Los incrementos tarifarios del Cambiemos en 2016 supusieron una suba nominal de más de 500%

En base a los fundamentos ofrecidos por la auditoría del ENRE, el gobierno --a través del Ministerio de Desarrollo Productivo-- podrá definir el inicio de una etapa de negociación de nuevas condiciones de prestación de servicio con las distribuidoras del AMBA --Edenor y Edesur-- adaptado a las nuevas condiciones económicas y a otros objetivos políticos, en materia de justicia tarifaria y accesibilidad a los servicios.

Según fuentes oficiales, "la intención política es dar por cerrada una etapa para iniciar otra nueva, sin admitir reclamos de deudas con las distribuidoras por los aumentos no aplicados en el pasado ni que se pretenda seguir con las mismas condiciones tarifarias fijadas por el gobierno de Cambiemos". A partir de allí, se iniciaría una etapa de negociación que derivaría en un nuevo marco tarifario a aplicar en 2021.

El informe elaborado por el ENRE concluye que "las tarifas resultantes de la revisión tarifaria integral (RTI) no fueron ni justas, ni razonables ni transparentes, tanto desde el punto de vista de los ingresos reconocidos a las distribuidoras, como del proceso de aplicación de las mismas".

"Los incrementos tarifarios impulsados por el gobierno de Cambiemos en 2016, previo a la implementación de la RTI, supusieron una suba nominal en las facturas de energía eléctrica de más de 500% para los usuarios y usuarias residenciales, 400% para comercios e industrias pequeñas y 500% para las grandes industrias", describe el informe del ENRE.

"Luego, buscando demostrar rapidez en la “normalización” del mercado eléctrico, el gobierno impulsó el proceso de la RTI, que resultó, en realidad, un reconocimiento formal de mayores ingresos a las distribuidoras, más que una revisión propiamente dicha", señala.

Apunta además que "el requerimiento de ingresos aprobados por la RTI resultó inaplicable desde el primer momento. El propio gobierno de la Alianza Cambiemos (en el año 2017) tuvo que implementar parcialmente las actualizaciones de las tarifas previstas, aplicando un tope de 42% al aumento y difiriendo el recupero del saldo restante en cuotas".

"Aun bajo esta supuesta “gradualidad”, el aumento de las facturas entre los años 2015 y 2019 fue en promedio 3200% para usuarios residenciales, 1934% para comercios, 2325% para pequeñas industrias y 1872% para grandes industrias en términos nominales", agrega el ENRE en su informe.

"La recomposición de ingresos de las distribuidoras sumado al aumento constante de los precios de la energía y la potencia, y la dolarización de la remuneración de los generadores, produjeron una desarticulación entre el esquema tarifario y la realidad macroeconómica del país, lo cual repercutió negativamente en el ingreso disponible de los hogares y afectó la competitividad de las industrias, contribuyendo a profundizar la crisis económica".

En virtud de todo ello, concluye que "la RTI carece de validez jurídica en tanto no se realizó teniendo en cuenta la realidad social y económica del país, no fue razonable ni prudente en su diseño y su aplicación vulneró el marco regulatorio del sector y los derechos de los usuarios".

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Federico Delgado: “Hay que dejarse de joder con los servicios”https://t.co/bXqgqg69dd pic.twitter.com/SkAMbitST0

— En Orsai (@EnOrsai) July 9, 2020