El juez federal Daniel Rafecas dio curso a la imputación de los hermanos Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Etchevehere y a la madre de ellos, Leonor Barbero Marcial, por haber presuntamente extorsionado a Dolores Etchevehere para despojarla de la herencia que le correspondía por la muerte de su padre.

El magistrado, sin embargo, declaró la competencia de la Justicia Federal de Paraná para continuar con el trámite de la causa, tal como lo había planteado el fiscal Federico Delgado, por lo que será el juez Leandro Ríos quien deberá fijar la fecha para las indagatorias.

Al respecto, sostuvo que “los hechos denunciados se produjeron en extra jurisdicción de este juzgado. Por citar sólo un ejemplo, fue en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, donde el 31 de agosto de 2018 se firmó un acuerdo privado de adjudicación y partición de la herencia que cuestiona la denunciante.

‘‘Es en dicha provincia, asimismo, donde se domicilian los hermanos y madre de la denunciante, y donde mayoritariamente los Etchevehere tienen su patrimonio.

“De la prueba producida surgen importantes indicios que sugieren el accionar conjunto de Luis Miguel, Juan Diego y Sebastián Arturo Etchevehere y Leonor Barbero Marcial, en perjuicio de la denunciante, y que han motivado el pedido de indagatoria formulado por el agente fiscal”, detalló Rafecas en su resolución.

Asimismo, el juez ratificó el encuadre de género propuesto por el fiscal Delgado e imputó a los integrantes del clan Etchevehere por el delito de extorsión, que prevé penas de cinco a diez años para “el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos”.

Dolores Etchevehere, con el patrocinio del dirigente social Juan Grabois, denunció que sus hermanos y su madre desplegaron una serie de maniobras defraudatorias y extorsivas con el objetivo de despojarla de sus derechos hereditarios y le apuntó a su hermano Luis Miguel Etchevehere, exministro macrista, porque, según dijo, lo hizo “aprovechando los beneficios, ventajas y capacidad de influenciar sobre personas, organismos y medios de comunicación que ese lugar privilegiado de poder y dinero le otorgaba y aún le otorga”.

En su denuncia expuso también “la existencia de una maquinaria mafiosa, que opera extorsionando y ejerciendo toda clase de violencia, en mi caso, económica, psicológica principalmente, que está encabezada por mi hermano Luis Miguel Etchevehere quien se valió del poder político y económico e influencias durante su estadía permanente en Buenos Aires desde el año 2017, período en que yo también residía en la misma ciudad, y utilizando para ello las facultades jurídicas del cargo de presidente de la Sociedad Rural y de Ministro de Agroindustria de la Nación, y con la intención en mi caso, de desapoderarme de todos mis bienes producto del acervo hereditario de mi padre por medio de la extorsión aprovechándose de mi condición de mujer sola”.

Dolores Etchevehere asegura que fue obligada mediante distintas acciones intimidatorias a desprenderse de la herencia que le tocaba por la muerte de su padre. Sin embargo, el juez Rafecas ratificó que la sucesión todavía se encuentra indivisa.

Los Etchevehere argumentan que Dolores cedió las acciones que había heredado en Las Margaritas SA, el conglomerado productivo de la familia, a la firma Mirus SA. Dolores asegura que fue extorsionada y presentó una declaración jurada que hizo ante una escribana en la Ciudad de Buenos Aires donde advertía lo que estaba pasando.

El fiscal Delgado agregó que el documento que exhiben los Etchevehere carece de validez porque Dolores no se encontraba en Paraná –donde habría sido firmado el acuerdo– en esa fecha, sino en Buenos Aires, según los datos de localización del teléfono celular.

Luego de conocida la noticia, a través de la web de Proyecto Artigas, Dolores sostuvo que “el fiscal Delgado hizo un trabajo impecable, que fue refrendado por el juez Rafecas. Abordó el caso de una manera integral bajo la perspectiva de género y probó, entre otras cosas, que la documentación que los Etchevehere corruptos pasearon por los medios de comunicación y que fue utilizada por la jueza Castagno como argumento para desalojarme a mí y al Proyecto Artigas de mi propia casa, carece de validez” y agregó: “Hice la denuncia por violencia económica y extorsión en Comodoro Py porque en Entre Ríos no están garantizados mis derechos y nunca lo estuvieron.

‘‘De hecho, el propio Delgado en su dictamen explica a la perfección cómo mis hermanos utilizaron sus vínculos políticos y judiciales para perjudicarme, y cómo las instituciones del Estado me desprotegieron y defendieron los intereses de los corruptos. Este caso podría ser la base de una nueva jurisprudencia con perspectiva de género. Esperemos que la justicia federal de Entre Ríos esté a la altura y respete los criterios y encuadre establecidos en Comodoro Py”.(I: Pagina Judicial)