(Por Néstor Espósito) El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, ordenó este lunes a Interpol la detención de dos imputados como miembros de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. Lo hizo en el marco de la causa en la que se investiga una red de espionaje ilegal de la que participaban Marcelo D´Alessio y el fiscal federal Carlos Stornelli, entre otros.

En una extensa resolución de cien páginas a la que tuvo acceso este medio, el juez explicó que D´Alessio junto con el ex AFI Ricardo Bogoliuk, el empresario Pablo Leonardo Bloise, Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti y Aldo Eduardo Sánchez participaban de estas maniobras de lavado de dinero en distintos paraísos fiscales, como uno de los grupos de la organización principal dedicada al espionaje. Las maniobras fueron detectadas a través de un grupo de WhatsApp que se encontró en uno de los celulares de D´Alessio y así se corroboraron ocho meses de conversaciones en los que estas personas organizaban estas actividades y se intercambiaban documentos.

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Se determinaron al menos tres operaciones que involucraban la transferencia de hasta 500 millones de euros con una compleja ingeniería financiera por la que los partícipes de la organización criminal cobraban jugosas comisiones.

En la resolución se exhiben documentos, se muestran y describen cuáles son las entidades financieras que actuaron, los oficiales bancarios, los senders y los recibers -es decir quienes enviaban y recibían el dinero-, se detallan las comisiones que percibía cada uno, y el modo en que se estructuro una compleja ingeniera financiera.

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Para ello se recurrió a paraísos fiscales, se falsificaron entidades financieras, y hasta se explica el modo que Marcelo D´Alessio recibía sus comisiones, a través de una firma vinculada a los Panama Papers.

El juez señaló como hipótesis que estas maniobras de lavado podrían tener alguna vinculación con las actividades de espionaje ilegal o que hayan servido como fuente de financiamiento del espionaje.

Además, Ramos Padilla le dio intervención a la UIF y a la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero, un organismo especializado en lavado de dinero de la Procuración General de la Nación, para que colaboren en la investigación de estos hechos.