia, antes de sacar cualquier conclusión de favoritismo, puesto que lo contrario podría entenderse como una injerencia indebida que pone en riesgo la independencia e imparcialidad del Ministerio Público Fiscal", remarcaron.

La AFFUN añadió que "este llamado de atención, en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial, por el contrario, tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que les corresponde a los fiscales en el legítimo ejercicio funcional, en defensa de los establecido en el artículo 120 de la CN y las leyes reglamentarias que rigen su ejercicio".

La investigación de Picardi

La medida dispuesta por Picardi apuntó a establecer la existencia de presiones denunciadas por magistrados y magistradas que, según declararon bajo juramento de decir verdad, se habrían desarrollado a través de distintos mecanismos como denuncias penales, administrativas y declaraciones públicas y en redes sociales.

En la investigación se intenta determinar si la mesa judicial ejerció las presiones de modo sistemático y organizado para forzar la salida de los jueces y fiscales que el gobierno de Mauricio Macri quería expulsar del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.

Con los primeros resultados del informe solicitado por Picardi a la Dajudeco se pudo observar cuáles fueron los principales dirigentes que salieron a cuestionar a la ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en una actitud que mermó cuando la entonces jefa de los fiscales dejó su cargo.

Los principales emisores de los cuestionamientos a Gils Carbó (que incluyeron poner en duda su calidad moral) fueron, según el informe, el expresidente Mauricio Macri y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; Guillermo Lipera del Colegio de Abogados, y los exfuncionarios Germán Garavano (exministro de Justicia) y Laura Alonso (extitular de la Oficina Anticorrupción).

El espacio que lidera Carrió envió en los últimos días a la Corte Suprema de Justicia un pedido de explicaciones a ese tribunal que, a raíz de ello, le pidió un informe a la Dajudeco.