La Legislatura porteña dio este jueves una primera sanción, con votos del bloque oficialista y aliados, a un paquete de convenios urbanísticos firmados entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y constructoras privadas para levantar once nuevas torres en distintos barrios del distrito.

Los acuerdos obtuvieron 33 votos positivos de Vamos Juntos, UCR, GEN y Socialismo; 18 negativos del Frente de Todos, el Frente de Izquierda y Autodeterminación y Libertad, y cinco abstenciones de la Coalición Cívica, durante la sesión ordinaria del Parlamento porteño.

No obstante, para la aprobación final, el proceso parlamentario contempla que haya una audiencia pública destinada a que la ciudadanía exprese su opinión sobre el tema y un nuevo debate en el recinto, dado que se encuadran en las normas denominadas "de doble lectura".

En rigor, el temario de la sesión tenía previsto el tratamiento de 16 convenios para 16 nuevos edificios, uno de los cuales contemplaba la habilitación para una torre de 23 pisos en un predio situado en un Área de Protección Histórica del microcentro porteño, lindante a una iglesia y un monasterio construidos en 1745.

No obstante, cinco expedientes, incluido el del área protegida, fueron retirados del listado original ante la falta de acuerdo dentro del interbloque de Juntos por el Cambio para votar la totalidad de los convenios ya que, según señalaron a Télam, "no contaban con la documentación específica".

Los convenios urbanísticos plantean, en su mayoría, la autorización a realizar cambios a la normativa actual que rige sobre esos predios para permitir construcciones de mayor altura y, por su parte, el privado entrega una contraprestación monetaria al Estado.

Según informaron funcionarios del área de Planeamiento Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en una reunión con los legisladores realizada el 15 de septiembre último, el "36% de esas parcelas son actualmente terrenos baldíos o estacionamientos".

En la mayoría de estos convenios, y a cambio de ampliar la capacidad constructiva de los terrenos, el Gobierno de la Ciudad exige a las empresas que una parte de la parcela permanezca como "suelo absorbente" o, en su defecto, que tenga un "techo verde"

Para el legislador del Frente de Todos (FDT) Matías Barroetaveña, “estos convenios son excepciones a la carta que profundizan este proceso aumentando el valor del metro cuadrado en función de la especulación inmobiliaria, alejando la posibilidad de acceder a la vivienda y aumentando los alquileres”.

“Luego de vender más de 500 hectáreas de tierras públicas ahora venden el aire duplicando la posibilidad de construir”, manifestó Barroetaveña y agregó que “estos convenios impactan también en la calidad del ambiente complicando la mitigación del cambio climático generando mayor efecto de isla de calor".

Por su parte, el diputado del FDT Javier Andrade sostuvo que el espacio opositor que integra "no está en contra de los convenios urbanísticos", pero advirtió que "es una herramienta que están usando para vender constructividad en carácter de excepción e incumplir así las normativas vigentes".

"Esto significa que el Gobierno de la Ciudad le da la posibilidad a los privados de presentar su propuesta para ampliar entre un 100% a un 200% la capacidad constructiva de cada lote a cambio de dinero", advirtió y agregó que "el monto que recaudaría el gobierno es insignificante pero el daño para la ciudadanía es enorme".

En defensa de lo sancionado, el diputado oficialista Daniel Del Sol precisó que "los convenios urbanísticos en cuestión representan seis mil puestos de trabajo, una reactivación del sector de la construcción y la modernización del tejido urbano-económico de la Ciudad".

"Las contraprestaciones propuestas tienen como primer y único objetivo mejorar la calidad de vida de todos los porteños que la habitamos, incluso para aquellos que la visitan la Ciudad día a día o que por alguna razón transitan en ella", aseguró.

Los once predios contemplados en los convenios en los que se construirán torres están ubicados en Campichuelo 644, San Juan 2502, Amenábar 1501, Díaz Vélez y Virasoro, Lafinur 3126, 11 de Septiembre 1535, Corrientes 3410, Corrientes 5761, Del Libertador 5723, Arcos 3631 y Arcos 1865.